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El sentido humanista de la Revolución, que apuesta por la justicia, la utilidad de la virtud, el mejoramiento humano y la igualdad de oportunidades, se manifiesta de múltiples formas. Una de sus expresiones más sensibles y nobles se materializa en la labor de prevención de las conductas delictivas y en el empleo de las sanciones alternativas a la privación de libertad.
Bien lo expresó Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), al decir que la labor del juez de ejecución es una de las formas más humanas de expresar la inmensidad de la obra revolucionaria.
Bajo la premisa de no excluir ni rechazar a nadie, sino de apostar por los sentimientos y valores, de influir positivamente en el ser humano, transformarlo, y poner todas sus capacidades en beneficio propio y de la sociedad; se implementa en Cuba hace 21 años un sistema para coordinar e integrar las acciones de control, influencia y atención a las personas que cumplen sanciones o medidas penales que no implican internamiento o encierro en establecimientos penitenciarios.
En este sentido, los órganos judiciales coordinan, cada 2 años, aunque en esta ocasión se ha extendido a 4 por la pandemia de la Covid-19, la realización de talleres, para evaluar sistemáticamente la eficacia de esta actividad de control.
De este modo, se asegura el perfeccionamiento continuo de este sistema, que ha demostrado su utilidad y necesidad como una herramienta indispensable en la aplicación de la política de prevención y enfrentamiento a las actividades delictivas y antisociales, en las condiciones de nuestra sociedad socialista.
En un contexto de transformaciones económicas, políticas y legales, al amparo de la Constitución de la República, proclamada en 2019, y de la reforma judicial acontecida en el país, se realiza, los días 14 y 15 de noviembre, el XI Taller nacional del sistema de control, influencia y atención hacia las personas que extinguen sanciones en libertad.
En la primera sesión de este encuentro participaron Rubén Remigio Ferro, presidente del TSPꓼ Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la Repúblicaꓼ Oscar Silvera Martínez, ministro de Justiciaꓼ el General de Brigada Oscar Callejas Valcárcel, jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionariaꓼ el Primer Coronel Osmani Leyva Ávila, segundo jefe de la Dirección Nacional de Establecimientos Penitenciariosꓼ y Lilian González Rodríguez, subdirectora de organización y atención a los órganos locales, perteneciente al Consejo de Ministros.
También, estuvieron presentes miembros del Consejo de Gobierno del máximo órgano judicial; representantes de organismos, instituciones y organizaciones de masas vinculados a la actividad de control, influencia y atención hacia las personas que extinguen sanciones en libertadꓼ así como presidentes y vicepresidentes de tribunales provinciales populares, presidentes de tribunales municipales populares, jueces y asistentes judiciales vinculados a dicha actividad, y otros invitados.
Remigio Ferro, en su exposición inaugural, hizo énfasis en la importancia de este sistema en la prevenciónꓼ en la educación, fundamental para lograr cambiosꓼ y en el tratamiento de este segmento poblacional, ya que se trata de personas en situaciones de vulnerabilidad.
Igualmente, se refirió a la actuación concertada entre cada uno de los intervinientes en esta labor para lograr los resultados esperados, a la interacción directa con los sancionados y a la individualización de cada caso.
Por su parte, Maricela Sosa Ravelo, vicepresidenta del TSP, en su disertación, abordó el impacto de las nuevas leyes, más abarcadoras en cuanto a derechos y garantías de las personas, en el referido sistema.
Posteriormente, el taller sesionó en tres comisiones de trabajo: la 1 se refirió al tema del empleo y el estudio como forma de cumplimiento de las sanciones alternativas y beneficios de excarcelación anticipadaꓼ la 2 trató las acciones de control, influencia y atención de todos los intervinientes en la actividad, así como la planificación de estrategias de seguimiento atemperadas a cada casoꓼ y la 3 analizó las relaciones de trabajo entre las salas de incidentes con el juez de ejecución, y las instituciones, organismos y organizaciones implicadas en el sistema de control al sancionado.
Entre los principales aspectos abordados en las comisiones, resaltan el dominio de la nueva legislación penal de los actores que intervienen en esta actividadꓼ el papel de las organizaciones de masa en el barrio, de los consejos populares y de las administraciones en el control de los sancionadosꓼ la superación de los jueces de ejecución y asistentes judiciales, hasta lograr, incluso, la especialización y, asimismo, realizar acciones de capacitación con el personal de las salas de incidentes, pues de la ejecución de sentencias emerge un nicho fecundo de investigaciones científicas, al cual se le debe prestar atención.
Los profundos debates emanados de este taller tributarán a fortalecer nuestro Estado socialista de Derecho y justicia social, donde no se excluye a nadie, sino todo el mundo cuenta.
