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La implementación de un procedimiento administrativo común se presenta como una herramienta fundamental para modernizar y optimizar la gestión pública, asegurando no solo mayor eficacia y eficiencia, sino también la protección de los derechos de los ciudadanos frente a las administraciones.
La ordenación común del procedimiento administrativo constituye una premisa para la simplificación y actualización de los modos de hacer de la Administración pública, de acuerdo con la eficacia y eficiencia que debe caracterizar el ejercicio de la gestión en tal ámbito. Sus beneficios trascienden a la organización y el funcionamiento de esta, pues propende a garantizar la protección de los derechos de los administrados frente a los entes públicos.
Sobre esta perspectiva trata el artículo "Configuración del procedimiento administrativo común desde la interpretación judicial", de los juristas Orisell Richards Martínez y Yomays Olivarez Gainza.
Descargue el artículo completo aquí: https://revistajd.tsp.gob.cu/index.php/JD/article/view/22