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La administración de justicia en Cuba constituye un servicio público imprescindible para mantener la legalidad, el orden, la tranquilidad ciudadana y propiciar el efectivo goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las personas naturales y jurídicas. Por ello, en el marco del fortalecimiento de la institucionalidad que se lleva a cabo en el país, dio apertura el año judicial en Las Tunas.
Este período que comienza plantea a los tribunales, Fiscalía y a la organización de Bufetes Colectivos, la responsabilidad de continuar cumpliendo con mayor eficiencia su deber, determinado por la calidad en la actuación judicial para con el pueblo.
“Labor que se debe caracterizar por el desempeño ágil y diligente de los jueces con un alto sentido de compromiso ético, con las resoluciones argumentadas y el cumplimiento efectivo de la justicia que emana de nuestras sentencias dictadas”, explicó Raquel Infante Tavernier, presidenta del Tribunal Provincial Popular (TPP) tunero.
En el territorio, al igual que en el resto de Cuba, la mayoría de los jueces profesionales de los tribunales populares son féminas, lo que constituye una fortaleza para la judicatura del país. De igual forma, es notable el desempeño de los más jóvenes y otros especialistas en ese rol, que demuestran su preparación y entrega ante la compleja tarea de impartir justicia.
El año judicial que inicia proyecta nuevos retos para los integrantes del Sistema de Tribunales. Así lo confirmó Jorge Luis García, presidente de la Sala Primera de lo Penal del TPP. “Tenemos identificadas las dificultades con las que debemos trabajar este año en virtud de las exigencias del pueblo, lo que esperan de nosotros y merecen, la justicia transparente contextualizada”, añadió el juez.
La nueva Constitución cubana aprobada por los diputados en la Asamblea Nacional del Poder Popular y a respaldar este 24 de febrero, incrementa las potestades jurisdiccionales de estos órganos y el acceso a la justicia como garantía de protección a todos los cubanos.