En el ámbito del proceso de perfeccionamiento de las instituciones estatales cubanas y, en particular, del sistema de justicia, se promulgó, el 23 de junio de ese año, la Ley de Organización del Sistema Judicial que dio respuesta a la necesidad de unificar las distintas jurisdicciones por entonces existentes en un sistema judicial único que garantizara la aplicación uniforme de la justicia en todo el país.
Las bases organizativas esenciales instituidas para los tribunales fueron su carácter colegiado y su integración por jueces profesionales, y jueces legos en la materia, todos electivos, responsables y revocables.