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La aprobación hoy de cuatro leyes por la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de su IX Legislatura, y tras un amplio, profundo y participativo proceso de consultas a magistrados, académicos, diputados y la población, dará en lo adelante una mayor fortaleza, modernidad y sentido de justicia social al sistema judicial cubano, siempre con apego a los preceptos de la Carta Magna.
De manera unánime el máximo órgano del poder del Estado aprobó, por separado, los hasta ahora proyectos de leyes de los Tribunales de Justicia, del Proceso Penal, del Proceso Administrativo y de Código de Procesos, no sin antes, y en presencia del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, varios legisladores expresar sus criterios, preguntas y propuestas, en aras de perfeccionar tales textos, de por sí objeto de estudio y debates durante meses en todos los territorios.
El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, expuso los resultados del proceso desarrollado con cada texto, para cuya redacción fueron consultadas las normas legales y experiencias de otras naciones, y las propias del país, investigaciones científicas o tesis de grado y recomendaciones de ese órgano y del Parlamento, bajo el principio de atemperar nuestras leyes a los tiempos y exigencias de hoy, a viejos reclamos, teniendo en cuenta lo recogido en la Constitución de la República, que califica a Cuba como un Estado Socialista del Derecho.
José Luis Toledo Santander, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, presentó los correspondientes dictámenes, aprobados también junto a las cuatro leyes, que entrarán en vigor el 1ro. de enero de 2022, tras publicarse en la Gaceta Oficial de la República.
Hubo consenso en la necesidad de desarrollar acciones de capacitación y de comunicación, en aras de su conocimiento y comprensión cabal en el seno de la población, y no únicamente de los operadores del sector, y del control de su implementación, de ahí la propuesta de que el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, al término de dos años, informe al Parlamento el estado de cumplimiento de las nuevas legislaciones.
Tal cual destacaron diputados como Dalia Expósito Jerez, por el municipio de Guantánamo; Homero Acosta Álvarez, por San José de las Lajas (Mayabeque), Joaquín Bernal Rodríguez, por Santo Domingo (Villa Clara), sus contenidos ofrecen mayores derechos y garantías a la ciudadanía, y eso es también perfeccionar la protección de los derechos humanos, en tanto con esta reforma procesal y judicial Cuba se pone a la vanguardia.
Jenisey González Rodríguez, diputada por Niquero (Granma), calificó el paso dado este 28 de octubre por nuestro Parlamento, en materia de Derecho, como un hermoso regalo al Poder Popular en su aniversario 45.
El debate alrededor de los proyectos de los Tribunales de Justicia y de Proceso Penal suscitó las mayores intervenciones, y particularmente del segundo se destacó su carácter humano, por lo cual una de las diputadas por Holguín, quien trabaja en un establecimiento penitenciario, manifestó cuán satisfecha se sentía de poder llevarle ahora a los internos muchas respuestas que esperaban desde hace tiempo.
El diputado Ariel Mantecón Ramos, representante del municipio matancero de Ciénaga de Zapata, calificó la Ley del Proceso Administrativo, como muy retadora pues –y así también lo consideró Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia–, obliga a una correcta actuación de la administración, a mayor disciplina y exigencia en el cumplimiento de sus obligaciones porque estará sujeta a cualquier demanda judicial por la población, cuando viole la legalidad socialista.
Invitados a la sesión ordinaria, Alexis Guilarte, presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, dijo al plenario que estamos ante una reforma procesal muy revolucionaria, con modificaciones planteadas por nuestros juristas; son un reforzamiento de los tratados internacionales en cuanto al acceso a la justicia y al debido proceso; en tanto el Doctor y profesor Juan Mendoza, elogió que se hayan consultado investigaciones científicas, como tesis de grado, maestrías y doctorados.
A modo de resumen, el diputado Esteban Lazo, presidente del Parlamento cubano, señaló que con la aprobación de estas leyes se va dando cumplimiento al cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional, se fortalece el sistema judicial del país y se ratifica la condición de que Cuba es un Estado Socialista de Derecho, en tanto estos cambios suponen un reto para los operadores del sector y en particular para los Tribunales de Justicia; su cumplimiento será objeto de control de la Asamblea Nacional, acotó finalmente.