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La rendición de cuenta es un principio fundamental que fortalece la transparencia, la confianza de la población y la eficacia del sistema judicial. En Cuba, este proceso es el reflejo del compromiso de los tribunales con la sociedad y, a su vez, garantiza que la administración de justicia se ejerza con integridad, responsabilidad y apego a los principios éticos y legales; es por ello que siguiendo un mandato de la Constitución de la República, sus órganos jurisdiccionales, magistrados, jueces y trabajadores rinden cuenta periódicamente de su labor, promoviendo un diálogo constante con la sociedad y sus representantes, a través de procederes transparentes y adecuadamente estructurados.
El Tribunal Supremo Popular, como máxima instancia judicial, tiene un papel central en el mentado procedimiento. Su presidente recopila información detallada sobre el trabajo realizado por las salas de justicia, las dependencias de apoyo y los tribunales provinciales y municipales. La información, que abarca aspectos clave de la gestión judicial, se consolida en un informe que, tras ser aprobado por el referido órgano superior de justicia del país, se presenta ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, al menos una vez en cada legislatura. Este ejercicio permite evaluar el desempeño del sistema judicial, e igualmente identificar áreas de mejora, así como, fortalecer la coordinación entre los diferentes niveles de la administración de justicia.
Antes de arribar al momento en que los parlamentarios, en sesión abierta y pública de la Asamblea, evalúan la información de los tribunales, discurre a nivel nacional, un amplio y profundo proceso de intercambio con los integrantes de los tribunales y la ciudadanía; para ello se organizan visitas a sus sedes donde los diputados y los delegados del Poder Popular constatan por sí mismos, en cada lugar, la labor de los órganos judiciales y de su personal, recibiendo información detallada que les permite una mayor preparación y vivencias sobre la impartición de justicia; acciones que despojan la rendición de cuenta de burocratismos para dotarla de mayor objetividad y efectividad, al tiempo que facilita el control popular sobre el desempeño de la actividad judicial.
Al propio tiempo, se considera como parte de esa obligación legal, el hecho de que los tribunales provinciales y municipales también satisfacen las solicitudes de información que les plantean los órganos locales del Poder Popular y otras autoridades territoriales sobre los resultados generales de la labor judicial. Los informes que en estos casos se presentan son elaborados con rigurosidad y sometidos a la aprobación del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular o del tribunal provincial popular correspondiente según el caso, y constituyen expresión de la voluntad de los tribunales de actuar con transparencia desde el nivel local. Las observaciones, sugerencias y recomendaciones de los delegados a las asambleas municipales y diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular son analizadas y, cuando es pertinente, se adoptan medidas para perfeccionar la actividad judicial, demostrando que el Sistema lo asume, responsablemente, como una herramienta viva y dinámica que le permite la mejora continua.
La información sobre la gestión que se realiza en la institución comprende a sus órganos jurisdiccionales, así como, a magistrados, jueces y otros trabajadores. El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular convoca, cuando resulta necesario, al personal enunciado, para que rinda cuenta ante ese órgano de dirección sobre su trabajo, lo que repercute, además, en la identificación de oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional de los concernidos, en virtud de lo cual les formula recomendaciones que se integran en la evaluación del desempeño, asegurando que se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento.
En definitiva, la rendición de cuenta en el Sistema de Tribunales cubano es un proceso integral, que combina la transparencia, la participación popular y la evaluación constante, fortaleciendo la credibilidad y el buen hacer de la administración de justicia; al propio tiempo, contribuye a reforzar el vínculo de los tribunales con la sociedad.
Al rendir cuenta, de manera periódica y rigurosa, los órganos judiciales de la nación patentizan su compromiso con la excelencia, la equidad y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos. Este proceso es, sin duda, un pilar fundamental para construir un sistema judicial más justo, transparente y cercano al pueblo.