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Ante la comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, la Fiscalía General de la República (FGR) hizo un balance de su trabajo en el quinquenio 2011-2016.
Los diputados reconocieron que se han podido constatar avances en cuanto a los procesos penales, en la atención a los ciudadanos, a los privados de libertad, a menores, mujeres, ancianos y en general a los sectores más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, en ese periodo se detectó un aumento en los casos de corrupción e ilegalidades.
Los funcionarios de la Fiscalía refirieron que el bloqueo económico impuesto a Cuba, la subversión política proveniente de Estados Unidos, la llegada de droga a nuestras fronteras, han complejizado el entorno actual del enfrentamiento a estas problemáticas.
Por otro lado, el informe demostró que se han dado pasos significativos en el último lustro, pero «aún no se logra optimizar el uso de la información en función de las investigaciones, incluyendo la obtenida por las diferentes vías de atención al ciudadano», explicó Darío Delgado Cura, Fiscal General.
Por eso, se hace pertinente mejorar la atención a la población, valoró Oscar Manuel Silvera Martínez, vicepresidente del Tribunal Supremo Popular, institución encargada de ejercer la máxima autoridad judicial en el país. «Escuchar sus quejas y sugerencias no puede ser visto como un ataque, ni como una vulnerabilidad, sino como una fortaleza».
La totalidad de quejas y denuncias atendidas por el sistema de tribunales, ascendió a 5 106, según el informe presentado ante la comisión.
Gracias a las opiniones de la población se han podido detectar «irregularidades y demoras en la tramitación de procesos, desacuerdo con los fallos y dilación en la ejecución de sentencias», informó el vicepresidente de la institución.
Al final de la jornada, los diputados de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos e Industria, Construcción y Energía aprobaron de conjunto la propuesta de dictamen del Proyecto de Ley de las Aguas Terrestres, propuesta que se inscribe en la estrategia de protección y sostenibilidad que acomete el gobierno cubano sobre el medio ambiente.