- 21 vistas
Impartir justicia en nombre del pueblo de Cuba –como lo dispone el Artículo 147 de la Constitución de la República– resulta, para los tribunales, una tremenda responsabilidad y, a la vez, una misión complicada y hermosa.
En virtud de ese mandato, para juzgar y decidir, acertadamente, cada asunto que llega a nuestros órganos, debemos hacerlo de conformidad con lo establecido en las leyes, pero, además, desde una perspectiva que incorpore la apreciación racional, lógica y, –sobre todo–, el sentido de lo justo, característico del modo de ser, pensar y actuar predominantes en nuestra sociedad.
Los magistrados, jueces y demás trabajadores de nuestra institución, somos plenamente conscientes del alto compromiso social que implica el ejercicio efectivo de la función asignada, y del deber insoslayable de ejercerla de manera efectiva y transparente, como corresponde a la condición de servidores públicos que ostentamos.
Al rendir cuenta a esta Asamblea los tribunales de justicia cubanos –representados por el Tribunal Supremo Popular– sometemos, humildemente, al criterio y la valoración de ustedes, los resultados de la labor realizada en la etapa perteneciente al período de mandato de la presente legislatura, con especial énfasis en aquellos que caracterizan el estado actual de la gestión y, de esta forma, dar cumplimiento a lo preceptuado en el Artículo 154 de la Carta Magna, y a los artículos 16,17 y 18 de la Ley No. 140 “De los tribunales de justicia”, así como brindar información sobre los aspectos indicados en el acuerdo IX-117, adoptado por este Parlamento el 22 de diciembre de 2021.
El contenido de ese documento refleja, también, el cumplimiento dado a las recomendaciones formuladas por la anterior legislatura de la Asamblea Nacional, en diciembre de 2017, en ocasión del pasado ejercicio de rendición de cuenta.
Aquellas indicaciones se convirtieron, de inmediato, en proyecciones y objetivos de trabajo, en cuya materialización nos enfocamos desde entonces con denuedo, hasta lograr su realización efectiva, de la cual mantuvimos sistemáticamente informados a los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.
En adición, como parte importante de todo este proceso de rendición de cuenta, en días recientes, los diputados efectuaron visitas a los tribunales de todo el país y sostuvieron intercambios con sus jueces y otros trabajadores, e igualmente, en múltiples ocasiones, fueron invitados y participaron en diversos actos y actividades organizadas por esos colectivos laborales.
Por otra parte, en esta ocasión, con el propósito de hacer más amplio y democrático todo este ejercicio, y llegar con información sobre el quehacer judicial, directamente, a diversos sectores de la población, concertamos y llevamos a cabo, encuentros e intercambios, con directivos y representantes, a cada nivel, de la Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos, los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, y otras organizaciones sociales. Lo mismo hicimos con los colectivos de algunos centros de trabajo, con estudiantes universitarios e, incluso, con vecinos y líderes comunitarios de diferentes barrios y comunidades del país.
De igual forma y con similar propósito, los presidentes de los tribunales, provinciales y municipales, ofrecieron información sobre el trabajo de esos órganos a los integrantes de los consejos de Gobierno en las provincias y a los delegados de las asambleas municipales del Poder Popular, respectivamente.
Todo ello permite afirmar que ha sido un proceso ampliamente democrático, transparente y participativo.
Cada uno de esos espacios resultó, para nosotros, una valiosa oportunidad de retroalimentación, para recepcionar opiniones, inquietudes y valoraciones sobre lo que hacemos y como seguir mejorándolo en lo sucesivo.
En el quinquenio 2017-2021, ingresaron a los tribunales populares, en todas sus instancias y materias, 816 262 asuntos y, en ese mismo tiempo, fueron tramitados y resueltos por esos órganos 737 853 (el 90,4% de los recibidos), lo que constituye, en sentido general, un notable resultado.
Del total de asuntos resueltos 692 843, el 93,9%, se tramitó y concluyó en los términos y plazos que, prevén los procedimientos legales establecidos, mientras que en 45 010 se produjeron dilaciones, más allá de los términos previstos en la ley, algunas de ellas por razones objetivas justificadas y otras por deficiencias en el desempeño de jueces y el resto del personal judicial.
Mención aparte merece el esfuerzo desplegado por el personal de los tribunales para mantener la vitalidad de la actividad judicial, en las complejas circunstancias impuestas por la influencia en el territorio nacional de la pandemia de la COVID-19 durante 2020 y 2021.
Es conocido que, en ambos años, en múltiples ocasiones, la situación epidemiológica imperante condujo a que las autoridades correspondientes implementaran cuarentenas, cierres de fronteras y otras medidas de aislamiento y restricción de movimientos de las personas a nivel nacional, territorial o local, que determinaron la necesidad de suspender, aplazar o paralizar temporalmente el decursar de múltiples asuntos judiciales en tramitación, lo que incidió en la acumulación momentánea de atrasos en el procesamiento de un notable número de casos.
No obstante, en la medida en que la situación del país y los territorios lo permitieron, se acometió una intensa labor de recuperación e impulso a la actividad judicial, en la gran mayoría de los órganos jurisdiccionales, en estrecha coordinación con el resto de las instituciones implicadas, lo que hizo posible eliminar la mayor parte de los atrasos en la tramitación, solución y cumplimiento de las resoluciones judiciales.
Muestra palpable de ese esfuerzo extraordinario, y de sus resultados, se constata en que, al concluir el 2021, los tribunales de justicia debieron tramitar y resolver 138 380 asuntos, de los cuales lograron procesar y dejar resueltos 123 662, que equivalen al 89,4% de ese universo. A la vez, en el mismo período, nuestros órganos debieron dar cumplimiento a 60 811 sentencias firmes y, de ellas, ejecutaron 55 301, para el 90,3%.
Aun así, por diversas razones, al finalizar el 2021, quedaron 1 752 asuntos con retraso en su tramitación y solución, y existían demoras en el cumplimiento y ejecución de 831 sentencias. En la mayor parte de esos casos, tales dilaciones se debieron a razones objetivas, pero en otros fueron consecuencia de insuficiente atención y control por parte de los jueces y secretarios a cargo de su impulso.
Debo decir que, en el transcurso de los primeros meses del presente año, la gran mayoría de esos atrasos quedaron resueltos.
Otro elemento a reseñar del informe, es la descripción resumida que se realiza sobre el contenido de los asuntos que, en la actualidad, se tramitan y se juzgan, en las sedes judiciales.
De la simple lectura de esas referencias, se pueden colegir las complejidades que entraña su enjuiciamiento y adecuada decisión, además del reto permanente que supone, para los jueces, obrar en cada caso con justeza y racionalidad, en el marco de la ley, ante conflictos y litigios frecuentemente agudos, que ponen a prueba la inteligencia, ponderación y capacidad de discernimiento de los juzgadores.
La referida caracterización permite también apreciar cómo el entorno socioeconómico se refleja e impacta en la actividad jurisdiccional y, en consecuencia, la labor de los tribunales no debe ni puede permanecer ajena al contexto territorial, nacional e internacional.
Por tal razón, es preciso que los jueces, además de hallarse técnicamente preparados en las cuestiones jurídicas, estén también muy informados de lo que acontece en la sociedad, y sean sagaces en su desempeño, para no errar en sus decisiones e impartir la justicia en correspondencia con la realidad circundante.
En ese sentido, como parte de los análisis y reflexiones que periódicamente se realizan sobre el estado de tramitación y solución de los asuntos en las diferentes materias, se presta particular atención a los temas relacionados con la justicia penal, por la importancia que reviste en el marco de las acciones del Estado y la sociedad para la prevención y enfrentamiento al delito.
Los principales indicadores que muestran la actuación de los tribunales en los procesos penales durante este período, permiten afirmar que, en sentido general, se ha juzgado con el debido y rigor a los responsables de los hechos delictivos más lesivos para la seguridad nacional, la tranquilidad ciudadana y la estabilidad económica y social del país, sin dejar de aplicar la consecuente individualización y proporcionalidad al decidir cada caso.
A tales efectos, los responsables de los hechos más graves, como los asociados a corrupción administrativa, tráfico de drogas, robos con violencia o en las viviendas, sustracción y desvío de combustibles o materiales de la construcción, proxenetismo, abusos sexuales, desacatos y agresiones contra las autoridades y sus agentes, entre otros, recibieron, por lo general, las sanciones más severas.
Igualmente, los tribunales condenaron con la consecuente severidad, las actividades lucrativas ilícitas, la venta de turnos para las colas, el acaparamiento y reventa de medicamentos y productos de alta demanda y el tráfico ilícito de divisas, entre otros.
Especial atención se ha brindado a los procesos penales derivados de hechos vandálicos cometidos los días 11 y 12 de julio de 2021.
La respuesta penal impuesta a los responsables de las diversas tipicidades delictivas, comprendió también, cuando correspondía, la aplicación de sanciones accesorias como la confiscación o el comiso de bienes, la inhabilitación para ocupar cargos administrativos o desempeñar determinadas profesiones o empleos; la prohibición de frecuentar determinados lugares o instalaciones y otras previstas por la ley.
Durante esta etapa, se continuó perfeccionando la actividad de control, influencia y atención, hacia las personas que extinguen sanción en libertad, a partir de acciones más coordinadas y articuladas de los jueces de ejecución y sus asistentes, los integrantes de la Policía Nacional Revolucionaria, los directivos y funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Central de Trabajadores de Cuba y los sindicatos, los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, los Consejos Populares y los trabajadores sociales.
Resalta, como parte de las acciones conjuntas, desplegadas en las comunidades y barrios caracterizados como de mayor complejidad, la intervención más directa e intencionada acometida por los jueces, para la atención de los sancionados que habitan en esos territorios.
A las personas que son objeto de control y atención, se les define una estrategia particular de seguimiento, atemperada a las características individuales y los delitos cometidos, para propiciar su buen comportamiento en la comunidad, el seno de su familia y el lugar de trabajo.
No obstante, el resultado positivo que, en general, se aprecia en el desarrollo de esta actividad, en ocasiones, se presentaron fisuras y debilidades en el control sistemático de algunos sancionados, tanto por parte de los jueces y asistentes judiciales, como por los integrantes del resto de las instituciones y organizaciones responsabilizadas.
Durante estos años también se ha prestado particular atención al continuo fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los jueces que actúan en los procesos civiles, de familias, de lo mercantil y del trabajo y la seguridad social.
En ellos se ha incentivado la actitud más activa y dinámica en la conducción de las audiencias y comparecencias, el papel conciliador entre las partes en conflicto –siempre que sea posible– y la ponderación más abarcadora y menos formal, al momento de valorar los casos para emitir sus veredictos.
Ese es un camino en el que ya se ha avanzado un buen trecho, pero en el que aún queda mucho tramo por recorrer.
Con vistas a procurar y asegurar el adecuado y efectivo desempeño de la función jurisdiccional en el país, se continúan desplegando y fortaleciendo, en todo el Sistema de Tribunales, las acciones de supervisión y control interno que permitan monitorear, medir y mejorar continuamente el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos y las buenas prácticas implementadas por las disposiciones internas de la institución.
A esos efectos están definidos con precisión los aspectos esenciales que determinan la calidad en el ejercicio de la labor judicial:
- Desempeño diligente y ágil y cumplimiento de los términos y plazos fijados para la tramitación y solución de los casos.
- Apego a los procedimientos establecidos y respeto estricto a los derechos y garantías de las personas naturales y jurídicas que son parte en los asuntos.
- Adopción de decisiones y resoluciones acertadas, comprensibles y debidamente fundamentadas y argumentadas.
- Cumplimiento efectivo y oportuno de las decisiones judiciales firmes.
- Comportamiento ético intachable de magistrados, jueces y secretarios judiciales en el cumplimiento de sus funciones y en su vida personal y familiar.
Los métodos y acciones que se utilizan para la verificación y monitoreo del cumplimiento de esos indicadores son:
- Inspección periódica, sistemática y minuciosa de expedientes y actos judiciales por equipos de magistrados y jueces designados que señalan, de manera clara y precisa, las deficiencias y errores que se detectan, e identifican a sus responsables.
- Examen integral de los procesos donde se establecen apelaciones, y otras reclamaciones, ante los órganos judiciales de instancia superior, los que identifican y señalan expresamente los problemas de calidad presentes en estos.
- Investigación pormenorizada y acuciosa de quejas y denuncias, recibidas de la población y las instituciones, sobre la actuación de integrantes de los órganos judiciales.
- Comprobación de dificultades, quejas y señalamientos críticos planteados por la Fiscalía, los bufetes colectivos, el MININT y los representantes de otros organismos y entidades.
La aplicación regular y constante de esos mecanismos permite constatar la progresiva mejoría y consolidación de la calidad en el cumplimiento de sus funciones por la mayoría de los jueces y secretarios judiciales del país. No obstante, también se detectan errores y deficiencias en el desempeño de algunos órganos y compañeros, a los cuales oportunamente se les ha exigido que los erradiquen con la inmediatez requerida y, cuando no sucede así, se adoptan las medidas correspondientes.
Aunque esas situaciones negativas no son muy frecuentes, constituye un objetivo permanente de la institución combatir y erradicar tales debilidades. Con ese fin, se mantiene un ambiente permanente de exigencia, análisis crítico y autocrítico, en los colectivos de trabajo, que incluye identificar individualmente a los responsables y aplicar las decisiones que en cada caso corresponden.
La entrada en vigor de las nuevas leyes procesales, y las relativas a la organización y funcionamiento de los tribunales, junto a las que fueron recientemente aprobadas y guardan relación con nuestro trabajo, han impuesto un intenso ambiente de estudio y adiestramiento entre magistrados, jueces y personal judicial auxiliar, para lograr el pleno conocimiento, dominio y aplicación de lo que en ellas se dispone, y de ese modo asegurar, en cuanto nos corresponde, un ejercicio cualitativamente superior de la justicia judicial.
Entre los aspectos que son objeto de especial atención, se incluyen, en los procesos penales, el debido cumplimiento del régimen de garantías que para los acusados y las víctimas prevé la Ley No. 143 “Del proceso penal” y, de manera muy puntual, a lo relacionado con el debido respeto al ejercicio del derecho a la defensa y la presencia del abogado desde el inicio del proceso, así como a las solicitudes que se presenten para el control por el tribunal de la pertinencia de la imposición y permanencia de la medida cautelar de prisión provisional.
Con ese propósito, se adiestra y exige a los jueces para que estén atentos y profundicen en el estudio y análisis de cada asunto y, en su caso, adopten oportunamente las decisiones que correspondan al respecto.
Los días, semanas y meses transcurridos bajo la vigencia de esas nuevas leyes, van demostrando la efectividad de todo el esfuerzo de preparación del personal y de organización del trabajo, lo que permite asegurar que marcha bien la implementación de estas novedosas y robustas normas, aunque aún requiere de nosotros –y de los demás implicados en la actividad judicial– mucho estudio, creatividad y capacidad de adaptación y transformación de modos de pensar y actuar para garantizar su plena aplicación.
En sus páginas finales, el informe circulado aborda, someramente, el avance sostenido que se logra por nuestros órganos en temas de tanta relevancia como la transformación digital, el desarrollo de la ciencia y la innovación, y la comunicación social.
En lo que se refiere a la progresiva introducción de las tecnologías de la información y las comunicaciones resalta el proceso de digitalización e informatización de trámites y servicios orientados a incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de los procesos judiciales.
En relación a este tema, en el año 2021, se produjeron notables progresos en cuanto a los medios de interacción con la población, la tramitación digital de los expedientes procesales, la utilización de la videoconferencia en la realización de actos judiciales y la interoperabilidad con las restantes instituciones y entidades implicadas en la administración de justicia.
Con respecto al desarrollo y aplicación de la ciencia y la innovación en la actividad de los tribunales existe, desde hace algunos años, un notable crecimiento e impulso de acciones con apreciables resultados.
Magistrados y jueces, de forma individual o acompañados en ocasiones de profesores y estudiantes de Derecho en las universidades, y otros juristas, han realizado cientos de investigaciones y estudios, utilizando métodos científicos, a partir de la identificación de diferentes problemas y debilidades presentes en la práctica jurisdiccional del país; al concluir las cuales, formularon propuestas de solución que, en la mayoría de los casos, a la postre, sirvieron de base a las modificaciones incorporadas en las nuevas leyes aprobadas y, también, a disposiciones e instrucciones emitidas por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular en el uso de sus atribuciones constitucionales.
Ese proceso de repensar, actualizar y desarrollar la teoría y la práctica en la actividad judicial no se detiene; por el contrario, continuará incrementándose entre los magistrados, jueces y demás integrantes de nuestros órganos jurisdiccionales.
Por su parte, la comunicación institucional y social es también un frente que asumimos con mucha prioridad.
En este importante tema, aunque aún nos queda mucho por hacer, existe una evidente presencia de nuestros contenidos y mensajes, en los medios de prensa nacionales y territoriales, así como en las diversas plataformas digitales, mientras que, por otra parte, varios de nuestros directivos, magistrados y jueces participan con mucha frecuencia en cursos, seminarios y encuentros con colectivos de diferentes sectores de la sociedad que así lo solicitan; algo que continuaremos haciendo, como contribución al fortalecimiento de la cultura jurídica de nuestro pueblo.
Finalmente, es preciso referirnos a que las agudas dificultades y tensiones económicas y financieras que han prevalecido en el transcurso de estos años, agravadas por la intensificación de las medidas de bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro país y el impacto de la crisis económica mundial originada en la pandemia de la COVID-19, han obstaculizado y frenado el impulso, pero no impidieron continuar avanzando, en la medida de lo posible, en el programa de mejoramiento de las condiciones de trabajo de los tribunales; orientado por la alta dirección del país desde el año 2007, y recomendado en ocasiones anteriores por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
En atención a esas directrices, y las complejas circunstancias en que ha tenido que desempeñarse nuestra economía, el plan y el presupuesto aprobados, en cada uno de estos años, para el Sistema de Tribunales, permitió contar con los recursos materiales y financieros indispensables para cumplir adecuadamente las funciones y, a la vez, continuar mejorando gradualmente, en lo posible las instalaciones y medios con que se realiza la actividad judicial y las condiciones en que desempeñan sus labores los jueces y demás trabajadores de estos órganos.
Junto a ello, desde hace aproximadamente dos años, por indicación del Primer Ministro se implementó el despacho mensual entre los presidentes de los tribunales provinciales y municipales con los gobernadores e intendentes de los respectivos territorios, en los que, además de abordarse temas de mutuo interés e informaciones relevantes para el trabajo de cada parte, se han concretado soluciones puntuales a dificultades asociadas a condiciones de trabajo y de atención a jueces y trabajadores judiciales.
Esas posibilidades nos estimulan y colocan en mejor situación para el cumplimiento cabal y efectivo de la misión encomendada.
Aun así, estamos convencidos de que la fortaleza mayor del Sistema de Tribunales de la República de Cuba radicará siempre en la actitud diáfana, humilde, responsable, consagrada e incorruptible de los hombres y mujeres que prestamos servicio en esta digna institución.
En consecuencia, nuestro principal empeño es y será siempre procurar niveles cualitativos superiores en nuestra labor, actuar como dignos y efectivos servidores públicos en tiempo y espacio y ponernos a la altura de lo que el pueblo cubano –con todo derecho– espera y reclama de nosotros.
Quedamos, pues, atentos a la valoraciones y recomendaciones que ustedes realicen al respecto, con la certeza de que ellas contribuirán al fortalecimiento del sistema judicial cubano, pilar esencial del Estado socialista de derecho y de justicia social proclamado por la Constitución de la República.
Muchas gracias