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¡ ¡ ¡Esta es la Revolución! ! !, ¡ ¡ ¡Aquí estamos y estaremos ! ! !
Aún resuenan en nuestros oídos y en nuestros corazones, estas frases vibrantes y rotundas.
Los millones de patriotas cubanos que amamos, defendemos y continuaremos impulsando y desarrollando la obra revolucionaria, desde cualquier posición o tarea en que nos encontremos, recientemente hemos sido convocados, por la alta dirección del país, a no desfallecer ante las dificultades y los obstáculos y hacerles frente, con decisión, inteligencia, optimismo y confianza en la victoria.
Fueron esos los mensajes que recibimos de los debates del VII Pleno del Comité Central del Partido, del más reciente período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular y, en particular, de los estremecedores discursos pronunciados, hace solo unos días, por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución; y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, en ocasión de celebrarse el acto central por el aniversario 65 del triunfo de la gesta revolucionaria.
¡ ¡ ¡Esta es la Revolución! ! !
Todos los patriotas dignos debemos tener bien clara la parte del deber que nos corresponde en esta permanente e insoslayable batalla del pueblo por mantener la libertad, la independencia y la soberanía contra los intentos del imperio y sus lacayos por sojuzgarnos y someternos a sus designios, mediante el bloqueo, el asedio y la subversión.
Nuestra misión es clara: somos el sistema de órganos del Estado que, por mandato constitucional, de manera exclusiva, tenemos la compleja y hermosa función de impartir justicia en nombre del pueblo, al que orgullosamente pertenecemos.
El cumplimiento certero y efectivo de esa encomienda resulta clave para que prevalezca en la sociedad el necesario ambiente de orden, legalidad y armonía en las relaciones sociales de todo tipo. El contenido fundamental de lo que hacemos es tramitar, juzgar y resolver ―con arreglo a lo establecido en la Constitución y las leyes― innumerables conflictos y controversias que ocurren en las familias, las comunidades, los centros laborales, las relaciones mercantiles, los asuntos administrativos, y los delitos cometidos por quienes infringen las normas penales vigentes.
El resultado de nuestra labor impacta en la calidad de vida de las personas y es uno de los componentes esenciales en la materialización del Estado de derecho y justicia social proclamado en el primer artículo de la Constitución de la República.
Consecuentemente, para los magistrados, jueces, secretarios judiciales y demás integrantes de esta institución, el único modo de estar a la altura de estos tiempos ―con sus exigencias, retos y desafíos― es hacer bien, y cada vez mejor, lo que nos corresponde.
Desde hace años, hemos asumido que ese es el deber primordial de quienes nos desempeñamos en esta importante actividad, con la convicción de que somos servidores públicos y, por tanto, debemos enfocarnos en satisfacer las expectativas de las personas y la sociedad en su conjunto, y asegurarles que cuentan con órganos de administración de justicia verdaderamente independientes, imparciales, accesibles, justos, transparentes y efectivos.
Ese afán permanente de mejorar progresivamente el desempeño individual y colectivo, permitió que, en 2023 ―un año de tantas complejidades y contratiempos―, los tribunales de justicia lograran procesar y concluir 113 986 asuntos, lo que equivale al 87,6% del total a tramitar.
Por otra parte, en ese mismo período, debieron ser ejecutadas 49 932 sentencias firmes y, de ellas, se cumplieron 44 609, para el 89,3%.
Son resultados de trabajo que, en términos generales, pueden valorarse como positivos, y para lograrlos requirieron, en no pocos casos, de ingentes esfuerzos tanto por parte del personal de nuestros órganos como de abogados, fiscales, instructores, investigadores policiales y otros intervinientes.
No obstante, por razones de diversa índole, al cerrar el año, permanecían 289 asuntos con retraso en su tramitación, mientras que 382 sentencias presentaban dilaciones en su cumplimiento, cuestiones que reclaman la mayor atención.
A lo anterior se añade que las acciones internas de supervisión e inspección realizadas a la calidad del desempeño de jueces, asistentes y secretarios judiciales en la etapa concluida, permitieron comprobar que si bien, en sentido general, la labor judicial de nuestros órganos se realizó de manera correcta y ajustada a la Constitución y las leyes asegurando el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva como derechos fundamentales de las personas; también es necesario y oportuno reconocer que, en ocasiones, fueron detectados errores y deficiencias en la labor de algunos compañeros, que estuvieron relacionados fundamentalmente con:
― Demoras injustificadas e incumplimiento de los términos y plazos establecidos.
― Violaciones de procedimientos y garantías legales de las partes.
― Decisiones adoptadas sin suficiente fundamentación y argumentación.
― Insuficiencias y falta de sistematicidad en el trabajo de los jueces de ejecución y sus asistentes.
Esas y otras debilidades fueron oportunamente señaladas a sus responsables y, cuando resultó pertinente, se adoptaron las medidas requeridas.
Es innegable que, en una parte de los problemas de calidad detectados, también influye el hecho de que, en el transcurso de 2023, nuestros tribunales continuaron siendo impactados por la salida del Sistema de un número importante de jueces y secretarios judiciales, por disímiles causas; sin embargo, resulta igualmente innegable que un grupo significativo de valiosos jóvenes, junto a otros compañeros con larga experiencia, se mantienen firmes, altamente motivados y comprometidos con la profesión y se emplean cotidianamente a fondo, con denuedo y consagración, a la hermosa tarea de impartir justicia, a veces en condiciones difíciles y complejas.
A esos compañeros y compañeras, furibundos enamorados de su profesión y del importante servicio que prestan a la sociedad, desde la impartición de justicia, que permanecen, batallan y se entregan por entero al trabajo en el Sistema de Tribunales, debemos reconocerlos y atenderlos con sistematicidad.
Tampoco es posible ignorar que tanto para nosotros, como para los demás operadores del Derecho, el pasado año fue un período de aprendizaje y avances en la adquisición y consolidación de conocimientos, y en el desarrollo de las habilidades requeridas para la correcta implementación de las múltiples e innovadoras modificaciones introducidas por las nuevas leyes sustantivas y procesales ─incluido el aumento de las competencias en la instancia municipal─, contexto que nos obligó a desplegar un intenso programa de capacitación, preparación y entrenamiento de todo el personal judicial, a la vez que el Consejo de Gobierno y las salas de justicia del Tribunal Supremo Popular reforzaron su papel orientador y conductor, para asegurar la coherencia y uniformidad en la interpretación y aplicación de lo establecido.
Al respecto vale destacar, con énfasis especial, el notable incremento que para la responsabilidad de los tribunales y sus jueces significó la entrada en vigor de nuestro flamante y avanzado Código de las familias, al establecer que muchas de las oportunidades, diversas e inclusivas, que puso a disposición de todas las personas en los ámbitos familiar y socioafectivo, requieren, en su mayoría, para configurarse legalmente, la autorización o aprobación judicial. Otro tanto ocurre con el nuevo Código penal y la Ley de proceso penal; normas que introdujeron una multiplicidad de nuevas instituciones, garantías y facultades, cuya materialización requiere, ineludiblemente, de la intervención y decisión del tribunal.
Puede afirmarse, sin temor a equivocación que, a partir de producirse en los años más recientes, esa extraordinaria y profunda reforma legal sustantiva y procesal, derivada de la Constitución promulgada en 2019, se ha hecho más exigente, desafiante y apasionante y, por tanto, más hermoso, el ejercicio de la función judicial en el país.
En este año, ¡tenemos que seguir así!: Elevando la preparación y el adiestramiento de nuestros profesionales, pero también el control sistemático y la exigencia frente a cualquier manifestación de desinterés, apatía o superficialidad en el ejercicio de la función.
Esa es, concretamente, la parte del deber de quienes integramos esta institución para acompañar, como es debido, desde el cumplimiento efectivo de nuestras funciones, las «Proyecciones del Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía», expuestas por el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, en su sustancial intervención ante el Parlamento el pasado 21 de diciembre, las que actualmente se encuentran en fase de implementación progresiva.
El 2024, como expresó el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, en el discurso de clausura del más reciente período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular: «Se imponen la voluntad de trabajar, el afán de avanzar, la disposición de perfeccionar y la convicción profunda de que vamos a vencer».
En correspondencia con ese sentir, el Sistema de Tribunales de Justicia le va a entrar a este año «con la manga al codo», como se dice popularmente.
Tenemos definido un grupo de objetivos y metas que nos permitirán continuar mostrando sólidos pasos de avance en el cumplimiento de la función asignada. Entre ellos, podemos mencionar los siguientes:
─ Consolidar las capacidades y habilidades en el procesamiento y juzgamiento de los asuntos con la calidad debida, en sintonía con los nuevos contenidos de las recientes leyes que impactan en la actividad judicial, con especial énfasis en los tribunales municipales, en muchos de los cuales recaen hoy los mayores volúmenes de asuntos, frecuentemente con altos niveles de complejidad.
─ Intensificar las acciones internas de supervisión e inspección a la calidad del desempeño de jueces, asistentes y secretarios judiciales, en la tramitación de los procesos, como uno de los componentes esenciales de nuestro sistema de gestión de la calidad.
─ Lograr que, en el transcurso del año, quede implantado, en la gran mayoría de nuestros órganos, el Expediente Judicial Electrónico y que el Sistema Digital de Gestión Estadístico, se utilice plenamente como herramienta de trabajo a todos los niveles.
─ Asegurar que las decenas de magistrados y jueces que transitan por doctorados y maestrías, avancen en estos o los concluyan exitosamente; y que otros se incorporen a tales estudios.
─ Continuar fortaleciendo los vínculos con las universidades, especialmente con los profesores y estudiantes de la carrera de Derecho, en todas sus modalidades (curso regular, por encuentro, etc.) para garantizar, en el futuro, la cantera principal de ingreso, como jueces profesionales.
─ Proseguir gestionando y fortaleciendo entre los integrantes de nuestros órganos, conducta ética e incorruptible, sentido de justicia, cohesión, armonía, motivación, sentido de pertenencia, y la práctica constante de los valores institucionales.
─ Potenciar la atención sistemática y diferenciada a los jóvenes, como protagonistas presentes y futuros del desempeño de las funciones judiciales.
─ Seguir fomentando la participación de los integrantes de los tribunales en proyectos de investigación científica e innovación, como parte del Programa sectorial de ciencia, tecnología e innovación del Sistema de Tribunales 2024-2030, aprobado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
─ Elevar en cantidad, calidad y sostenibilidad, las acciones de comunicación organizacional, en correspondencia con la Estrategia aprobada para el Sistema de Tribunales.
─ Fortalecer el papel coordinador de los tribunales en el sistema de control, influencia y atención hacia las personas que extinguen sanciones en libertad.
Además de los temas y propósitos antes mencionados, habrá otros a los que también pondremos el máximo empeño y la mayor tenacidad para concretarlos en la práctica. En todos, se definirán los responsables y se establecerán los cronogramas para valorar gradualmente su cumplimiento, a partir de la correspondiente rendición de cuenta de los encargados de llevarlas a cabo.
No será fácil conseguir su realización en medio de las dificultades y obstáculos presentes en el camino; pero, para logarlo, nos sobra entusiasmo revolucionario, fuerza de ánimo, sentido de la responsabilidad y compromiso con nuestro pueblo, al cual nos debemos.
¡ ¡ ¡Puedo asegurar, en nombre de todos mis compañeros de los órganos jurisdiccionales, a lo largo y ancho del país, que 2024, para los tribunales de justicia, será también un año de avances y de victorias! ! !
Declaro formalmente inaugurado el año judicial 2024.
Muchas gracias.