Dolores del corazón

Con las manos entrelazadas en la frente, la hija mira al cielo en busca de algún ángel salvador que pudiera ayudar a su padre con la colocación de un Marcapaso Percutáneo Permanente. «El viejo» lo necesitaba con urgencia, porque su vida corría grave peligro.

En otra cama de la propia sala de Cardiología, en el hospital Roberto Rodríguez Fernández —El Vaquerito—, en la ciudad avileña de Morón, otro paciente se encuentra ingresado por estar descompensado de la cardiopatía isquémica que padece desde hace tiempo.

Muy difícil que los ángeles llegaran en auxilio de ambos. La salvación estaba en la propia instalación hospitalaria, solo que, con marcapasos recuperados. La llegada de los nuevos se había retrasado por la mordida venenosa del bloqueo estadounidense contra Cuba; los recuperados eran los únicos que existían en ese momento en el Roberto Rodríguez, de acuerdo con autoridades del propio hospital y corroborados por la Sala Penal del Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila.

En un centro asistencial, y dada la susceptibilidad de los hechos, los rumores corren rápido. Los propios funcionarios explicaron en el juicio oral cómo inicialmente la información recibida se basaba en un estado de opinión que se trasmitió y se supo en las diferentes áreas, lo que explica que, de manera profiláctica, uno de los testigos alertó a todos los médicos y trabajadores del servicio de cardiología.

Poco tiempo después, una trabajadora del Roberto Rodríguez esgrimió otros argumentos y de inmediato informó a su director, quien, a su vez, dio pormenores a la Dirección Provincial de Salud Pública, que acertadamente indicó las conductas a seguir para la denuncia penal.

Entonces comenzó el proceso investigativo, que daría luz sobre la implicación de un galeno de gran reputación en varios hechos de venta de marcapasos.

LA CERTEZA DEL RUNRÚN

Cuando el runrún suena… hay que estar alertas y preparados. Esta historia, bien podría formar parte de la trama del filme «El asesino del marcapasos», de Paul Antier; sin embargo, contra toda lógica, los hechos acontecieron en una institución de salud en Cuba, donde, a decir verdad, no es habitual la ocurrencia de este tipo de delito.

Entre los días 22 de mayo y 17 de agosto del pasado año, el médico acusado, especialista de Primer Grado en el Servicio de Cardiología, con 37 años de experiencia en el desempeño de sus funciones, en distintas ocasiones buscó en la morgue de dicho hospital los marcapasos que se recuperaban de las personas fallecidas, acciones que hasta ese momento solo realizaba el jefe de servicio de la especialidad.

El protocolo a seguir era recogerlos en la morgue, enviarlos de inmediato al hospital Antonio Luaces Iraola, en la capital provincial, con el objetivo de revisarlos, comprobar su utilidad y esterilizarlos para su uso nuevamente. Tal proceder lo hizo con algunos, no con la totalidad de los aditamentos, como debió hacer.

Entre los días 22 de mayo y 6 de junio de 2023, el acusado fue hasta la Sala de Terapia Intermedia del referido hospital donde se encontraba ingresado un paciente y, al saber que necesitaba un marcapaso, se le acercó a la hija y le propuso la venta de uno de los que había   recuperado, en la suma de 60 000.00 pesos.

Ella ante la necesidad urgente y la delicada situación de salud de su padre, sin que encontrara otra salida más inmediata, aceptó la proposición. Después se encontraron a solas en un local del hospital y el galeno le entregó el marcapaso, previo pago por parte la ciudadana.

Con similar intención, entre los días 12 y 17 de agosto de 2023, fue nuevamente a la mencionada Sala y se acercó a la acompañante de otro paciente que estaba descompensado de la insuficiencia cardiaca que padecía, motivo por el que requería un marcapaso.

En franca violación de todas las normas éticas aplicó igual procedimiento y le propuso la venta del equipo que ya tenía en su poder en 100 000.00 pesos, cifra que la ciudadana aceptó teniendo en cuenta la compleja situación de salud que presentaba su padre. Pasados unos días se hizo la transacción de lo pactado.

EL DERECHO A LA VIDA NO TIENE PRECIO

Los jueces tuvieron la certeza de que solo el jefe del servicio era el encargado de recuperar los aditamentos, quien los recogía en la morgue y garantizaba el proceso para su revisión, esterilización y regreso al centro para nuevos implantes, cuyo procedimiento, si bien no estaba descrito en algún protocolo de actuación, si estaba bien organizado en ese centro asistencial.

El jefe del servicio, en los meses de mayo a agosto de 2023, delegó esta responsabilidad en el acusado, quien era un médico de prestigio: internacionalista en varias ocasiones, con vastos reconocimientos en su desempeño profesional y el cumplimiento de las misiones asignadas, además de haber sido su profesor y en quien tenía plena confianza, lo que se corroboró en la vista oral del juicio ejemplarizante; lástima que su compañero no pensara igual y decidiera hacer el negocio que le cambió la vida.

Juan —no es su nombre real—traicionó a la confianza en él depositada y actuó con el propósito de obtener dinero fácil, a cambio de la venta de los marcapasos, como quedó demostrado al escuchar a las testigos, quienes sabían que la vida de sus seres queridos estaba en juego, de ahí las razones por las que de inmediato buscaron el dinero para pagar el equipamiento, propiedad del estado y no de un galeno en particular.

Llegado a este punto, sería bueno aclarar que el pago de los aditamentos por parte de los familiares no justifica el actuar, pero explica las razones por las cuales los compraron y lograron salvarles la vida a sus allegados.

Por la lesividad de los hechos, que causaron gran descontento, alarma y repudio en la población que conoció del asunto, por defraudar los servicios médicos, por tratarse de un delito continuado, por lo errado de su actuar y el alcance negativo de su conducta, la decisión del Tribunal fue imponerle a Juan, de 68 años de edad, la pena de 10 años de privación de libertad, sanción que cumplirá en el establecimiento penitenciario que determine el Ministerio del Interior.

Como sanciones accesorias se le impuso al acusado la privación del derecho al sufragio activo y pasivo, el derecho a ocupar cargos de dirección en los órganos correspondientes a la actividad político-administrativo del Estado, en unidades económicas estatales y organizaciones sociales y de masas, por igual período que la sanción principal.  De igual manera se dispuso el comiso del efectivo ocupado, la prohibición para la salida del territorio nacional y la prohibición del ejercicio de la profesión, cargo u oficio para desempeñarse como médico.

Imposible pagar por la vida en un país donde la Salud es una de las conquistas de su sociedad y una de las prioridades máximas y, a la vez, constituye un reto la búsqueda de soluciones innovadoras para resolver los actuales desafíos sanitarios que garanticen el derecho a una vida saludable.

Datos no hay en Cuba, ni en Ciego de Ávila, ni cifras oficiales de la venta de estos equipos sofisticados. Si el contrabando habita, lo hace a la sombra y son escasos, escasísimos, los hechos, a juzgar por las investigaciones.

Sucede que, en cada leyenda, en cada rumor asociado a los servicios de la salud pública cubana, pudiera haber algunos elementos reales y otros ficticios, solo que cuando ambos se combinan, generan preocupaciones, alarmas e inseguridades en la población, si a ello se suma la ocurrencia de un hecho constitutivo de delito, entonces el resultado es muy grave y lesivo, por lo que conductas como la descrita debemos enfrentarla, no solo desde la justicia penal, sino desde la denuncia oportuna.