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Mantener la vitalidad del sistema de justicia, incluso en medio de la pandemia de COVID-19, y defender aun más el rigor en el enjuiciamiento de delitos y conductas antisociales relacionados con violaciones de los protocolos sanitarios, será esencia del Año judicial 2021, cuya ceremonia de inicio tuvo lugar este 11 de enero.
Presidida por el titular del máximo órgano judicial cubano, Rubén Remigio Ferro, y cumpliendo con los protocolos sanitarios establecidos para la actual fase epidemiológica de La Habana, sesionó la reunión del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular (TSP) que abrió el nuevo período periodo ordinario de actuación de los tribunales de justicia.
Remigio Ferro, durante su intervención, comentó que como resultado directo del trabajo en 2020 se elaboraron los anteproyectos de cinco nuevas leyes, que deberán ser consideradas por la Asamblea Nacional en 2021.
La aplicación de la ciencia y la innovación fue esencial durante el año anterior, señaló, razón por la cual «el presente año debe marcar la consolidación de los medios de interacción con la población, la tramitación digital de los expedientes procesales y la interoperabilidad con las restantes instituciones y entidades implicadas en la administración de justicia», puntualizó.
Al referirse al 2021 también destacó las transformaciones en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 y la Estrategia de desarrollo aprobada con ese propósito por la dirección de la Revolución, «como hoja de ruta esencial enfocada hacia la consecución de las metas y objetivos trazados para el mediano y largo plazo».
Sin lugar a dudas, la referida estrategia resultará ratificada y enriquecida por los acuerdos que emanen del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, a celebrarse en el próximo mes de abril, reafirmó.
UNA MIRADA RETROSPECTIVA AL 2021
En el encuentro, donde participaron a través de videoconferencia los integrantes del Tribunal Supremo Popular en los tribunales provinciales populares, Remigio Ferro pasó revista al 2020, un año de «enormes obstáculos y dificultades», entre los que citó la pandemia, la guerra económica contra Cuba y la intensificación de estrategia subversiva de EE.UU.
Destacó el papel de los órganos judiciales en el enjuiciamiento de delitos vinculados con la COVID-19; y a individuos que, actuando como coleros, especuladores, ladrones, usureros, etc., han pretendido lucrar y sacar ventajas ilícitas de las limitaciones y necesidades que, como consecuencia de la pandemia, y agravadas por las medidas estadounidenses, aún padece el pueblo cubano.
En diversas ocasiones, añadió el jurista, la situación epidemiológica en 2020 condujo a la implementación de medidas de restricción de movimiento, que determinaron la imposibilidad de realizar actos judiciales y, en consecuencia, se paralizaron temporalmente múltiples asuntos en proceso.
Precisó que, no obstante, se desplegó un esfuerzo redoblado por el personal de los órganos judiciales y de los demás implicados, para recuperar los atrasos, gracias a lo cual lograron tramitar 140 065 asuntos, de los cuales procesaron y concluyeron el 87.1%. En ese periodo se debía dar cumplimiento a 65 275 sentencias firmes, de las que se ejecutó un 89.2%, indicó.
Los tribunales de justicia son claves para la materialización y vigencia de los preceptos constitucionales en general, razón por la cual los órganos jurisdiccionales continúan sintonizando su actuación y pronunciamientos, con el contenido de la nueva Constitución de la República.
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