
El año lectivo 2021 de la Escuela de Formación Judicial (EFJ) del Tribunal Supremo Popular (TSP) de la República de Cuba inició, este viernes 12 de marzo, de manera oficial, a través de un acto de inauguración celebrado mediante videoconferencia con todos los tribunales provinciales populares (TPP) del país y que fuera presidido por el titular del máximo órgano judicial, Rubén Remigio Ferro.
En su intervención inicial, el presidente destacó la relevancia que tiene para el Sistema de Tribunales y, en particular, para el ejercicio de la función judicial en el país, el inicio del año académico, ahora, con la apertura de una nueva modalidad de estudio, para la cual los tribunales cubanos se han venido preparando, dada su trascendencia y significado para la superación de nuestros recursos humanos.
Al respecto, enfatizó que este es un momento de transformación de las maneras de hacer, a las que debemos incorporarles la ciencia y la tecnología, en coherencia con los tiempos actuales. “Todo está migrando a la utilización de formas y líneas virtuales e interactivas utilizando las TICs, las cuales otorgan un valor agregado, de mayor efectividad y eficiencia a la enseñanza. Y este momento no es más que eso: nuestra institución poniéndose a tono con esas expectativas de trabajo, sin dejar atrás otras vías participativas”.
Unido a lo anterior, Remigio Ferro se refirió a la alianza entre los tribunales de justicia del país y las academias. Sobre este particular, agregó: “No pudiéramos haber llegado hasta aquí sin esa simbiosis con las universidades, que sigue creciendo y aportando beneficios a la actividad judicial y a la docente. Muestra de ello es la incorporación de sus profesores a nuestros órganos, lo cual permite el intercambio sistemático de saberes y experiencias, que tiene como eje central la mejora continua en el desempeño de la función que realizamos”.
El director de la EFJ, Eusebio Osmany Palacios Miranda, se refirió al programa de formación planificado, estructurado por ejes temáticos, con énfasis en la preparación técnico-profesional y que tiene como particularidad el diseño de tres talleres que transversalizan las diferentes materias y en los que participarán la totalidad de los magistrados y jueces del sistema.
Al referirse a su carácter metodológico, la Dra. Arlín Pérez Duharte, subdirectora de la EFJ, profesora de la Universidad de La Habana (UH) y jueza del TPP de La Habana, explicó cómo ese programa se adapta a las nuevas exigencias, pero sigue la estrategia determinada por la escuela en el tema de formación, marcándose por dos ideas básicas: tiene que ser sistémico y gradual, así como capaz de formar y capacitar, y de alcanzar niveles superiores de preparación.
Asimismo, profundizó que la plataforma que se presenta tendrá un papel protagónico, pues permitirá la materialización de las líneas concebidas para un trabajo posgradual, mayoritariamente virtual, con un amplio alcance, que potencia el adiestramiento en el puesto de trabajo y la autopreparación controlada.
Para presentar la plataforma virtual destinada a la superación judicial intervinieron el director de Informática del TSP, Edgar Rojas Ricardo, y el jefe del Departamento de Informática del TPP de Cienfuegos, Henry Madrigal. Ambos explicaron las ventajas que ofrece esta herramienta, diseñada con una interfaz amigable, de fácil manejo para sus usuarios, poniendo a su disposición bibliografía especializada, una sección para el foro debate con los docentes, la visualización de materiales audiovisuales, y otras facilidades para la impartición de los cursos.
La conferencia: La educación a distancia: un reto en la optimización de la formación judicial en Cuba, estuvo a cargo de los profesores de la UH, M.Sc. Amanda Laura Prieto Valdés y M.Sc. Alejandro González Monzón, este último también docente de la EFJ. Ambos académicos se refirieron a las características esenciales de la educación a distancia como estrategia formativa, así como al impacto que tendrá en el sistema de capacitación judicial cubano.
González Monzón ahondó en la importancia social que reviste la formación de los jueces y de todo el personal judicial, para lo cual se deben potenciar todos los medios y recursos tecnológicos de que se disponen. Refirió, además, como cuestión básica, la implementación del Artículo 92 de la Constitución de la República, que establece un mandato en pos de garantizar la tutela judicial efectiva. Por ello, la formación judicial se erige como una garantía material indispensable para la realización plena de ese derecho.
Es imposible hacer valer esta garantía si el personal judicial no se encuentra correctamente preparado. Es por eso que la capacitación debe ser un proceso cambiable y adaptable a las circunstancias sociales y a las exigencias que la sociedad impone.
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Interesante esta decisión, pues nos acerca a una capacitación y superación efectiva y eficiente. Permite evacuar inquietudes académicas a los profesionales del sistema de tribunales.