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RESUMEN DE LA RELATORÍA DE LAS SESIONES DE TRABAJO DEL IX ENCUENTRO INTERNACIONAL “JUSTICIA Y DERECHO 2018”
23 al 25 de mayo de 2018
Palacio de Convenciones de La Habana.
Relatora principal: Especialista Roselia Reina Batlle
DISTINGUIDOS INVITADOS Y DELEGADOS,
ESTIMADOS COLEGAS:
Concluimos hoy el IX Encuentro Internacional “Justicia y Derecho 2018”, convocado por el Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba.
El evento se caracterizó por la amplia concurrencia de magistrados, jueces y otros juristas, provenientes de dos organizaciones del sistema de Naciones Unidas y 28 países, con la participación de 315 delegados cubanos y 125 de otras naciones, los que unidos a quienes asistieron en calidad de invitados, suman más de 900.
La sesión inaugural se distinguió con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, y otros altos funcionarios políticos y gubernamentales cubanos.
Nos acompañaron eminentes personalidades, presidentes y vicepresidentes de cortes supremas y constitucionales, catedráticos, magistrados, jueces, fiscales y abogados.
El presidente del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba, Rubén Remigio Ferro, en sus palabras iniciales destacó que este congreso se desarrolla en medio de acontecimientos en distintas regiones, que perturban a la humanidad. El Derecho y la justicia sufren también desmanes y abusos, de ahí la importancia de contar con normas en los ámbitos de su actuación y de que los jueces estén subjetivamente dispuestos a brindar una tutela jurídica justa, que en Cuba implica el deber de hacerlo con total apego a los procedimientos legales, respeto a las garantías del debido proceso y sentido de lo justo, por lo que se trabaja con esmero en el diseño e implementación de un sistema propio de gestión de la calidad a fin de procurar niveles cualitativos superiores en la impartición de justicia, y colocarla a la altura de lo que el pueblo cubano espera, en consonancia con los cambios que se producen en el escenario económico y social, que demanda un replanteo conceptual, orgánico y funcional, a tono con el modelo económico y social cubano, donde se asuma que el desempeño efectivo del denominado «poder judicial» entraña, sobre todo, la necesidad de ejercerlo como «deber judicial».
El encuentro se caracterizó por un amplio programa científico. En aras de que no resulte demasiado extensa la presentación de la relatoría, y teniendo en cuenta que su versión completa y detallada se publicará por el Tribunal Supremo Popular, en este momento la presentamos de forma resumida.
Se dictaron 21 conferencias magistrales:
El Doctor Roberto Viciano Pastor, de la Universidad de Valencia, España, disertó sobre el ámbito de aplicación del Derecho constitucional por el juez, y significó que el análisis de la constitucionalidad de otras normas debe recaer en un órgano concentrado, mientras que la protección directa e inmediata de los derechos y libertades ciudadanos, sí puede realizarse de manera desconcentrada, pero en ningún caso el empleo de los principios consagrados en la Constitución convierte al juez en fuente de derecho, pues afectaría la seguridad jurídica.
El Doctor Sergio Foá, de la Universidad de Torino, Italia, en una primera intervención abordó las reglas sobre jurisdicción administrativa previstas en la constitución italiana, el papel de la jurisdicción administrativa como garante de los derechos subjetivos de los ciudadanos, los principios que informan el Código Procesal Administrativo, las principales acciones en defensa de los referidos derechos y su control constitucional, mientras que la segunda trató de la eficacia de la justicia italiana en esta materia, las amplias áreas de intervención del juez en ella, sus categorías fundamentales, y la interpretación uniforme de la ley por el tribunal de casación, separado del poder del Estado, lo que proporciona un servicio útil para las autoridades y mayor confianza de los ciudadanos en el sistema.
También el Doctor Pier-Luigi María Dell´Osso, fiscal general de la República Italiana impartió dos conferencias magistrales. En la primera, incursionó en el tratamiento que ofrecen las leyes frente a las mafias históricas italianas y de otros países, mediante la creación de una oficina subordinada al Consejo Superior de la Magistratura, división nacional antimafia, direcciones distritales en las principales ciudades, magistrados especializados, organización de un banco de datos procesales, competencia a los fiscales distritales antimafias con una dirección central, tendentes a cortar el hilo de las inversiones e ingresos de los grupos mafiosos; y en la segunda, discernió acerca del desarrollo de la legislación penal y procesal de su país, las facultades del juez en las investigaciones preliminares, en un modelo procesal que cuenta con juicios de primer y segundo grados, y una tercera instancia, de derecho; abogó por los procesos abreviados y los acuerdos entre partes sobre las penas; y en el orden sustantivo, lavado de dinero, el crimen organizado, la corrupción entre particulares y una reciente legislación relativa a delitos ambientales.
El presidente de la Junta Nacional de Bufetes Colectivos de Cuba, Doctor Ariel Mantecón Ramos, expuso que el estándar de prueba es una categoría que se utiliza con frecuencia últimamente y es un criterio de medición de la calidad de la actividad judicial; sin embargo, el derecho probatorio presenta dificultades debido a su carácter reconstructivo, seriado, sometido a reglas probabilísticas, profusión difusa de las evidencias, medios indirectos, en un tiempo finito para una decisión tendencialmente definitiva, y aun así el juez debe resolver, pues la determinación de los hechos es una actividad controlable de la que la judicatura está obligada a dar cuenta.
El Doctor Wenceslao Olea Godoy, magistrado del Tribunal Supremo español y vocal del Consejo General del Poder Judicial, se adentró en el control jurisdiccional del actuar administrativo, el poder ejecutivo como portador de servicios públicos, la distinción con la administración pública, su expresión como persona jurídica referida a la infraestructura del gobierno, el cumplimiento del principio de legalidad en sus actos, y la necesidad de motivarlos por su incidencia sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Por Venezuela, el Doctor Guillermo Blanco Vázquez, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, transitó por la casación como medio de impugnación extraordinario, sus características, antecedentes históricos, efecto de reenvío, posibilidades de anulación, causas que la originan y los avances de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo en la construcción del Derecho civil.
La Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana aportó varias conferencias magistrales; su Decana, Doctora Marta Moreno Cruz, razonó acerca de la necesidad de evaluar los documentos rectores vinculados con el Derecho económico, lo que demanda reconceptualizar la iniciativa y el servicio públicos; reconocer el estatus legal de las unidades presupuestadas; regular los diferentes sujetos que convergen con la empresa pública, la liquidación y disolución de las estatales y el procedimiento de insolvencia, entre otros que constituyen retos para la judicatura respecto al requerimiento de interpretar y argumentar las decisiones; ampliar los espacios de litigio; acudir a los principios generales del Derecho; integrar el contrato; reutilizar instituciones de la norma contractual; deslindar el ámbito de competencia en la administración de justicia; y las prácticas competitivas.
Por su parte, cinco profesoras discurrieron acerca de varias temáticas: la Doctora Caridad Valdés Díaz esbozó los antecedentes de los derechos inherentes a la personalidad, su protección en el Código civil y vínculo con los regulados en la Constitución, y consideró que debe trabajarse en resolver la actual dispersión de las normas, aspecto en el que los tribunales desempeñan un papel esencial. Mientras, la Doctora Yanet Alfaro Guillén, analizó qué se entiende por jurisprudencia y que es fuente de Derecho para la impartición de justicia en Cuba; el incremento de los conflictos en materia sucesoria, que obligó a distintos pronunciamientos, especialmente la Sala de lo Civil y Administrativo del Tribunal Supremo Popular, con posturas estables y algunas innovadoras y de contexto, lo que ilustró con sentencias y enfatizó en los logros, brechas y desafíos actuales. La Dra. Ana María Álvarez Tabío-Albo, coligió que la violencia de género en el seno familiar, es un fenómeno social latente, y las consecuencias jurídicas que debiera conllevar el incumplimiento de los deberes conyugales, como la patria potestad, comunidad matrimonial de bienes y derechos sucesorios, con una visión hacia la actividad del juez y el papel que desempeña en esta problemática. En tanto, la Doctora Majela Ferrari Yaunner, razonó que la exigencia de argumentación se deriva de varios factores, entre otros, la necesidad de transparencia y control sobre los funcionarios públicos, la obligación judicial de resolver, para lo cual el paso del normativismo al principalismo y el reconocimiento del valor normativo de la Constitución, brinda mayor amplitud de fuentes a integrar como premisas normativas de sus decisiones; en Cuba el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en uso de su capacidad de dictar disposiciones para unificar la interpretación y aplicación de las normas ha establecido pautas y metodologías para la argumentación judicial, que si bien perfectibles, merecen un acompañamiento teórico en pos de la calidad en la impartición de justicia. Por último, la Licenciada Jennifer Batista Torres, se acercó a la inspección del trabajo en Cuba y argumentó la conveniencia de que la función de control encomendada a esta, propicie la toma de decisiones frente a los incumplimientos de la legislación laboral y de seguridad social y se erija en una herramienta de utilidad para el sistema judicial.
El Máster Guillermo Ferriol Molina, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Unión Nacional de Juristas de Cuba discurrió acerca de los nuevos retos a los que se enfrenta el Derecho del Trabajo y la necesidad de su reinterpretación en el contexto actual para dar protección a los derechos de la persona que trabaja.
En un interesante recorrido por la evolución internacional de la protección de las personas con discapacidad, la Licenciada Mabel Ballesteros López, Presidenta de la Asociación Cubana de Limitados Físicos y Motores y miembro del Consejo Nacional coordinado por el ministerio de Trabajo y Seguridad Social, caracterizó como único el modelo cubano, que toma como presupuesto un enfoque psicosocial integral de la discapacidad, que se antepone a la desactualización e insuficiencias de la regulación patria con más de 56 programas promotores del pleno disfrute de los derechos conquistados por la Revolución. Enfatizó en la prevención, rehabilitación y preparación para superar la exclusión e insertarlos en el medio social en condiciones de igualdad, la percepción de la complejidad y pluralidad a fin de proscribir toda forma de exclusión, y la consolidación de la relación entre las organizaciones de discapacitados y el Estado.
La Dra. Cecilia Sánchez Romero, Directora del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente, reflejó la crisis de la pena privativa de libertad, que se deben generar transformaciones estructurales sobre un modelo de represión probadamente ineficaz, estigmatizador y costoso, y a tal fin, propuso: prisiones de menor contención; la justicia restaurativa; y, las penas de utilidad pública, e indicó que la cárcel ha supuesto una dura derrota para la humanidad, pero nuestra generación tiene la posibilidad de modificar esta situación.
El Dr. Ángel Juanes Peces, Vicepresidente del Tribunal Supremo español, explicó que se va introduciendo en todas las legislaciones la mediación como método de solución de conflictos, aunque de forma lenta y como complemento del proceso penal controlado por el juez, en dependencia de la cultura de cada país; y significó que para avanzar en la justicia restaurativa debe conferírsele autonomía funcional, frente al populismo punitivo, caracterizado por el aumento de los delitos y mayor severidad en las penas y en el régimen penitenciario.
El licenciado Yomays Olivarez Gainza, Presidente de la Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana incursionó en el principio del interés superior del niño como concepto jurídico indeterminado, cuya construcción se define desde lo judicial: como derecho subjetivo, como pauta interpretativa y como norma de procedimiento, vistas estas últimas cual deber del juzgador de motivar sus decisiones a fin de procurar las garantías en defensa de los derechos de los infantes.
La Doctora Magaly Smith, Intérprete certificada en la Corte Federal y Estatal de Georgia, Estados Unidos de América, relató las disímiles aristas de la labor que desarrollan para garantizar el cumplimiento de la Ley de Intérpretes Judiciales, que establece el derecho de cualquier individuo involucrado en un procedimiento judicial a contar con un intérprete judicial certificado o calificado, si su capacidad de comunicación o comprensión se ve inhibida, debido a una barrera idiomática o auditiva o discapacidad del habla, garantizando su igualdad con los demás ciudadanos al comparecer ante los jueces.
Varios presidentes de cortes supremas o tribunales constitucionales ofrecieron al auditorio sus intervenciones especiales:
El Doctor Mogoeng Thomas Reetsang Mogoeng, Presidente del Tribunal Constitucional y Jefe del Poder Judicial de Sudáfrica, significó que el derecho y la constitución como ley suprema, deben garantizar la justicia y la equidad de todo el pueblo, que las leyes deben ser en beneficio de este, con independencia del color y la raza, readaptarse de manera comprensible porque son el alma y el espíritu de lo que define a una nación, y llamó a reevaluar la legislación para garantizar la justicia nacional e internacional, pues es hora de pensar en lo que afecta a los pueblos en razón de los graves desafíos de estos tiempos.
El Presidente de la Corte Suprema de la República de Namibia, Doctor Peter Sam Shivute, comunicó que la Constitución adoptada después de la independencia, consagró el principio de independencia judicial, la protección de los derechos humanos fundamentales, y depositó la función de impartir justicia en los tribunales, cuya actuación en el respeto a las leyes y la constitución constituye un principio, sus fallos son de obligatorio cumplimiento y las leyes internacionales se aplican siempre que no contradigan la carta magna. Explicó las medidas para proveer mejor servicio judicial, entre ellas, una oficina independiente para la gestión administrativa y financiera de los tribunales, sistema de justicia electrónica, designación de jueces que controlan y gestionan los procesos, pequeños tribunales en comunidades como vía de acceder a la justicia y el compromiso de los jueces en el fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad.
El Presidente del Tribunal Supremo de la República de Mozambique, Doctor Adelino Manuel Muchanga, reconoció las relaciones de amistad entre nuestros pueblos y la colaboración que ha existido, porque contribuye a la formación de profesionales, no solo desde el punto de vista técnico, sino en valores; compartió el ideal de una justicia pronta y eficiente, e informó que su país se encuentra en un proceso de reformas judiciales, a lo que contribuyen los temas abordados en este evento, que valoró como un éxito.
El Doctor Mariano Germán Mejías, Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de la República Dominicana, reseñó importantes aspectos de la administración de justicia y del desarrollo institucional en su país; destacó las diferentes estructuras creadas, entre ellas, el Consejo Nacional de la Magistratura, el del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de la Defensa Pública y la Escuela de la Magistratura, que han llevado la impartición de justicia a niveles superiores. Acentuó el papel de la justicia y el derecho como valores que dotan a la sociedad de seguridad, garantía de paz y equilibrio, y las condiciones éticas y morales de los jueces en la búsqueda de la justicia, concluyendo que las sentencias valen lo que valen los jueces que las dictan.
Otras dos intervenciones especiales estuvieron a cargo de la Doctora Zareska Martínez Remigio, Directora Jurídica de la Oficina de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, y de la Doctora Natacha Mesa Tejeda, Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana; la primera subrayó que este proyecto está encaminado a la producción de bienes y servicios de valores agregados que generan empleos e incremento de las exportaciones, en función no solo del desarrollo de la zona, sino enfocado a potenciar la economía nacional; en tanto la segunda, llamó a flexibilizar el proceso de autorización de las cooperativas no agropecuarias, modificar el texto constitucional para que se les reconozca la condición de sujeto económico, regular con claridad el régimen de solución de conflictos y definir las salas de lo económico como competentes para resolver los litigios que se susciten.
Además, se impartieron conferencias sobre diversos temas de interés:
Indira Alfonzo Izaguirre, Primera vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, bosquejó el sistema judicial de su país, como garante de la tranquilidad ciudadana, en el que existe un verdadero poder representativo del pueblo, protagonista de un proceso democrático donde la igualdad y responsabilidad social son principios presentes en el actuar judicial independiente y las acciones que se realizan para incrementar la calidad de la justicia, donde la informatización resulta un desafío que hará más público, transparente y auditable el sistema judicial, inmersos en la revisión de las leyes con la finalidad de acercar el pueblo al sistema de justicia y atender los problemas de la comunidad en su propio seno. También esbozó la composición y funcionamiento del sistema electoral, la justicia en este ámbito, la soberanía del pueblo y la observancia de los derechos humanos, entre ellos, el sufragio como un derecho participativo, más allá de ser un deber; especificó las funciones de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia como única instancia, y las funciones del Consejo Nacional Electoral, máximo rector en esta materia.
El Dr. Valentín Valentinovich Yershov, Rector de la Universidad Estatal Rusa de Justicia, relacionó las categorías filosóficas de certeza e incertidumbre a la esfera del Derecho, el vínculo dialéctico entre ellos, para concluir que la certeza refleja de manera objetiva el estado cualitativo de su existencia, caracterizado por la combinación de sus propiedades relevantes; que se consigue mediante el desarrollo o constitución de las normas por las autoridades legislativas competentes, como parte de la concretización de los principios básicos generales y especiales del derecho nacional e internacional.
En representación de Qatar, el Doctor Omar Ganim Mohamed Al-Safar, Director de Relaciones Internacionales y Cooperación del Consejo del Poder Judicial, resaltó que la independencia del poder judicial en su país, está formada por la Ley de la Autoridad Judicial y el Primer Consejo Judicial Supremo, independiente del poder ejecutivo, y que, como resultado de un esfuerzo conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se lanzó la nueva Red de Integridad Judicial, que reúne a jueces, otros interesados y asociaciones judiciales del mundo, con un avance a partir de la Declaración de Doha, y la firme voluntad de apoyar sistemas de justicia penal humanos y responsables en cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, mediante un Programa Global y una red internacional donde los jueces establezcan una cooperación internacional, compartan opiniones y trabajen juntos en pos del fortalecimiento de la integridad judicial.
La Doctora Maricela Sosa Ravelo, Presidenta de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, profundizó en que la doble conformidad procura que el condenado se beneficie de un procedimiento judicial que haya agotado todas las posibilidades legales para demostrar que en efecto es responsable y que para entenderse cumplida esta garantía, la ley le debe otorgar la posibilidad de que un tribunal distinto revise la sentencia condenatoria, extendiéndose el conocimiento no solo a las cuestiones de Derecho, sino también de hechos; como máxima expresión del derecho a la defensa y a partir de las restricciones que presenta la legislación procesal penal cubana, argumentó sobre la necesidad de perfeccionar el régimen recursivo en materia penal, como garantía de la doble conformidad.
El Doctor Yuri Pérez Martínez, Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, analizó la naturaleza objetiva de los valores que aparecen refrendados en la carta magna, que solo se generan en el marco de las relaciones sociales, y su valor histórico concreto, recalcó el alcance de algunos de ellos, como los de dignidad y libertad, y del fenómeno conocido como pérdida de valores; por otra parte, estableció la relación entre el concepto de valor, su significación social y la procedencia de los enfoques positivos; asimismo, entre valores y protección de los derechos humanos fundamentales.
El Dr. Fernando de Lorenzo Martínez, Magistrado emérito del Tribunal Supremo de Justicia de Canaria, España, evaluó la naturaleza del poder judicial y sus funciones en la organización estatal como depositario de la función jurisdiccional; destacó la figura del juez como protector de derechos fundamentales, las cualidades que deben poseer para ofrecer seguridad a la sociedad en su desempeño, y obtener su confianza en el ejercicio profesional; abogó por que la independencia judicial se sujete a determinadas garantías que en primer orden dependen de los propios jueces, e indicó las aristas internas y externas que pueden afectarla y el tratamiento que recibe en España.
Como parte del trabajo científico en comisiones, se desarrollaron ponencias y paneles, que estuvieron a cargo de expositores cubanos y de otras naciones. Cada materia centró su atención en temas esenciales:
Los penalistas examinaron principios y garantías, seguridad ciudadana, protección penal a los infantes y adolescentes, sanciones subsidiarias y su control social, doble conformidad y revisión, legislación antimafia, delito de lavado de activos, el fenómeno de la corrupción, la protección a la víctima, entre otros.
En civil se analizaron temáticas relativas a reformas y garantías procesales, protección a los derechos fundamentales de la infancia, de los discapacitados, en las relaciones contractuales, asimismo, el control jurisdiccional de los actos administrativos y las perspectivas judiciales del Derecho civil cubano.
En lo laboral se profundizó sobre los derechos concernientes al trabajo, especificidades concernientes a los discapacitados, medios de pruebas y, ejecución de sentencias, cuestiones procesales y el contrato laboral.
La materia económica centró su actividad en la protección al medio ambiente, contratos de seguro, bancario, compraventa y de suministro, cooperativas no agropecuarias, argumentación judicial y los retos del Derecho económico.
Se trataron, además, otros temas de diversa naturaleza vinculados con la impartición de justicia: diferentes principios y garantías relativos a la función judicial, acceso a la justicia, empoderamiento de la mujer, ética e independencia judicial, jurisdicción, informatización de sistemas judiciales, derechos humanos y en temáticas constitucionales y de género.
Cerró el programa científico una disertación de la Dra. Mayda Goite Pierre, vicerrectora de la Universidad de La Habana, profesora titular de la facultad de Derecho, presidenta de la Sociedad Científica de Ciencias Penales y Criminológicas de la Unión de Juristas de Cuba quien incursionó en el impacto directo que tiene la globalización en el proceso penal, porque al igual que la economía, la delincuencia se ha globalizado y su enfrentamiento se ha caracterizado por el incremento constante de figuras delictivas, leyes especiales, aumento de las penas y su rigor; sin embargo, lo que requiere una nueva justicia penal que se atempere a estas condiciones, no son cambios legislativos, pues con los principios y garantías que hoy rigen el proceso penal cubano es posible enfrentarlo y en ese camino a los jueces corresponde una labor fundamental en la toma de decisiones y su fundamentación
Estos días de intensa labor propiciaron un debate que favoreció las más diversas opiniones, expresadas por delegados cubanos y de otros países.
El encuentro se proyectó más allá de los asuntos eminentemente teóricos, cuando un grupo de delegados visitó el Capitolio, como sede de nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular, y presenciaron el desarrollo de un juicio oral del Tribunal Provincial Popular de La Habana, vinculado a las propias temáticas debatidas en el evento.
La exhortación del Presidente del TSP a conocer nuestra cultura y nuestra gente, se hizo realidad en los momentos dedicados a disfrutar de virtuosos músicos y otras manifestaciones artísticas nacionales.
En el ámbito de un mundo globalizado, intercambiamos experiencias y enriquecimos los conocimientos sobre temas esenciales para el ejercicio de los derechos y la realización de la justicia. Regresamos a nuestras labores fortalecidos, siguiendo la enseñanza martiana que nos indica llevar la justicia “sin necesidad de cerrarle los ojos, con un hilo de cariño”.
Decimos “hasta pronto” con la certeza de que volveremos a encontrarnos dentro de dos años, en el X Encuentro Internacional Justicia y Derecho 2020.
MUCHAS GRACIAS.