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El pasado 25 de enero nos conmovimos ante el deceso de quien se desempeñó como presidente del Tribunal Supremo Popular entre 1980 y 1998.
José Raúl Amaro Salup (La Habana, 16/4/1931-25/1/2021), tras siete décadas de quehacer jurídico, cinco de ellas en el universo judicial, deja a las actuales y futuras generaciones un intenso legado de vida y obra, matizado por su incesante bregar desde disímiles funciones.
No más vencer los estudios primarios, se ve precisado a trabajar, para contribuir al sustento familiar y propio, incluida la continuación de su aprendizaje en horario nocturno, hasta concluir el bachillerato. Un mes más tarde, el 28 de febrero de 1949, ingresa al Poder Judicial como escribiente; luego, como oficial, secretario auxiliar y suplente, hasta mediados de los años sesenta del pasado siglo.
Aunque matricula Derecho el 12 de mayo de 1954, la inestabilidad política del país, su incesante labor como integrante del Movimiento 26 de Julio y el cierre de la Universidad por Batista le imposibilitan continuar los estudios, los cuales concluye en julio de 1966, en medio de una década de intenso accionar en la que él, desde el 13 de febrero de 1961, se desempeña en los Tribunales Revolucionarios: primero, en sus ya conocidas funciones; después, como fiscal y, en una ocasión, abogado de la defensa. En 1969, integra la Comisión de Asuntos Jurídicos del Comité Central del Partido.
El 13 de marzo de 1972, mediante decreto presidencial, se le designa magistrado de la Sala de lo Criminal (a partir de 1977, de lo Penal) del máximo órgano de justicia del país, en el que, con posterioridad, simultanea la labor judicial en la Sala de lo Civil y de lo Contencioso-Administrativo y, circunstancialmente, en la de Garantías Constitucionales y Sociales. El 2 de julio de 1973, toma posesión como presidente de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, establecida ese año en el Tribunal Supremo Popular (TSP), tarea que desempeña durante un lustro.
En 1978, por decisión de la suprema instancia judicial, pasa a ocupar la presidencia del Tribunal Provincial Popular capitalino, donde se mantiene hasta el primero de julio de 1980, cuando la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) lo elige presidente del TSP. Durante los 18 años al frente del alto foro (14/7/1980-30/12/1998), muchos hechos significativos marcan su accionar (en particular, por ejemplo, el Acuerdo No. 172, de 1985, que aún se mantiene vigente).
Al cesar sus funciones de presidente del TSP, ya jubilado, vuelve como profesor de la Universidad de La Habana: imparte Derecho procesal penal hasta marzo de 2003, cuando pasa a desempeñarme en el Ministerio del Interior, inicialmente, como asesor jurídico e integrante del Grupo de Expertos; desde 2018, asesor del jefe de la Dirección General de Investigación Criminal y Operaciones.
En verdad, resulta significativo que, este escribiente, oficial, secretario auxiliar y suplente, devenido doctor en Derecho y en Ciencias Jurídicas, juez, presidente del TSP, profesor universitario, diputado, asesor jurídico y experto, además de alfabetizador, fundador del MININT, la Unión Nacional de Juristas de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución, las Milicias Nacionales Revolucionarias, merecedor de múltiples reconocimientos, medallas y condecoraciones…, con 70 de ellos dedicados enteramente al trabajo (habría que sumarle los de la época de estudiante), hasta sus últimos días, tuviera vitalidad para transmitirnos sus enseñanzas con total proverbialidad y una milimétrica capacidad memorística, de la que manan fechas, datos, acontecimientos históricos, nombres completos…