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Hoy el Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad (CGDC) del CITMA entregó a magistrados y especialistas del Tribunal Supremo Popular (TSP), los certificados que los acreditan como Auditores Internos de Calidad, quienes se formaron en el curso impartido recientemente por ese centro.
El curso de habilitación tuvo como temas principales: el estudio de las normas de la familia ISO 9000, sus principales conceptos, la responsabilidad de los auditores, la gestión de los programas y las actividades de la auditoría de calidad y la certificación del Sistema de Gestión de Calidad del TSP.
Resulta de gran importancia contar en el TSP con auditores internos de calidad, pues permite identificar a tiempo las no conformidades de los usuarios con el servicio judicial, los riesgos internos y externos y las oportunidades de mejoras en los procesos que se desarrollan en la institución, y de este modo impulsar la mejora continua mediante la adopción de acciones correctivas y preventivas que garanticen la efectividad de la impartición de justicia.
El TSP cuenta con un proyecto de investigación, asociado al Programa sectorial de ciencia e innovación, que estudia las bases teóricas, diseña e impulsa la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el máximo órgano judicial, con enfoque a la satisfacción de los usuarios del servicio judicial.
El Sistema de Gestión de Calidad del TSP se sustenta en la norma NC ISO 9001:2015 y centra su atención en los procesos fundamentales de la actividad jurisdiccional, a fin de garantizar el acceso a la justicia y el impulso procesal, la adecuada comunicación con los intervinientes en el proceso, la correcta celebración de las audiencias y el acierto de las decisiones judiciales.
También desarrolla los principios generales concebidos en el Decálogo Iberoamericano para una justicia de calidad, aprobado por la Cumbre Judicial Iberoamericana, el que ofrece patrones para el debido desempeño de la función jurisdiccional en los sistemas de justicia de la región.
La actividad de los tribunales es objeto de supervisión y control mediante un sistema propio, identificado como un proceso estratégico de la gestión, el que está dirigido a garantizar la integridad en el ejercicio de la función judicial y el estricto cumplimiento de la legalidad en todos los asuntos, en cuyo proceder se tiene en cuenta la opinión de la población.