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Porque la situación epidemiológica de la capital es la más compleja del país; porque cualquier violación pone en riesgo la salud de todos y echa por tierra el esfuerzo descomunal de un pueblo, y porque la severidad también lleva consigo un componente disuasivo y de prevención, los tribunales populares de La Habana han sido rigurosos en el juzgamiento de los delitos de propagación de epidemias y actividades económicas ilícitas.
De abril a la fecha, al decir de Yojanier Sierra Infante, presidente del Tribunal Provincial Popular de La Habana, estas instancias judiciales han impuesto penas de encierro al 60 % de los sancionados por actividades económicas ilícitas, especulación y acaparamiento, receptación y apropiación indebida, y al 70 % de los juzgados por los delitos de propagación de epidemias, desacato, desobediencia, resistencia, así como portación y tenencia ilegal de arma. El resto, dijo, ha recibido multas y sanciones subsidiarias en libertad.
Respecto a los procesos judiciales relacionados con el incumplimiento de medidas sanitarias y otros delitos asociados, Sierra Infante comentó que las principales conductas juzgadas se corresponden con el no uso de nasobuco en la vía pública, luego de varios requerimientos anteriores, faltas de respeto y resistencia a los agentes del orden, así como organización y desarrollo de fiestas en ríos, piscinas o casas particulares.
Sobre el enfrentamiento a los coleros, acaparadores, revendedores, traficantes ilegales de monedas y participantes en otras actividades ilícitas y antisociales, refirió que los comportamientos más frecuentes han estado vinculados a la venta de turnos en las colas, el expendio de productos de primera necesidad a precios superiores a los de la red de comercio estatal; así como la ocupación de grandes volúmenes de mercancías de procedencia desconocida.
En estos casos, subrayó, también se han impuesto sanciones accesorias de decomiso de los bienes ocupados y de destierro de La Habana para aquellos que viven de manera ilegal y cometen delitos en este territorio.
Durante este periodo, aseguró Sierra Infante, los cuatro tribunales municipales regionales dispuestos en la capital han velado por el cumplimiento estricto del debido proceso, derecho consagrado en el texto constitucional; así como por los principios de legalidad, transparencia y proporcionalidad, cual garantía para una respuesta penal justa y, al mismo tiempo, severa y contextualizada.