Discurso de apertura del año judicial 2023, pronunciado por el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro

Compañeras y compañeros todos:

Hace apenas unos días los tribunales de justicia, junto a todo nuestro pueblo, festejamos el aniversario 64 de la Revolución y despedimos otro año duro de trabajo, combate y tenaz resistencia. El 2022, como esperábamos, puso a prueba, una vez más, la capacidad de los integrantes de esta institución para enfrentar, creativamente, grandes retos y dificultades y garantizar, en circunstancias generalmente difíciles y complejas, el desempeño adecuado y efectivo de la actividad judicial.

El nuevo período de 12 meses que ya comenzó, aún con vaticinios alentadores de mejoría en la vida económica y social del país, no se avizora diferente en cuanto a intensidad de tareas y desafíos a enfrentar, pero, puedo afirmar, con total seguridad, que tampoco serán menores el empeño y la disposición de ánimo de nuestra gente para vencerlos y, en definitiva, al decir del primer secretario del CC PCC y presidente de la República, el 2023 será otro año más de lucha, pero también de esperanza.

En el año recién concluido el trabajo judicial, en términos generales, fue nuevamente intenso. Durante varios meses, hubo que bregar, no sólo con las limitaciones derivadas de las medidas endurecidas del férreo bloqueo impuesto por el imperio yanqui, y otras adversidades conocidas, sino, además, bajo la persistente influencia de la pandemia y las dificultades derivadas de sus consecuencias, si bien, en la medida en que se logró el control de la enfermedad, se retomó el curso de los asuntos cuya tramitación debió ser temporalmente interrumpida, y se procedió a juzgarlos de conjunto con los que continuaron llegando a nuestras sedes.

Como resultado del empeño y la dedicación de magistrados, jueces, secretarios judiciales y el resto de los trabajadores de estos órganos, junto a la imprescindible participación de fiscales, abogados, instructores, investigadores policiales y otros intervinientes en los asuntos judiciales; el pasado año, los tribunales de justicia, sumando todas sus instancias y órganos, debieron tramitar y resolver, un total de 89 406 asuntos y, de ellos, procesaron y concluyeron 76 468, lo que equivale al 85.5%.

A la vez, en el mismo período, se debió dar cumplimiento a 49 389 sentencias firmes y, de ellas, se lograron ejecutar 45 334, para el 91.8%.

Las cifras referidas constituyen un resultado muy meritorio y reflejan que, aún en las difíciles circunstancias anteriormente descritas, la administración de justicia en el país marchó, en general, a un ritmo adecuado, a diferencia de lo que acontece en no pocos lugares de mundo.

El ingente trabajo desplegado en ese período estuvo también acompañado, en la gran mayoría de los casos, por una apropiada calidad en la tramitación y resolución de los asuntos, según se pudo verificar mediante los mecanismos internos de inspección y supervisión, desplegados en nuestra institución.

No obstante, al cerrar el año, por diversas razones, permanecían 539 asuntos con retraso en su tramitación y existía demoras en el cumplimiento de 400 sentencias, cuestión a la que precisamos continuar dedicándole la mayor atención, por los efectos negativos que determina para la eficacia de la justicia judicial.

Por otra parte, un reducido grupo de jueces y secretarios judiciales presentaron dificultades y deficiencias en su desempeño, lo que fue oportunamente analizado y, en su momento, se adoptaron las medidas correspondientes con los implicados, incluyendo, en ciertos casos, su separación del cargo por insuficiente capacidad o actitud.

En el año que recién terminó, la labor de nuestros órganos estuvo igualmente marcada por los denodados esfuerzos para implementar, de manera consecuente, los cambios sustanciales introducidos con respecto al ejercicio de la función de impartir justicia, a partir de la profunda reforma sustantiva, procesal y judicial derivada de la aprobación de las nuevas leyes que, por mandato expreso de la Constitución de la República, fueron aprobadas para este ámbito, por la Asamblea Nacional del Poder Popular, entre finales de 2021 y principios de 2022.

En el presente 2023, el quehacer de magistrados, jueces y personal judicial deberá continuar enfocado, como objetivo primordial, a consolidar el conocimiento y dominio del contenido de esas nuevas normas, y garantizar y asegurar, en la práctica cotidiana, el estricto cumplimiento de lo que en ellas se dispone.

En ese sentido, debemos tener bien claro que el proceso de transformación, desarrollo y evolución de la práctica judicial, no terminó con la entrada en vigor de las nuevas normas.

Las disposiciones normativas contenidas en esos cuerpos legales no abarcan ni pueden abarcar, en todos sus matices, la diversidad de acciones y modos de actuación que, en el orden operacional, implican los procederes para tramitar y resolver, jurisdiccionalmente, los distintos asuntos, con la debida materialización, concreta y transparente, de los derechos fundamentales y las garantías reconocidos a las personas por la Constitución de la República, en especial los relacionados con el acceso a la justicia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

En virtud de ello, es preciso comprender que continúa existiendo un reservorio, amplio y profundo, para repensar, atemperar y rediseñar aspectos de la justicia judicial cubana y, por tanto, es tarea de orden para nosotros, desde los tribunales, continuar impulsando y contribuyendo al desarrollo de la ciencia y la innovación del Derecho y la justicia en el país.

Muestra palpable de esa vigente necesidad la constituyen las 13 instrucciones emitidas en el recién finalizado año, por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en uso de sus atribuciones constitucionales, estableciendo, para todos los tribunales, modelos de actuación, uniformes y coherentes, en las maneras concretas de realizar trámites y actos judiciales, en el marco de las regulaciones generales que al respecto contienen las referidas disposiciones normativas.

Como importante hito innovador en el camino hacia la transformación digital de la actividad judicial en el país, también debo hacer mención especial del sustancial impulso dado al diseño e implementación en nuestros órganos del expediente judicial electrónico; revolucionario programa informático que propicia la tramitación y sustanciación, por este medio, de los procesos judiciales, con las innumerables ventajas que supone dicho avance tecnológico.

Esta sofisticada herramienta está casi a punto y es un imperativo para nosotros lograr su plena utilización en el presente año.

A partir de lo anterior, me permito afirmar que, si el año vencido se distinguió, para nosotros, por el cambio estremecedor y sustancial de la base normativa que regula la organización y el funcionamiento de los tribunales y los necesarios aprendizajes y entrenamientos sobre el manejo de las novedades introducidas, en relación con el modo de proceder para tramitar y juzgar los asuntos a nuestro cargo, este 2023 se nos presenta como el período en que, indefectiblemente, tendremos que fortalecer y consolidar la destreza y las habilidades para ser consecuentes aplicadores de esos nuevos contenidos.

¡Debemos asumir que, de nosotros, en los tribunales, en gran medida, depende que se concrete, como realidad palpable, el gran salto adelante y la transformación profunda de la justicia, contenida en la Constitución y sus flamantes leyes de desarrollo!

No será tarea fácil. Para lograrlo, habrá que continuar sorteando obstáculos escabrosos, como los lamentables y sensibles abandonos de nuestras filas, que se producen por parte de algunos jueces y secretarios judiciales –a veces valiosos– que deciden probar suerte en otros destinos, dentro y fuera del territorio nacional, y también los relacionados con las carencias y limitaciones derivadas de las difíciles circunstancias que enfrenta el país.

¡Pero lo vamos a lograr! Nada nos quitará el fervor, el ímpetu y el compromiso que nos caracteriza, ni la sana satisfacción que nos produce cumplir con nuestra honrosa función.

A pesar de los referidos avatares, el 2022 también nos hizo vivir memorables acontecimientos que reforzaron la motivación, el arraigo y la pasión que compartimos quienes amamos esta institución y su delicada misión de impartir justicia en nombre del pueblo de Cuba:

• En abril, un extraordinario encuentro con jóvenes jueces de todo el país en Santa Clara, nos hizo vibrar de alegría y admiración por el empuje y el entusiasmo con que asumen la enorme responsabilidad que implica la profesión.
• De enero a junio, mostramos transparentemente los resultados de nuestro trabajo, con sus logros e insatisfacciones, al juicio crítico de la población y a sus representantes en la Asamblea Nacional, en los órganos locales del Poder Popular y en las organizaciones de masas, en un ejercicio ampliamente democrático y abarcador de verdadera rendición de cuenta.
• En mayo, organizamos y realizamos exitosamente el X Encuentro Internacional “Justicia y Derecho”, prestigioso evento científico de altísimo nivel que contó con la participación de cientos de jueces, académicos y otros profesionales de las ciencias jurídicas, cubanos y de varios países de Suramérica, Europa, África y Asia.
• Durante los meses de marzo y abril, centenares de jueces de todo el país, junto a otros juristas, asumieron la presentación, en reuniones de vecinos y colectivos laborales, del contenido del proyecto de Código de las familias, sometido a una amplia Consulta Popular.
• Recientemente, el pasado mes de noviembre, llevamos a cabo el XI Taller Nacional del Sistema de control, atención e influencia sobre las personas que cumplen sanciones penales en libertad, excelente reunión de trabajo, con amplia y rica participación de jueces, asistentes judiciales y de representantes de las instituciones, organizaciones y entidades implicados en esa labor de tanta importancia para la prevención y el enfrentamiento al delito y las ilegalidades.
• En diciembre, tuvieron lugar otros dos relevantes eventos de alcance nacional y gran impacto para el trabajo de nuestros órganos jurisdiccionales: el Taller sobre la transformación digital en el Sistema de Tribunales y el Taller sobre los procesos judiciales relacionados con el Derecho de familia. En ambos se produjeron enriquecedores debates, de muy alto nivel técnico y profesional, y se concretaron ideas y propuestas que propiciarán un notable impulso a la calidad de la gestión judicial en lo adelante.

Así, paso a paso, marchamos en 2022, buscando en todo momento la mejora continua de nuestra gestión, con clara conciencia de lo que ello significa para el bienestar de la ciudadanía y la estabilidad de la nación.

Así lo haremos también en el presente año, con el estímulo adicional que significa que, en el transcurso de sus días, semanas y meses estaremos celebrando el Aniversario 50 de la creación del Sistema de Tribunales de la República, instituido con la promulgación de la Ley No. 1250, de 23 de junio de 1973, “Ley de organización del Sistema Judicial”, a partir de cuyos postulados quedaron unificados, los diversos órganos y entidades que, hasta ese momento, cumplían funciones jurisdiccionales, por separado, en diferentes ámbitos del país.

Desde entonces, mediante esa norma, por decisión de la Dirección de la Revolución, quedó establecida la concepción unitaria, coherente y uniforme, en la organización y funcionamiento de los tribunales de justicia del país la que, con posterioridad, ha sido ratificada y elevada a un rango superior en los textos de la Constitución de la República de 1976 y de 2019, y desarrollada con amplitud en sucesivas leyes orgánicas específicas para nuestra institución, con sus correspondientes reglamentos, hasta llegar la vigente Ley No. 140 ”Ley de los tribunales de justicia”, promulgada a fines de 2021.

En días recientes, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular aprobó el Plan general de actividades para celebrar, en cada órgano jurisdiccional, en el transcurso del año, la conmemoración de tan relevante acontecimiento. Lo hemos concebido no solo como un grupo de actividades para el recuento y el regocijo, sino, además, como incentivo para alcanzar estadíos superiores en el cumplimiento de nuestras funciones.

A lo largo de estos años, nos hemos formado bajo principios de alto sentido del deber e inquebrantable compromiso con el Pueblo y la Revolución; defendiendo y practicando, individual y colectivamente, los valores institucionales que compartimos, como: supremacía constitucional, legalidad, sentido de lo justo, independencia, imparcialidad, transparencia, probidad, humanismo, honestidad, responsabilidad y patriotismo.

Esas son y continuarán siendo, en el presente año y en los venideros, nuestras premisas y nuestro relevante aporte a la consolidación de Cuba como Estado socialista de derecho y de justicia social, definido en el primer artículo de nuestra Carta Magna.

¡Así lo haremos! ¡Que cuenten con nosotros el pueblo en cuyo nombre actuamos, nuestro Partido y usted estimado presidente Díaz-Canel porque, como nos enseñaron Martí y Fidel, ¡“Se puede mucho juntos”! y todos los integrantes de esta institución, unidos y con absoluta convicción, cumpliremos, sencilla y naturalmente, la parte del deber que nos corresponde.

Declaro formalmente inaugurado el año judicial 2023.

Muchas Gracias.