DISCURSO DEL PRESIDENTE EN LA ANPP

Palabras de presentación del “Informe de rendición de cuenta del Tribunal Supremo Popular a la Asamblea Nacional del Poder Popular” en su Octava Legislatura. (Por el Co. Rubén Remigio Ferro, Presidente del Tribunal Supremo Popular).

• Compañero General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros
• Compañero Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular
• Estimados diputadas y diputados
• Distinguidos invitados

El carácter esencialmente democrático y popular del Sistema Judicial cubano y – en particular – de la organización y funcionamiento de los tribunales, es también una gran conquista de la Revolución, que sólo fue posible concretar a partir del triunfo glorioso alcanzado aquel 1^ro de enero de 1959, cuyo aniversario celebraremos nuevamente, jubilosos y agradecidos, dentro de apenas unos días.

Entre los males que padecía la nación y que fueron arrancados de cuajo por las transformaciones revolucionarias implementadas a partir de aquella grandiosa victoria, estaban las entidades judiciales ineptas y serviles, plagadas de jueces venales y corruptos – sometidos a los intereses de politiqueros y oligarcas – que conformaban por aquellos tiempos el denominado “poder judicial”.

Ese era el tétrico panorama que prevalecía en los órganos jurisdiccionales de la república neocolonial y que junto al resto de los atropellos y calamidades que padecía entonces el pueblo cubano, fue magistralmente descrito por el Líder Histórico de la Revolución Fidel Castro Ruz en su magnífico alegato, de denuncia y de combate, conocido como “La Historia me absolverá”.

En aquel encendido discurso Fidel resumió bajo el calificativo de “justicia envilecida”, el estado de cosas que imperaba en los procesos judiciales de la época, y en un momento de su alocución – refiriéndose a la falta de confianza de la población respecto a la imparcialidad de aquellos jueces – expresó:

“El problema de la justicia es eterno y por encima de las opiniones de los jurisconsultos y teóricos el pueblo tiene de ella un profundo sentido. Los pueblos poseen una lógica sencilla pero implacable, reñida con todo lo absurdo y lo contradictorio y si alguno, además, aborrece con toda su alma el privilegio y la desigualdad, ese es el pueblo cubano. Sabe que la justicia se representa con una doncella, una balanza y una espada. Si la ve postrarse cobarde antes unos y blandir furiosamente el arma sobre otros, se la imaginará entonces como una prostituta esgrimiendo un puñal. Mi lógica es la lógica sencilla del pueblo”.

Una vez alcanzada la victoria, fue precisamente Fidel con sus dotes de jurista revolucionario y luchador incansable por la justicia, el principal impulsor de los profundos cambios producidos en la organización y funcionamiento de la actividad judicial en el país, para hacerla cada vez más accesible, participativa y eficaz en la protección de los derechos esenciales de las personas naturales y jurídicas, y en la preservación de la legalidad, la tranquilidad ciudadana y la seguridad jurídica.

Hoy el país cuenta con un sistema judicial de profunda raíz popular, no solo por la composición de sus integrantes, sino también porque la actuación de los jueces y demás trabajadores de sus órganos, en el cumplimiento de sus funciones, se corresponde con los valores, principios e idiosincrasia de nuestro pueblo y, en particular, con su profundo sentido de justicia y la aplicación de esa lógica sencilla – que señalaba Fidel –  para discernir entre lo que es correcto y justo, de aquello que no lo es.

Ese es precisamente el mandato y la responsabilidad que da a los tribunales cubanos el artículo 120 de nuestra Constitución Socialista.

Juzgar y decidir acertadamente cada caso, en nombre del pueblo de Cuba, constituye a la vez, un deber y un compromiso permanente para los jueces cubanos.

Hacerlo bien requiere de mujeres y hombres capacitados, motivados, fortalecidos política e ideológicamente, poseedores de un elevado sentido de lo justo y de probada sensibilidad humana y social, honestos e incorruptibles.

La batalla diaria en los tribunales incluye el constante esfuerzo porque jueces, y demás trabajadores se comporten siempre así.

Al rendir cuenta ante esta Asamblea, el Sistema de Tribunales somete, humildemente, al criterio y la valoración de los diputados – en representación de nuestro pueblo – los resultados de la labor desplegada en el transcurso de los últimos cincos años, con énfasis en aquellos que caracterizan el estado actual de la gestión, para escuchar sus apreciaciones y evaluaciones sobre nuestro desempeño y las recomendaciones que nos permitan seguir mejorando en el cumplimiento de la misión que nos corresponde.

El informe que tienen en su poder – concebido y elaborado con la participación colectiva de los integrantes de estos órganos en el país – ofrece de manera sintética, algunos elementos y datos esenciales del trabajo realizado durante este período, con sus logros y deficiencias. El documento refleja además los resultados alcanzados al dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas por la Asamblea Nacional del Poder Popular en su anterior legislatura, en ocasión de rendir cuenta nuestra institución.

Por otra parte, en días recientes, los diputados efectuaron visitas a todos los tribunales del territorio nacional y sostuvieron encuentros e intercambios con jueces y otros trabajadores del Sistema.  Esos recorridos concluyeron con reuniones de resumen en cada provincia, en las que participaron los diputados del territorio, las autoridades del Partido y el Poder Popular a ese nivel, directivos de los tribunales e integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de esta Asamblea Nacional. Esperamos que esas acciones previas les hayan dotado de información suficiente sobre los resultados alcanzados durante la etapa.

Me limito, por tanto, en esta presentación, a unos breves comentarios sobre algunos de los temas abordados en el informe que, a nuestro juicio, merece la pena resaltar.

En lo que se refiere a la actividad jurisdiccional, durante este período, ha continuado el avance y consolidación de los indicadores fundamentales que determinan la calidad en la impartición de justicia, como son:

• El desempeño diligente y ágil en la tramitación de los casos.

• El cumplimiento de los procedimientos establecidos.
• El respeto a los derechos y garantías de las partes.
• La adopción de decisiones claramente fundamentadas y argumentadas.
• El cumplimiento efectivo y oportuno de lo dispuesto por el tribunal.

La información ofrecida permite apreciar como, en todos y cada uno de esos indicadores, se han producido progresos y resultados superiores a etapas anteriores, aunque aún subsisten algunas insatisfacciones y reservas de eficiencia en las que precisamos continuar esforzándonos para mejorar.

En el quinquenio 2012-2016, ingresaron a los tribunales populares, en todas las instancias y materias, un total de 949 068 asuntos y, en ese mismo período resultaron tramitados y resueltos por esos órganos 924 685 que equivalen al 97,4% de los recibidos, lo que puede considerarse, en general, un buen resultado en cuanto al volumen de solución de asuntos.

Del total de asuntos solucionados el 84% se tramitaron y concluyeron en los términos y plazos previstos en los procedimientos legales establecidos, mientras que en los restantes se produjeron dilaciones en el proceso, algunas por razones justificadas y otras por deficiencias en el desempeño de los jueces y el resto del personal judicial.

En el texto del informe se ofrece una caracterización de los asuntos que se juzgan, con una descripción resumida de los principales contenidos que presentan los procesos judiciales en la actualidad.

De su simple lectura, se pueden colegir las complejidades que entraña su enjuiciamiento y adecuada decisión, además del reto permanente que supone para los jueces obrar en cada caso con justeza y racionalidad, en el marco de la ley, ante conflictos y litigios frecuentemente agudos, que ponen a prueba la inteligencia, ponderación y capacidad de discernimiento de los juzgadores.

La referida caracterización permite también apreciar como el entorno socioeconómico se refleja e impacta en la actividad judicial y, en consecuencia, la labor de los tribunales no debe ni puede permanecer ajena al contexto territorial, nacional e internacional, y precisa que los jueces, además de estar técnicamente preparados en las cuestiones jurídicas, estén también muy informados de lo que acontece en la sociedad, y sean sagaces y perspicaces en su desempeño para no errar en sus decisiones e impartir la justicia en correspondencia con el contexto y la realidad circundante.

En lo relacionado con el cumplimiento de los procedimientos, y buenas prácticas, desde hace varios años el Tribunal Supremo ha instituido un sistema de monitoreo y control interno de la calidad, sobre la actuación de jueces, secretarios y asistentes judiciales, mediante acciones sistemáticas de verificación y evaluación del estado de cumplimiento de los requisitos procesales. Esas acciones son:

• Inspección periódica de expedientes y actos judiciales por un equipo de directivos y jueces experimentados del país.
• Examen integral de la calidad de lo actuado en los casos en que se producen apelaciones, y reclamaciones ante los órganos de la instancia superior.

• Investigación pormenorizada de las quejas y denuncias formuladas por la población sobre incorrecta actuación de jueces y auxiliares judiciales.

• Comprobación de inquietudes o dificultades planteadas por los directivos de Fiscalía, Bufetes Colectivos, Ministerio del Interior y otras instituciones.

La aplicación constante y articulada de estos mecanismos de control interno, ha propiciado constatar el avance cualitativo que, de modo general, se aprecia en el trabajo de la mayoría de los tribunales, pero también detectar las insuficiencias presentes en el desempeño de algunos integrantes de estos órganos, las que pueden resumirse en:

• Demoras injustificadas en la realización de trámites y acciones procesales.
• Falta de profesionalidad y solemnidad en la celebración de juicios, comparecencias y otros actos.
• Incumplimiento de procedimientos y buenas practicas establecidos.
• Sentencias y resoluciones sin suficiente argumentación.
• Trato descortés o inadecuado con algunas personas.

Esas deficiencias son oportunamente analizadas de forma crítica con los implicados y dan lugar, cuando corresponde, a depurar responsabilidad disciplinaria de sus comisores. A la vez, constituyen punto de partida para organizar acciones de capacitación y entrenamiento para aquellos que lo necesitan.

Un tema de permanente interés en la actividad judicial es el referido a los procesos penales.

Durante este período los tribunales han actuado, en sentido general, con el debido rigor y severidad con los responsables de las conductas delictivas más dañinas y nocivas para la seguridad nacional, la estabilidad económica, política y social del país, y la tranquilidad ciudadana, pronunciándose en cada caso con la proporcionalidad, racionalidad e individualización que el asunto requiere.

Los declarados culpables de los delitos más graves, como aquellos asociados a la corrupción administrativa, las drogas, los robos con violencia o cometidos en viviendas, abusos sexuales, proxenetismo, corrupción de menores y otros de similar connotación, reciben por lo general severas penas de encierro.

Además, cuando corresponde, se les imponen sanciones accesorias como la confiscación o el comiso de bienes derivados del delito, la inhabilitación para ocupar cargos administrativos y otros previstos en las leyes.

Por otra parte, bajo la conducción de los tribunales, han seguido fortaleciéndose las acciones coordinadas de control, influencia y atención hacia las personas que extinguen sanción en libertad, bajo un sistema de vigilancia en el que participan además la Policía Nacional Revolucionaria, funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los Consejos Populares, los trabajadores sociales, el movimiento sindical, los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

Podemos afirmar que esta tarea, en términos generales, marcha con resultados positivos y ha demostrado su utilidad y necesidad para la prevención del delito en todo el país. No obstante, en ocasiones, en algunos territorios se presentan fisuras y debilidades en el control sistemático de los sancionados, debido a deficiencias en el trabajo de jueces y asistentes judiciales, o de representantes de las restantes instituciones que participan.

Otro aspecto importante a referir en estas breves palabras está relacionado con los procesos judiciales asociados al derecho civil, laboral y económico.

Estos exigen, cada vez más, el desempeño activo y acucioso de los jueces, en aras de garantizar el debido esclarecimiento de los hechos que se juzgan y de las interioridades de cada caso, que les permita arribar a decisiones justas y legalmente fundamentadas.

En ese sentido, se continúa dando un tratamiento especial a los conflictos relacionados con la familia, propiciando enfoques interdisciplinarios en coordinación con la Federación de Mujeres Cubanas, incluyendo, cuando corresponde, la escucha de  los  menores y otros parientes  –  en particular los abuelos –  para favorecer la solución más adecuada y el respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Otro tema al que se presta particular interés en el trabajo de los tribunales está relacionado con el cumplimiento oportuno y efectivo de las sentencias y otras resoluciones judiciales.

Las medidas implementadas con ese fin hacen posible que cada año quede debidamente ejecutadas y cumplidas la gran mayoría de esas decisiones. Sin embargo, todavía se  presentan demoras  – unas veces justificadas  y otras no – en la debida realización y materialización de algunas de ellas, lo que compromete la efectividad de la labor judicial.

Las situaciones más complejas en ese sentido se presentan cuando lo dispuesto por el tribunal se relaciona con extraer a moradores ilegales de una vivienda, o demoler parcial o totalmente una construcción, reubicar a residentes de una vivienda confiscada, o una autoridad administrativa debe dictar una nueva resolución en relación con un asunto de su competencia. En cada uno de estos casos resulta vital la implicación de los Consejos de Administración de las asambleas provinciales y municipales.

Estimados diputadas y diputados e invitados:

Los tribunales populares del país cuentan en la actualidad con 927 jueces profesionales que representan en 81,1% de su plantilla aprobada. A ellos se suman un total de 148 recién graduados de los cursos regulares de la carrera de derecho, que cumplen su servicio social y el período de adiestramiento en la institución.

El 81,2% de los jueces profesionales son mujeres, lo que constituye una fortaleza para la judicatura del país, por el elevado nivel de dedicación, entrega y responsabilidad que demuestran en su actuación.

También es notable la proporción de jóvenes jueces profesionales en ejercicio, que suman 302 y representan el 32,5% del total, los que en general asumen con empeño, compromiso y alto sentido del deber la compleja tarea de impartir justicia. Junto a ellos, un número importante de jueces experimentados quienes desempeñan con maestría y destreza la función y para los cuales ser juez constituye una misión que les da sentido a sus vidas.

Por otro lado, en los últimos años, se han producido algunas bajas sensibles de compañeras y compañeros jueces profesionales, que optaron por salir del sistema para ir a desempeñarse en otras actividades, mejor remunerados o de menores exigencias en cuanto a su realización.

No obstante, en los colectivos de jueces y trabajadores de los tribunales de justicia del país, prevalece un ambiente de motivación y entusiasmo con la honrosa tarea que nos corresponde cumplir, a la vez que prima un fuerte compromiso ético e ideológico con el pueblo, el Partido y la Revolución de hacer las cosas bien y cada vez mejor.

Finalmente, es preciso destacar que en el transcurso de estos años ha continuado avanzando el programa de mejoramiento de las condiciones de trabajo de los tribunales, orientado por la alta dirección del país.

En tal sentido, a pesar de las agudas tensiones económicas y financieras que enfrenta la nación, el plan y el presupuesto aprobados, en cada ocasión, para el sistema de tribunales, han permitido contar con recursos materiales y financieros suficientes para cumplir adecuadamente las funciones y dar un fuerte impulso a las inversiones y mantenimientos en las sedes judiciales y al desarrollo de la informatización de la actividad jurisdiccional, entre otros aspectos.

Esas posibilidades nos estimulan y colocan en mejor situación para el cumplimiento cabal y efectivo de la misión encomendada.

Aun así, estamos convencidos de que la fortaleza mayor del Sistema de Tribunales de la República de Cuba radicará siempre en la actitud diáfana, humilde, responsable, consagrada e incorruptible de los hombres y mujeres que prestamos servicio en esta digna institución.

En consecuencia, nuestro principal empeño es y será siempre procurar niveles cualitativos superiores en nuestra labor y ponernos a la altura de lo que el pueblo cubano –con todo derecho– espera y reclama de nosotros.

Quedamos, pues, atentos a la valoraciones y recomendaciones que ustedes realicen al respecto, con la certeza de que ellas contribuirán al fortalecimiento del sistema judicial cubano, como importante trinchera en defensa de la Revolución.

Muchas gracias