Palabras del presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, en la apertura del Año Judicial 2021

Compañeras y compañeros:

No sería totalmente veraz ni objetivo, de mi parte, decir en esta ocasión que el pequeño lapso de tiempo que separó el año que concluyó del que recién empieza, marcó para los tribunales o para la actividad judicial en el país, el cierre de un ciclo de trabajo y el comienzo de otro.

Esta vez, la sensación de continuidad y secuencia ininterrumpida en el quehacer cotidiano entre un período y otro, es quizás más fuerte y evidente que nunca. Con certeza, como sabemos, lo mismo ocurre en otras esferas de la vida económica y social del país.

El 2020, fue para nuestro pueblo y, por ende, para nosotros, un año particularmente difícil y complejo o, mejor dicho, “duro y retador”, como lo definió recientemente el Presidente de la República, en su contundente discurso del pasado 17 de diciembre. En el decursar de sus días, semanas y meses, hubo que encarar enormes obstáculos y dificultades, ya fuera por el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, o ante las severas afectaciones ocasionadas por fenómenos meteorológicos y, como si fuera poco, además, el recrudecimiento brutal de las medidas del bloqueo, guerra económica y ataques subversivos impuestos a nuestro país por el Gobierno de los Estados Unidos.

Como también es conocido por todos, los efectos e impactos de estas y otras situaciones adversas continúan en la actualidad y seguirán latientes en el transcurso de este nuevo año influyendo, a contracorriente, en la labor de los tribunales y en el resto de las actividades del país. En consecuencia, entre un período y otro, permanecen y subsisten desafíos, riesgos, carencias y tareas pendientes, pero, por otra parte, persiste en nosotros, cada vez con más fuerza, la firme determinación de enfrentarlos resueltamente, vencerlos y seguir adelante, como siempre lo hemos hecho a lo largo de estos 62 años de Revolución.

Como parte del escenario anteriormente descrito, debo referirme a lo especialmente retadora que resultó para los órganos jurisdiccionales y el resto de las instituciones y entidades implicadas en los procesos judiciales, la necesidad de mantener la vitalidad del sistema de justicia, incluso en medio de las condiciones y restricciones impuestas por las medidas y protocolos sanitarios establecidas para prevenir y contrarrestar la trasmisión de la COVID-19.

Por su relevancia y trascendencia para la seguridad jurídica, la legalidad, el orden y la tranquilidad ciudadana, la impartición de justicia es de las actividades que es preciso mantener, en la medida de lo posible, aun en circunstancias tan complejas como las que ha impuesto la epidemia, aunque, claro está, con las adecuaciones y modificaciones necesarias y pertinentes en los modelos de actuación, sin detrimento de los derechos y garantías de las personas. Así ha venido cumpliéndose a lo largo de todos estos meses, bajo las tensiones ocasionadas por esta dañina y peligrosa enfermedad, y debemos seguirlo haciendo mientras perdure su influencia.

Cabe mencionar, de modo particular, la importancia del papel que ha correspondido -y todavía corresponde desempeñar- a los integrantes de los órganos judiciales, en el enjuiciamiento de los delitos y las conductas antisociales relacionados con graves violaciones de las medidas y protocolos sanitarios establecidos para prevenir la trasmisión y el contagio del maligno virus que la produce; y también con aquellos individuos que, de una forma o de otra -actuando como coleros, especuladores, ladrones, usureros, etc.- han pretendido lucrar y sacar ventajas ilícitas de las limitaciones y necesidades que, a consecuencia de la pandemia, y agravadas, además, por las crueles y alevosas medidas impuestas e incrementadas en esta etapa por los gobernantes estadounidenses, ha padecido y aún padece el pueblo cubano. Frente a tales conductas y otras que perjudican gravemente a la sociedad, continuaremos actuando con el rigor y la firmeza que cada caso requiera. 

En lo que respecta a la protección y prevención sanitaria de nuestros colectivos de trabajo, desde un inicio se establecieron los planes de medidas y protocolos propios para evitar el contagio en las sedes y actos judiciales.  El estricto control y exigencia sobre su cumplimiento ha resultado vital para lograr que, hasta el momento, ninguno de estos centros haya sido escenario u origen de un evento de trasmisión de la enfermedad.

En ambos temas, han resultado de mucha importancia y utilidad las instrucciones y otras disposiciones emitidas con esos propósitos por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular y, de igual manera, el alto grado de coordinación, responsabilidad e interacción proactiva con los que, en sentido general, se ha actuado por parte de la mayoría de los jueces, fiscales, abogados, instructores, agentes de la policía, funcionarios del Ministerio de Justicia y otros intervinientes en los procesos judiciales, todo ello con absoluto respeto de las respectivas funciones y atribuciones y en absoluta correspondencia con los preceptos constitucionales y legales vigentes.

Como es obvio, en diversas ocasiones, la situación epidemiológica imperante condujo a que se implementaran, por las autoridades correspondientes, cuarentenas, cierres de fronteras y otras medidas de aislamiento y restricción de movimientos de las personas a nivel nacional, territorial o local; que determinaron la imposibilidad de convocar o realizar actos judiciales y, en consecuencia, la necesidad de paralizar temporalmente el decursar de múltiples asuntos en proceso. En ocasiones, durante los momentos más complicados de trasmisión, este tipo de situación se extendió por varias semanas o meses, lo que incidió en la acumulación de atrasos en la tramitación y solución de un número importante de casos.

No obstante, en la medida en que la situación del país y los territorios lo permitieron, se desplegó un esfuerzo redoblado por el personal de nuestros órganos y de los demás implicados en la actividad judicial, para recuperar los atrasos acumulados y ponernos al día en el procesamiento de todos los asuntos posibles.

Ese esfuerzo mancomunado nos permite informar que el pasado año, sumando todas las instancias y tipos de procesos, los tribunales de justicia debieron tramitar y resolver un total de 140 065 asuntos, y de ellos procesaron y concluyeron 121 997, que equivalen al 87.1% de ese universo.

A la vez, en el mismo período, las instituciones debieron dar cumplimiento a 65275 sentencias firmes y, de ellas, lograron ejecutar 58194, para un 89.2%.

Como puede apreciarse esos datos reflejan resultados encomiables, a pesar de las circunstancias descritas y evidencian la magnitud del esfuerzo realizado para recuperar los atrasos y retomar en lo posible la adecuada marcha de la justicia judicial en el país.

Aun así, hay que decir que, por diversas razones, permanecen con apreciable retraso en su tramitación y solución 1230 asuntos y existen marcadas demoras en el cumplimiento y ejecución de 574 sentencias firmes, lo que nos obliga a mantener ese redoblado empeño en el presente año.  

Por otra parte, ese ímpetu por asegurar la necesaria prontitud en la justicia, debe continuar unido al compromiso y la voluntad de hacer las cosas bien -y cada vez mejor- en el cumplimiento de nuestras funciones. Más que un mero propósito, reiteramos que ese afán constituye para nosotros un deber esencial e insoslayable toda vez que impartimos justicia en nombre del pueblo de Cuba - tal como lo establece el Artículo 147 de la Constitución - y ese mandato supone que actuemos con profundidad, sensibilidad, profesionalidad y transparencia, como atributos consustanciales a nuestra sociedad.

En ese sentido, puedo decir con cierta satisfacción que, en el año recién concluido, los mecanismos internos de verificación y monitoreo de la calidad en el procesamiento judicial de los asuntos evidenciaron que continuó mejorando la calidad en el desempeño de la mayoría de jueces y secretarios judiciales. No obstante, también es justo y necesario reconocer que aún se constatan errores y deficiencias en el trabajo de algunos de esos compañeros que, si bien en ciertos casos obedecieron a la insuficiente experiencia y destreza de quienes asumieron recientemente las funciones jurisdiccionales, en otros, fueron el resultado del actuar superficial y descuidado de sus causantes.

Una parte de estos últimos compañeros, por su reiterada incompetencia, ya cesaron en el desempeño de las funciones. A los restantes, se le concedió un plazo para enmendar deficiencias y debilidades en el ejercicio de sus cargos, si pretenden permanecer en ellos. Con ese nivel de exigencia, hemos venido trabajando y seguiremos haciéndolo en lo sucesivo, convencidos de que estas debilidades restan efectividad, transparencia y credibilidad a la actividad judicial y generan quejas e insatisfacciones justificadas en la población, por lo que su solución debe constituir siempre una prioridad para nosotros.

De igual modo, continúa y deberá continuar prevaleciendo, en esta institución, la actitud combativa intolerante e intransigente contra la mediocridad, la falta de ética y cualquier síntoma de parcialidad o corrupción por parte de los integrantes de estos órganos. No puede ser de otra manera, tomando en consideración la relevancia y trascendencia de nuestra tarea como servidores públicos.

La nueva Carta Magna reforzó notablemente el régimen de derechos y garantías de las personas y definió a Cuba como Estado de derecho y justicia social. El papel de los tribunales de justicia es clave para la materialización y vigencia de los preceptos constitucionales en general y, en particular, de los que se relacionan con los aspectos antes señalados. Por ello, los órganos jurisdiccionales continúan sintonizando su actuación y pronunciamientos, con el contenido de la nueva norma suprema, a partir de considerar su carácter de ley directamente aplicable en la tramitación y solución de los procesos judiciales.

De la misma manera, en cumplimiento del mandato de las disposiciones transitorias décima y decimosegunda del texto constitucional, y en atención a las directrices contenidas en el lineamiento número 274 de la Política económica y social del Partido y la Revolución, aprobada por el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, y las recomendaciones formuladas en diciembre de 2017, por la Asamblea Nacional del Poder Popular, en ocasión de la pasada rendición de cuenta del Tribunal Supremo Popular, durante el año 2020, los integrantes del Consejo de Gobierno junto a varios magistrados del máximo órgano judicial, encabezaron el arduo trabajo de los grupos multidisciplinarios que acometieron la elaboración de los anteproyectos de 5 nuevas leyes, que deberán someterse a la consideración de la Asamblea Nacional  en el presente año, según el cronograma legislativo, actualizado en la sesión más reciente del parlamento cubano.

La virtual aprobación de esos proyectos, enriquecidos con los aportes y opiniones de nuestros diputados y la población en general, determinará importantes modificaciones y novedades en el orden estructural y funcional de los tribunales y en los procedimientos judiciales en general, actualizándolos y haciéndolos más accesibles, más inclusivos, más efectivos, más expeditos y más transparentes, a tono con los derechos y garantías reconocidos en la Constitución, las convenciones e instrumentos internacionales suscritos por el Estado cubano, y en las transformaciones que se operan en el país, como parte de la actualización de su modelo económico y social.

La entrada en vigor de esas futuras leyes demandará de nosotros, y de los demás operadores del Derecho, el pleno conocimiento y dominio de sus contenidos, a la vez que pondrá a prueba la inteligencia, creatividad y capacidad de adaptación y transformación de modos de pensar y actuar; para asegurar a nuestro pueblo, en cuanto nos corresponde, un ejercicio cualitativamente superior de la justicia judicial. Para ello, es preciso prepararnos con denuedo desde ahora.

Estrechamente vinculado con toda esa dinámica de evolución y perfeccionamiento institucional y procesal del cumplimiento de la función judicial, está el sostenido avance que se opera en el ámbito del desarrollo y aplicación de la ciencia y la innovación a la actividad de los tribunales.

Magistrados y jueces, profesores y estudiantes de Derecho en las universidades, y otros juristas y profesionales de diversas disciplinas han realizado en el decursar de los últimos años, cientos de investigaciones y estudios utilizando métodos científicos, a partir de la identificación de diferentes problemas y debilidades presentes en la práctica jurisdiccional del país; y como resultado, han formulado propuestas de solución, la mayoría de las cuales, a la postre, sirvieron de base a las modificaciones incorporadas en los proyectos legislativos elaborados y, también, a disposiciones e instrucciones emitidas por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular en uso de sus atribuciones constitucionales. Ese proceso de repensar, actualizar y desarrollar la teoría y la práctica en la actividad judicial no se detiene y, por el contrario, continúa incrementándose entre nuestra gente.

Lo anterior permite afirmar que existe un nicho fecundo de investigación científica e innovación en el ámbito de la justicia institucional, que tributa a la esfera de las ciencias sociales, junto con otros espacios de la vida jurídica del país. Nos toca a nosotros, desde los tribunales, continuar impulsando y fertilizando en lo adelante este importante frente de trabajo.

Debo también resaltar, una vez más, por el notable impacto que ha tenido para la administración de justicia, la incorporación directa de profesores y alumnos de la carrera de Derecho en la actividad de los tribunales del país: los docentes como jueces suplentes y los estudiantes como asistentes judiciales. Como resultado de esta simbiosis, existe un claro robustecimiento de la calidad en el juzgamiento de los casos, y también en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Resulta de un valor inapreciable el intercambio de saberes y habilidades que se produce en ambas direcciones. Hay que continuar consolidando estas enriquecedoras alianzas, por todo cuanto aportan al crecimiento profesional de quienes intervienen en esas interacciones y enriquecen el cumplimiento exitoso de nuestra misión.

Otra arista que muestra claros progresos, y vamos a continuar atendiendo con prioridad en este año, es la referida al proceso de digitalización e informatización de trámites y servicios, orientados a mejorar la información a los ciudadanos, incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de nuestros órganos y fortalecer sustancialmente la transparencia en la realización de la función judicial, en el marco de la “Política integral para el perfeccionamiento de la informatización en Cuba” y, específicamente, de la plataforma del Gobierno electrónico, como uno de sus ejes fundamentales.

Resulta alentador el hecho de que el sitio Web del Tribunal Supremo se haya reconocido recientemente como uno de los mejores posicionados dentro del dominio GOB.CU.

En lo que se refiere a este tema, el presente año debe marcar la consolidación de los medios de interacción con la población, la tramitación digital de los expedientes procesales y la interoperabilidad con las restantes instituciones y entidades implicadas en la administración de justicia.  

Compañeras y compañeros:

Junto con la lucha tenaz de nuestro pueblo por controlar definitivamente la pandemia y continuar enfrentando, resistiendo y venciendo los tercos empeños del imperialismo por someternos y doblegarnos, este año 2021, estará también caracterizado por una intensa y profunda dinámica de cambios y transformaciones en prácticamente todos los ámbitos de la vida de la nación cubana, como resultado del avance en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y de la Estrategia de desarrollo aprobada con ese propósito por la dirección de la Revolución, como hoja de ruta esencial enfocada hacia la consecución de las metas y objetivos trazados para el mediano y largo plazo.

Sin lugar a dudas, la referida estrategia resultará ratificada y enriquecida por los acuerdos que emanen del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, a celebrarse en el próximo mes de abril. Para nosotros, como para todo el pueblo cubano, esos acuerdos y directivas constituirán la guía fundamental de nuestra labor en los próximos años.

Una expresión elocuente de la magnitud y trascendencia de esas transformaciones en marcha, la experimentamos actualmente con el despliegue de la denominada “tarea ordenamiento”, hoy en pleno apogeo, en sus múltiples y abarcadoras dimensiones, en el camino hacia la tan necesaria y compleja unificación monetaria y cambiaria en el escenario económico, financiero y mercantil del país.

Naturalmente, la mayor parte de esas medidas y acciones transformadoras impactarán, también sensiblemente, de manera directa o indirecta, en las diversas relaciones económicas y sociales entre las personas naturales y jurídicas, originando, en ocasiones, conflictos y litigios que, en no pocos casos, devienen procesos judiciales de diferente naturaleza.

Nos toca entonces, a los órganos jurisdiccionales, en el enjuiciamiento de esos asuntos, contribuir y acompañar, mediante el cumplimiento efectivo de nuestra función -tanto en este año como en los que vendrán- a la materialización concreta de esa gran estrategia del país, con sus metas y objetivos propuestos y ¡así lo haremos!

En nombre de todos los integrantes del Sistema ratifico que somos los tribunales de justicia del pueblo cubano y su Revolución y no fallaremos en el cumplimiento cabal del deber, como fieles servidores públicos, defensores a ultranza del cumplimiento estricto de la Constitución y las demás leyes, como nos corresponde en nuestro Estado socialista de derecho y de justicia social.

Muchas gracias.

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