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La Habana.- En el marco de la X Edición de la Especialidad en Administración Pública de la Escuela Superior de Cuadros del Estado y el Gobierno, Ludmila Collazo Rodríguez, vicepresidenta del Tribunal Provincial Popular de La Habana, obtuvo el título de Especialista en Administración Pública tras la exitosa defensa de su tesis.
La investigación, titulada “Metodología para la práctica de la mediación intrajudicial en la solución de conflictos civiles en un sistema integrado de justicia”, fue realizada bajo la tutoría de la Doctora Ana Gloria Navarro Pentón y constituye un significativo aporte doctrinal y práctico para el sistema judicial cubano.
El núcleo de la tesis radica en el diseño de una metodología clara que define los modos de actuación y procederes para que los jueces ejerzan la facultad de derivar un caso a mediación dentro del proceso civil. Lejos de ser un mecanismo automático, el trabajo de Collazo Rodríguez enfatiza la necesidad de una evaluación judicial rigurosa y previa.
Según la investigación, el juez debe asumir un rol de "gestor de la solución del conflicto". La metodología propuesta establece criterios objetivos para esta evaluación, entre los que destacan:
· La identificación de condiciones: Analizar la naturaleza del litigio y la relación entre las partes.
· La idoneidad de derivar: Determinar si el caso, por sus características, es susceptible de ser resuelto por la vía del diálogo.
· La voluntariedad: Verificar que las partes, informadas adecuadamente, estén dispuestas a participar en la mediación.
· Los beneficios potenciales: Sopesar las ventajas que el acuerdo directo puede reportar en términos de celeridad, descongestión judicial y, fundamentalmente, pacificación social.
La tesis de la vicepresidenta del tribunal provincial habanero no solo establece el "cómo", sino también el "cuándo". La investigación identifica los tipos de procesos donde la mediación intrajudicial resulta más favorable. Entre ellos, se destacan los litigios sobre Incumplimiento contractual, reparación de daños y perjuicios, conflictos de vecindad, y partición de bienes de la herencia.
En estos ámbitos, la mediación permite que las partes transiten de una posición adversarial a una colaborativa, buscando satisfacer sus intereses subyacentes. "De lo que se trata", explica la investigación, "es de colocar a los ciudadanos en posición de resolver el conflicto y satisfacer sus intereses".
En coherencia con el ordenamiento jurídico vigente, la metodología excluye de manera expresa aquellos asuntos que no son susceptibles de autocomposición. Siguiendo lo regulado en el Decreto-Ley 69/23, se exceptúan los procesos relativos a la capacidad de las personas y aquellos sobre derechos inherentes a la personalidad, materias que por su naturaleza requieren de la estricta imperatividad de la ley y la protección judicial reforzada .
Un pilar fundamental de la propuesta de Ludmila es el equilibrio entre la flexibilidad de la mediación y las garantías del proceso judicial. La metodología concibe un control judicial posterior que actúa como salvaguarda. Este control se activa para proteger los intereses de personas en situación de vulnerabilidad, como personas menores de edad o personas con discapacidad, y para velar por la legalidad y el orden público.
El acuerdo al que arriben las partes en mediación, una vez homologado por el juez, adquiere fuerza ejecutiva, cerrando el círculo de una justicia integrada. La tesis concluye que este modelo no solo optimiza los recursos del sistema, sino que concede una mayor satisfacción ciudadana, al devolver a las personas el protagonismo en la solución de sus propios conflictos y fortalecer una cultura de paz, en correspondencia con los postulados constitucionales y las nuevas normas jurídicas cubanas.
Con este resultado, la Escuela Superior de Cuadros del Estado y el Gobierno y el Tribunal Supremo Popular de Cuba suman un valioso activo intelectual para la implementación efectiva de la mediación como política pública en el ámbito de la administración de justicia.
