El 10 de abril de 2019 se proclamó, en virtud de reforma constitucional y referendo popular, la actual Constitución de la República de Cuba que reforzó las garantías ciudadanas. El artículo 147 define que "la función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de este por el Tribunal Supremo Popular y los demás tribunales que la ley instituye", al que corresponde establecer los principales objetivos de la actividad judicial; regular la organización, jurisdicción y extensión de su competencia; la forma en que se constituyen para los actos de impartir justicia; los requisitos que deben reunir los magistrados y demás jueces profesionales y legos; su forma de elección; las causas y procedimientos de revocación o cese en el ejercicio de sus funciones.