El término para la tramitación de los asuntos es de hasta 60 días hábiles. La estructura organizativa del Sistema de Tribunales colaboran entre sí, en pos de la prontitud y calidad requerida. Periódicamente, se evalúa el comportamiento de esta actividad, a partir de las causas que generan inconformidades, tendencias fundamentales que se manifiestan y niveles de responsabilidad. 

El Sistema de Tribunales Populares, en correspondencia con el principio de que la oportuna y adecuada atención a la población es un factor de vital importancia, tiene creado un mecanismo en función de atender cada inquietud, inconformidad e insatisfacción manifestada por el pueblo en relación con la actuación de los tribunales, y brindarle una respuesta adecuada.

Dicha atención en los tribunales se ofrece todos los días hábiles en horario laborable.

En el Tribunal Supremo Popular y en los tribunales provinciales existen oficinas de Atención a la Población, donde radican supervisores de la actividad judicial con experiencia en el trabajo de los tribunales, encargados de orientar y tramitar los planteamientos presentados.

Las estructuras organizativas del Sistema de Tribunales colaboran entre sí, en pos de la prontitud y calidad en la atención a los planteamientos formulados.

Periódicamente, se evalúa el comportamiento de esta actividad, a partir de las causas que generan inconformidades, tendencias fundamentales que se manifiestan y niveles de responsabilidad.

Si tiene alguna duda con respecto al funcionamiento de la actividad judicial, consulte nuestras Preguntas Frecuentes

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Tribunal Supremo Popular se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política de Privacidad en cualquier momento.

1. Consolidar la implementación de los preceptos constitucionales y el contenido de las leyes vigentes, en la impartición de justicia, con elevados niveles de calidad.
2. Fomentar y asegurar la conducta ética e incorruptible y los valores en los magistrados, jueces y demás personal.
3. Adecuar las estructuras y plantilla de cargos de los tribunales de justicia y sus órganos de dirección, en correspondencia con las necesidades del servicio judicial.
4. Gestionar y garantizar, en el Sistema de Tribunales, la permanencia, cohesión, armonía, motivación y efectiva preparación del personal.
5. Avanzar en la transformación digital de los procesos judiciales y las actividades de apoyo
6. Promover el desarrollo creciente de las investigaciones científico-técnicas y la innovación en los tribunales.
7. Fortalecer las alianzas de trabajo con las universidades y demás centros de enseñanza, las instituciones científicas y de investigación, y con los órganos y organismos relacionados con la labor de los tribunales.
8. Incrementar y asegurar la calidad y sostenibilidad de las acciones de comunicación organizacional dirigidas a los públicos internos y externos, con el empleo de todos los medios disponibles.
9. Garantizar el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la debida solemnidad en las sedes judiciales.

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El Reglamento de la Ley 140 de 2021, que regula el funcionamiento de los tribunales de justicia en Cuba, establece las normas que rigen la Secretaría del Tribunal Supremo Popular y los tribunales provinciales populares. Este órgano, dirigido por un secretario judicial, está subordinado directamente al presidente del tribunal y actúa como la secretaría del Consejo de Gobierno. Entre sus principales funciones se destacan: brindar apoyo administrativo y judicial al presidente, vicepresidentes y miembros del Consejo de Gobierno; garantizar el cumplimiento de la Constitución, las leyes y las disposiciones normativas; coordinar la elaboración de informes; gestionar el seguimiento de los acuerdos del Consejo de Gobierno; y tramitar expedientes relacionados con la elección, revocación y toma de posesión de jueces profesionales y legos. Además, la Secretaría es responsable de notificar resoluciones judiciales, gestionar solicitudes de cooperación jurídica internacional y supervisar el sistema de información judicial.

En el caso específico del Tribunal Supremo Popular, su Secretaría también cumple funciones adicionales como la del Pleno y la Sala Especial. Estas incluyen coordinar y documentar las sesiones de estos órganos, habilitar libros y registros, garantizar el cumplimiento de plazos legales, comunicar disposiciones del Consejo de Gobierno y su Presidente, y coordinar la publicación de dichas disposiciones en la Gaceta Oficial y otras plataformas.

Asimismo, la Secretaría del Tribunal Supremo analiza las actas de los consejos de Gobierno de los tribunales provinciales, asesora a las Secretarías de estos tribunales y mantiene actualizados los facsímiles de firmas autorizadas del sistema de justicia. Estas regulaciones buscan asegurar la eficiencia, transparencia y uniformidad en el funcionamiento administrativo y judicial de los tribunales en Cuba.

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La calidad de la actividad judicial es fundamental para fortalecer la confianza y la seguridad jurídica del pueblo. En Cuba, los tribunales populares tienen el mandato constitucional de impartir justicia desde una perspectiva esencialmente popular, actuando como servidores públicos leales y comprometidos. Por ello, el Sistema de Tribunales Populares prioriza el seguimiento y mejora continua de esta temática, estableciendo como el primero de los objetivos estratégicos hasta el 2030 “Consolidar la implementación de los preceptos constitucionales y el contenido de las leyes vigentes, en la impartición de justicia, con elevados niveles de calidad” y como primer objetivo de trabajo para el presente año “Mejorar los resultados en los indicadores de calidad de la actividad judicial, reduciendo sustancialmente las dilaciones injustificadas en la tramitación y solución de los asuntos y los errores y deficiencias en la confección de las resoluciones judiciales.” Este enfoque busca orientar los esfuerzos hacia la satisfacción de todos los participantes en los procesos judiciales, garantizando un servicio eficiente y transparente.

Esta prioridad está en plena sintonía con el contexto actual del país, que promueve una actitud digna, honesta y comprometida en todas las esferas. La gestión de la calidad se presenta como la única vía para responder a las necesidades, tanto implícitas como explícitas, de quienes acuden al sistema judicial en busca de justicia. Así, se refuerza el compromiso de los tribunales con la excelencia en su labor, asegurando un servicio que cumpla con las expectativas de la sociedad y contribuya al fortalecimiento del Estado de derecho.

La Política de calidad del Sistema de Tribunales, fue aprobada por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en sesión celebrada el 25 de enero de 2016:

La función de impartir justicia conferida al Sistema de Tribunales Populares se orienta a la satisfacción de los justiciables y de otros intervinientes en los procesos judiciales, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las leyes, lo que obliga a fortalecer la concepción de la gestión de la calidad y a revisar permanentemente los mecanismos de supervisión y control.
Como eje transversal, la gestión de la calidad se propone el mejoramiento continuo de la organización, estructura y funcionamiento de los tribunales de justicia del país, enfocada en garantizar la actividad jurisdiccional, mediante la definición, integración e interrelación de todos los procesos internos, incluidos los de apoyo y de control que aseguran su desarrollo, y la cooperación con otros actores implicados.

La interiorización de la cultura de la calidad en el Sistema de Tribunales Populares, la toma de conciencia del entorno interno y externo, la prevención de los riesgos y el aprendizaje constante, son presupuestos imprescindibles para el cumplimiento de la misión institucional, que garantiza la confianza de la población en la labor de los tribunales, para lo que cuenta con una dirección y recursos humanos comprometidos, dotados de aptitud, responsabilidad, motivación, sensibilidad y actitud transformadora.
La calidad se gestiona a partir de la combinación de acciones claves: planificar, hacer, verificar y actuar para la mejora, sustentada en el cumplimiento de los requisitos de normas nacionales e internacionales, que buscan estandarizar buenas prácticas, procedimientos internos y parámetros de verificación de la actividad judicial, con una metodología propia y mediante el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación.

Los valores que sustentan y garantizan la tutela judicial efectiva se expresan en: Desempeño diligente en la tramitación de procesos y en la adopción de las decisiones judiciales; transparencia, respeto y cumplimiento estricto de las garantías y derechos de las partes y de todos los intervinientes en los asuntos judiciales; adopción de decisiones acertadas, comprensibles, debidamente fundamentadas y argumentadas desde el punto de vista legal, caracterizadas por su racionalidad y sentido de lo justo; cumplimiento efectivo y oportuno de las decisiones judiciales firmes; y comportamiento ético de jueces, secretarios judiciales y demás trabajadores en el desempeño de sus funciones y en su vida personal y familiar.