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Los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular recibieron, este lunes, desde el Capitolio Nacional y por videoconferencia, una capacitación sobre las funciones y características de los órganos y organismos que tienen relación directa con la Comisión.
En el caso de la Fiscalía General de la República (FGR), su fiscal general, Yamila Peña Ojeda, refirió que este es el órgano del Estado que tiene como misión fundamental, amparado en el Artículo 156 de la Constitución, ejercer el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción legal pública en representación del Estado.
Como prioridades en el enfrentamiento, la FGR centra la intervención en los procesos penales en temas contra la economía o asociados a la corrupción, la inversión extranjera, reserva de materiales, soberanía alimentaria, materiales de la construcción, sistema electroenergético, comunicaciones; drogas, tráfico y trata de personas, corrupción de menores, lavado de activos y los delitos asociados a estos; delitos contra la vida y la violencia en todas sus manifestaciones, así como las indisciplinas sociales e ilegalidades.
«Dentro de las prioridades de la Fiscalía, no podemos estar alejados, bajo ningún concepto, de la situación económica del país», dijo.
En cuanto a los procesos no penales, añadió, es parte en los concernientes al estado civil y la capacidad de las personas, donde se vean involucrados intereses de menores de edad y de personas en situación de vulnerabilidad, en cualquier asunto en el que alegue un interés social, independientemente del estado de tramitación.
LA CONCEPCIÓN DE LA FUNCIÓN JUDICIAL EN CUBA TIENE CARÁCTER POPULAR
En el caso del Tribunal Supremo Popular, su vicepresidenta, Farah Saucedo Pérez, señaló que, en correspondencia con la Ley 140, y como novedades legislativas, se crean nuevas estructuras y cargos como los plenos de magistrados, sala de amparo de los derechos constitucionales, secciones territoriales, vicepresidente y presidente de sección de los Tribunales Municipales Populares.
Se instituye, además, la carrera judicial con el ingreso por concurso, ascenso por méritos y competencias demostradas en el tránsito por las diferentes instancias y órganos judiciales y se perfecciona el régimen de responsabilidad patrimonial y disciplinaria.
Destacó que la concepción de la función judicial en Cuba tiene carácter popular, donde la impartición de justicia constituye un ejercicio de soberanía.
La defensa del orden constitucional es un deber supremo de los Tribunales, sobre la base, entre otros, de principios de igualdad, gratuidad, independencia e imparcialidad, supremacía constitucional, proactividad.
UN CRONOGRAMA LEGISLATIVO INTENSO
Tal como refiriera el titular de Justicia con anterioridad, la viceministra primera del sector, Rosabel Gamón Verde, expresó que el cronograma legislativo de la anterior legislatura (la novena) fue intenso, característica que también tendrá la actual donde está la propuesta de aprobación de 52 Leyes y 29 Decretos-Leyes.
De forma general, acotó que 26 instituciones son responsables de la elaboración y presentación de las normas.
El 64,2 % de las normas previstas recaen en siete ponentes: cuatro del Ministerio de Relaciones Exteriores, cinco del Ministerio de la Agricultura, cinco del Ministerio de Economía y Planificación, seis del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, once del Ministerio de Justicia y trece del Ministerio del Interior.
Precisó que los años 2023 y 2024 concentran la mayor actividad legislativa: 29 leyes y 22 Decretos-Leyes y el cumplimiento de los plazos para la presentación se establece en 60 días a la ANPP y 45 días al Consejo de Estado.
Por otra parte, representantes del Ministerio del Interior se refirieron a la organización y funcionamiento del trabajo investigativo y procesal en la Policía Nacional Revolucionaria; así como la misión y organización de la Especialidad de Investigación Criminal.
Sobre la implementación de la Ley de Proceso Penal en Cuba, la profesora de la Universidad de la Habana y jurista Maida Goite Pierre, destacó que esta es una Ley que se desarrolla no desde la dogmática, sino desde las concepciones de la política criminal cubana. Es una Ley pensada para Cuba con las ideas que tiene nuestra sociedad.
Tomado del granma: https://www.tsp.gob.cu/documentos/gaceta-oficial-no73-extraordinaria-de-21-de-noviembre-de-2022