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Discurso del Acto de Apertura del Año Judicial 2026.
Oscar Manuel Silvera Martínez, presidente del Tribunal Supremo Popular
Buenos días:
Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República;
Esteban Lazo Hernández. Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular;
Yamila Peña Ojeda. Fiscal General de la República;
Rosabel Gamón Verde. Ministra de Justicia;
Lilia María Hernández Doejo. Presidenta de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos;
Magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Popular e integrantes de los tribunales de justicia de todo el país;
Distinguidas autoridades y personalidades de otras instituciones y entidades que nos acompañan;
Compañeras y compañeros:
El inicio del año judicial es un momento importante para abordar los principales resultados de la actividad judicial de la etapa que concluye, y las proyecciones de la que comienza, con el compromiso de cumplir nuestra misión con mayor efectividad, y garantizar que el servicio público que prestamos satisfaga las necesidades y expectativas del pueblo, en nombre del cual impartimos justicia.
En el 2025, se tramitaron en los tribunales del país, en todas sus instancias y materias, un total de 106 744 asuntos, con una disminución de 12 227 respecto al 2024.
Gran parte de esos asuntos se caracterizaron por su alta complejidad, como consecuencia de una litigiosidad superior. Las profundas modificaciones introducidas por las nuevas leyes, ofrecen a las personas diversas posibilidades y garantías para el ejercicio de los derechos, que imprime novedades a la conflictividad y las instituciones jurídicas que se abordan en los procesos judiciales; Además de la necesaria atención diferenciada que requieren las personas en situación de vulnerabilidad, la repercusión social de algunas reclamaciones y la incorporación de nuevos litigantes, cada uno con sus peculiaridades.
Fueron concluidos 94 936 asuntos, que es el 88,9% de lo que se debía resolver, resultado similar al año anterior.
Al finalizar el período, quedaron 11 808 procesos en tramitación; de estos, 265 con incumplimientos de los plazos previstos en las leyes, algunos por razones justificadas y otros por deficiencias en el desempeño del personal judicial. La mayoría de los retrasos obedecen a errores y falta de control del auxilio que se prestan los tribunales, en el diligenciamiento de citaciones y otros trámites.
Si bien esa es la cifra al cerrar diciembre, insistimos en que durante el año fueron identificados 2 798 procesos con excesivas dilaciones, principalmente, en la elaboración de las sentencias y su notificación, dificultad a la que se le prestó atención y se adoptaron medidas para impulsarlos, pero refleja la necesidad de que nuestro sistema de control sea más efectivo, en especial, el que corresponde a la dirección de cada sala y sección.
Las nuevas disposiciones normativas del país, reforzaron un modelo procesal diseñado por audiencias, que favorece la inmediación y comunicación del tribunal con las partes y sus representantes, al tiempo que permite concentrar los actos y lograr mayor celeridad.
En el año fueron celebrados 46 270 actos judiciales en la fecha dispuesta, que representa el 89,2% de los señalados.
No pudieron efectuarse en la primera convocatoria 3 525, por diversas causas, por eso debemos continuar trabajando en todas nuestras estructuras para lograr que los señalamientos se realicen con objetividad, en diferentes horarios y de forma escalonada, en correspondencia con las cargas de trabajo, pero también a las dinámicas propias de cada territorio, la movilidad poblacional, la complejidad del transporte y las posibilidades reales de los traslados de fiscales, abogados y del sistema penitenciario.
Es obligación de los magistrados, jueces y secretarios que los actos judiciales comiencen a la hora prevista: es un deber de respeto a las personas.
En el pasado año también se le prestó particular atención al cumplimiento oportuno y efectivo de las sentencias y otras resoluciones, bajo el principio de que la impartición de justicia no se concreta hasta que se cumplan debidamente las decisiones adoptadas por los tribunales; para lograrlo, se implementaron sistemas de trabajo que permitieron ejecutar 40 263 resoluciones firmes, que es el 92,7% del total a cumplir.
Pero quedaron pendientes 249 casos, que sobrepasan los plazos legales, lo que sin dudas afecta la autoridad y la confianza del pueblo en la capacidad de los tribunales en hacer cumplir sus decisiones, como garantía del principio constitucional de tutela judicial efectiva.
Una experiencia positiva fue la creación en el Tribunal Provincial Popular de La Habana, de la sección encargada de coordinar y controlar el debido cumplimiento de sentencias de alta complejidad.
Esta sección logró ejecutar satisfactoriamente 39 casos, relativos a la realización forzosa de acciones constructivas, reparaciones y demoliciones de inmuebles, reubicación de personas, extracción de ilegales, y el acatamiento de permutas obligatorias.
Eso fue posible por la actuación concertada, planificada y permanente de ese tribunal con el Gobierno Provincial de La Habana, las direcciones de la vivienda, ordenamiento territorial, salud pública, trabajo y seguridad social, los consejo de la Administración Municipal y la Policía Nacional Revolucionaria.
Recientemente, con la participación del Vicepresidente de la República de Cuba, el compañero Salvador Valdés Mesa, se realizó una evaluación de estos resultados con criterios positivos, que nos permitirá su generalización a todo el país.
Durante esta etapa, se continuó fortaleciendo la actividad de control, influencia y atención a las personas que extinguen sanción en libertad, a partir de acciones mejor coordinadas de los jueces de ejecución y sus asistentes, con los integrantes de las instituciones, organizaciones y entidades, responsabilizadas con esta tarea, de tanta importancia para la prevención y enfrentamiento al delito.
En cada territorio se realizaron los ejercicios integrales de comprobación, como mecanismo de seguimiento y control a los sancionados.
De manera general, se aprecia que el desempeño de la función jurisdiccional en el país es adecuado y efectivo. Afirmación que sostenemos a partir del resultado de las visitas de acompañamiento y supervisión realizadas a los territorios, como mecanismo de interacción con la base, y que, de conjunto con otras actividades de control, nos permitió verificar el acierto en las decisiones judiciales, la correcta aplicación de la ley, la observancia de las garantías y, en el caso de la materia penal, el cumplimiento de la política de sanciones que, con justicia y racionalidad, espera y exige el pueblo de la actuación de los magistrados y jueces.
No obstante, en algunos procesos se detectaron errores y deficiencias, comunes a todas las materias, que estuvieron relacionadas con:
La demora injustificada en la tramitación de los procesos e incumplimiento de los plazos establecidos en las leyes; motivado, fundamentalmente, por el insuficiente seguimiento a los asuntos,
La deficiente convocatoria, aseguramiento y celebración de las audiencias, juicios orales y otros actos judiciales; y,
La incorrecta redacción y argumentación de las sentencias, retardo en su confección y notificación a las partes.
Compañeras y compañeros:
En los últimos años, por diversas causas, se ha incrementado la salida de jueces y personal auxiliar, muchos de ellos con experiencia y resultados positivos en el trabajo, circunstancia que también impacta en la calidad del servicio que prestamos; sin embargo, se mantienen laborando compañeros con una gran experiencia y jóvenes motivados y comprometidos, que cumplen sus funciones en condiciones complejas, pero con alto sentido de la responsabilidad y conducta incorruptible.
En ese escenario, y conscientes de la complejidad del momento histórico que vivimos, es deber irrenunciable lograr mayor estabilidad de nuestros recursos humanos, mediante una atención sistemática y diferenciada, que refuerce los valores consustanciales a la impartición de justicia.
En ese empeño, se fortalecieron las relaciones de trabajo y de coordinación con los estudiantes y profesores de las facultades y departamentos de Derecho, y con los politécnicos, para la inserción de estudiantes en las prácticas laborales en los tribunales.
Como se conoce, el cambio de la competencia para resolver los asuntos, introducido por las nuevas leyes procesales, aumentó el trabajo en la instancia municipal y, ese contexto, nos obligó a continuar el despliegue de intensas acciones de capacitación, entrenamiento y orientación al personal de esos órganos, gestiones que seguiremos haciendo, para mantener la calidad del servicio en ese nivel territorial.
En los tribunales continua la implementación de una Estrategia de Transformación Digital que, en alianza, fundamentalmente, con la Universidad de las Ciencias Informáticas y la empresa XETID, contribuye a que el servicio judicial sea más ágil, seguro, efectivo, transparente y accesible para los intervinientes.
Se destaca el Expediente Judicial Electrónico, herramienta que facilita la gestión digital de la tramitación de los procesos y, aunque se aprecian resultados positivos en su utilización, en el 2026 debemos lograr su implementación en todos los tribunales que cuenten con las posibilidades en la infraestructura tecnológica, y también la interoperabilidad con otras instituciones, como los registros públicos del Ministerio de Justicia.
Antes de concluir el año, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, aprobó los objetivos de trabajo, las metas y los indicadores para el 2026, a fin de dar cumplimiento a nuestra misión y atender con prontitud las insuficiencias reflejadas en este informe, en correspondencia con las prioridades del Partido Comunista de Cuba, las indicaciones del Presidente Díaz- Canel, y el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.
Estos objetivos, expuestos de forma sucinta, son:
Primero:
Mejorar los resultados en los indicadores de calidad de la actividad judicial.
Consolidar el Sistema de control, influencia y atención a las personas que cumplen sanciones penales en libertad.
Fomentar y asegurar la conducta ética e incorruptible y la práctica de los valores institucionales por los magistrados, jueces, secretarios y demás trabajadores.
Avanzar en la transformación digital de los procesos judiciales y de las actividades de apoyo.
Garantizar el cumplimiento del Programa Sectorial de Ciencia e Innovación aprobado al Tribunal Supremo Popular, y la culminación de los estudios de postgrado.
Mejorar la comunicación en correspondencia con los objetivos estratégicos del Sistema de Tribunales.
Garantizar el uso correcto de los recursos aprobados por el país para el aseguramiento logístico y financiero de la actividad judicial, con prevalencia del orden, el buen gusto, la limpieza de las sedes y su entorno.
Compañeras y compañeros:
En el año dedicado a la celebración del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, todos tenemos el deber de cumplir con calidad la función que nos corresponde, a lo que dedicaremos nuestro tiempo y esfuerzo, con la misma convicción que defenderemos la Patria ante provocaciones, ofensas y agresiones de sus enemigos, como la reciente orden ejecutiva firmada por Donald Trump declarando a Cuba como una amenaza, y que sanciona a todos los países que comercialicen petróleo con nosotros. Medida coercitiva que viola el Derecho Internacional, y recrudece el injusto, ilegal y genocida bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.
En ese escenario, los integrantes de los órganos judiciales ratificamos nuestro apoyo a la Revolución, y la defenderemos con la misma valentía que la hizo posible la generación histórica, encabezada por Fidel y Raúl, y que hoy, la dirección del país, con Díaz-Canel al frente, lleva adelante. Para eso nos preparamos y estamos convencidos que ¡Venceremos!
Aquí, Presidente Díaz Canel, la Revolución tendrá siempre la garantía de una impartición de justicia a la altura de la dignidad y el coraje del pueblo, y de los héroes y mártires de la Patria, como los caídos en combate en la hermana República Bolivariana de Venezuela.
Ese, es mi mayor compromiso, y el de mis compañeras y compañeros del Sistema de Tribunales de Justicia del país, que hoy ratifico al asumir esta responsabilidad.
Con esa convicción, declaro inaugurado el año judicial 2026.
¡Muchas gracias!