Comparecencia del presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo Popular al programa Hacemos Cuba.

En el marco del programa “Hacemos Cuba”, espacio dedicado al diálogo y la información oportuna al pueblo sobre temas de interés nacional, Otto Eduardo Molina Rodríguez, presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo Popular compareció para presentar un detallado informe sobre los principales resultados alcanzados en el enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades durante el año 2024. Esta comparecencia refleja el compromiso de los tribunales cubanos con la transparencia, la accesibilidad de la justicia y el carácter de servidor público que distingue al sistema judicial en Cuba.

Durante su intervención, el presidente de la Sala Penal destacó los principales aspectos que reflejan el trabajo sistemático y riguroso de los tribunales en la prevención y el combate contra las conductas delictivas, así como en la aplicación de sanciones que contribuyan a la seguridad y el bienestar de la sociedad cubana.

Expuso que, entre las prioridades trazadas se encuentra la celeridad en la tramitación de procesos y en la ejecución de sanciones, respecto a la cual los indicadores muestran el cumplimiento de los plazos y términos en la mayoría de los asuntos tramitados, con un 85,8% de asuntos resueltos en materia penal y un 91% de sentencias ejecutadas; no obstante se mantiene la visión enfocada en aquellos que han presentado dilaciones, en ocasiones por su propia complejidad y en otras por deficiencias a las que se les presta atención y se adoptan medidas para su erradicación.

Además, explicó que se cumplió con la política de sanciones, el 96,5% de las personas fueron sancionadas, tras demostrarse su responsabilidad mediante el material probatorio en su contra, y siempre acatando sus derechos y garantías dentro del debido proceso. Sin embargo, el 3,5% de los acusados resultaron absueltos, por no ser suficientes las pruebas aportadas o demostrarse su inocencia.

Se puso de manifiesto durante el periodo, el rigor en la política de sanciones, al corresponder el 59,8% a penas de encierro, aplicándose en menor medida las alternativas a la privación de libertad (14,4%) y las multas (25,8%).  Proporción esta que se manifiesta más pronunciada en los delitos más graves, en los que fueron sancionados el 96 % de los juzgados y dentro de estos el 76,7% recibió el encierro como respuesta legal, con más alta representatividad en las tipicidades delictivas de mayor lesividad como asesinato (98%), robo con violencia o intimidación en las personas (95,9%), tráfico de drogas (94%), seguidos por los delitos de sacrificio ilegal de ganado mayor, robo con fuerza en las cosas, atentado, corrupción de menores, malversación y evasión fiscal, lo que se sustenta en que estos delitos poseen una especial connotación por sus efectos dañinos tanto para las personas como para las entidades.

Enfatizó Molina Rodríguez, que la adecuación de las sanciones se caracterizó por la valoración de cada caso, mediante el análisis individualizado, que tiene en consideración la lesividad del hecho cometido, el grado de participación, los rasgos personales del comisor y las circunstancias concurrentes, existiendo equidad entre las sanciones impuestas y las conductas asumidas.

Sobre el sistema de trabajo para el control y atención a sancionados en libertad, mostró resultados positivos, pues el 90% de los que se encuentran aptos para el trabajo, están vinculados al empleo o estudio, prevaleciendo las ubicaciones en el sector estatal debido a la prioridad que se le ofrece a las tareas de mayor impacto social que han sido identificadas por los órganos de gobierno.

Señaló el magistrado, además, la alta efectividad de los mecanismos de influencia, atención y control sobre las personas que extinguen sanciones en libertad, debido a que el 88,6% de los controlados cumplieron satisfactoriamente.

Se realizaron 46 juicios ejemplarizantes, cuya celebración se hace preferentemente en la sede de los tribunales por contar estas con las mejores condiciones para garantizar la calidad, pero que se distinguen por la selección del público que presenciará el acto judicial, dentro de comunidades o colectivos laborales en los que están presentes las causas y condiciones para la comisión de las tipicidades delictivas que se juzgan; lo que se hace con fines preventivos.

Añadió que durante el ejercicio integral de control se visitaron a 4 300 sancionados, se detectaron irregularidades en el cumplimiento de 209 personas, lo que conllevó a la revocación de la sanción a 67 personas cuyas infracciones eran de mayor gravedad y fueron advertidas 142. Asimismo, se llevaron a cabo 334 reuniones con 6.355 sancionados y se celebraron 34 juicios ejemplarizantes.

Para 2025, las prioridades incluyen el control y seguimiento de asuntos para garantizar plazos judiciales, especialmente con acusados en prisión provisional, y mantener una política de sanciones rigurosa en delitos de mayor impacto social. También se promoverá la celebración de juicios ejemplarizantes por provincias, visitas de comprobación a sancionados en libertad por delitos asociados al ganado mayor, drogas, corrupción y violencia de género, así como reuniones preventivas en todos los municipios. Así como, se enfatizará la ejecución forzosa de sentencias y la filmación de juicios y reuniones para la preparación de materiales periodísticos de divulgación. Estas acciones refuerzan el compromiso del Tribunal Supremo Popular en la lucha contra el delito y con la promoción de la disciplina social.

La comparecencia del presidente de la Sala penal del máximo órgano de justicia en el país, evidenció el propósito del sistema judicial cubano de mantener el diálogo abierto con la ciudadanía, como parte de los esfuerzos por acercar la justicia al pueblo y promover una cultura jurídica y el respeto a las normas.