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Durante los días 28 y 29 de mayo se desarrolló en La Habana el Taller Internacional “La seguridad jurídica en el entorno empresarial”, organizado por el Tribunal Supremo Popular, la Unión Internacional de los Huissiers de Justice (UIHJ), la Embajada de Francia en Cuba y la Cooperación Francesa.
Este evento comenzó con la intervención del presidente del Tribunal Supremo Popular, Oscar Manuel Silvera Martínez, quien ofreció la bienvenida a los participantes y resaltó la importancia del desarrollo de este encuentro en medio de la actual situación de amenaza a la soberanía de Cuba y el recrudecimiento del ilegal, injusto y genocida bloqueo del Gobierno de EEUU contra nuestro país. Refirió que los tribunales cubanos prestan particular atención al cumplimiento oportuno y efectivo de las sentencias y otras resoluciones judiciales, bajo el principio de que la impartición de justicia no se concreta hasta que se ejecuten debidamente las decisiones adoptadas por los tribunales, y además, puntualizó, que el objetivo del taller es intercambiar, debatir y tomar experiencias sobre este tema.
En el encuentro se escucharon las conferencias magistrales de Juan Mendoza Díaz, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Marc Schmitz y Luis Ortega, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Unión Internacional de los Huissiers de Justice, Héctor Dominique, jurista francés y amigo entrañable de los cubanos, y Farah Maritza Saucedo Pérez, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, con la participación de magistrados de este máximo órgano de justicia, jueces del Tribunal Provincial Popular de La Habana, y de representantes de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y del Ministerio de Justicia. Los temas abordados se centraron en el papel de los profesionales de la ejecución en Europa y Cuba.
Desde hace muchos años se realizan intercambios mediante seminarios y talleres, que se han convertido en verdaderos espacios de diálogo, cooperación e intercambio de experiencias en los trámites de la ejecución de las resoluciones judiciales, como condición esencial del Estado de Derecho y garantía del desarrollo económico de los países. El profesor Mendoza Díaz explicó la regulación que contiene el Código de Procesos sobre la ejecución de las resoluciones judiciales, que consagra la tutela judicial efectiva, como máxima protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y la institucionalidad, también abordó el papel proactivo del juez en este trámite tan importante y las diferentes herramientas procesales con las que cuenta para hacer cumplir sus decisiones.
Marc Schmitz expresó que su institución representa a más de un centenar de organizaciones profesionales en todo el mundo y defiende una idea: la ejecución es un factor clave de seguridad jurídica para los actores económicos. Explicó que los oficiales de justicia están en el centro de la vida cotidiana de los ciudadanos, son un actor social, porque visitan los hogares y las empresas en su medio natural para poder ejecutar las sentencias, entran en contacto directo con las personas, son la conjugación entre la humanidad y la autoridad, constituyen la interfaz entre el Derecho y la realidad. Enfatizó, que estos funcionarios tienen que hacer bien su trabajo, para evitar que un conflicto resuelto por la sentencia genere otro conflicto en la ejecución. Deben dar tratamiento con sensibilidad y racionalidad tanto a los acreedores como a los deudores y respetar sus derechos fundamentales, así como mediar y llegar a acuerdos entre ellos para cumplir la decisión judicial de la mejor forma.
El presidente de la Unión Internacional de los Huissiers de Justice consideró que la creciente complejidad de las relaciones económicas, la internacionalización de los intercambios comerciales, la aparición de nuevos tipos de activos, en particular los digitales, y la necesidad de adaptar constantemente las herramientas jurídicas, son temas que se encentran en el centro de las preocupaciones actuales y representan un desafío para los sistemas jurídicos. Las empresas, los inversionistas y los socios económicos necesitan certezas, saber que sus derechos están protegidos, que sus créditos podrán ser cobrados y que las resoluciones judiciales dictadas a su favor serán respetadas; por eso, en este contexto, el fortalecimiento de la cooperación internacional se vuelve indispensable.
La vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Farah Maritza Saucedo Pérez, explicó la experiencia de la Sala de Ejecución de Sentencias en materia civil, familiar, administrativa mercantil, y trabajo y seguridad social en el Tribunal Provincial Popular de La Habana, sus antecedentes, el funcionamiento actual y su posible generalización a todo el país. Esta es la estructura encargada de coordinar y controlar el debido cumplimiento de las decisiones judiciales de alta complejidad con la actuación concertada del tribunal con las entidades y autoridades del territorio.
El profesor Héctor Dominique dedicó sus comentarios a los principios que rigen la relación del agente de ejecución con el juez de ejecución en Europa, cómo los funcionarios especializados en este trámite deben ser accesibles, estar lo más cercano posible al domicilio del deudor, para poderlo escuchar, dominar el ámbito de desenvolvimiento de este, y actuar con prontitud y certeza para el cobro del crédito. Asimismo, disertó sobre la insolvencia de los actores económicos y de cómo proceder en estos casos. Luis Ortega, expuso las medidas cautelares y ejecutivas en materia mercantil: un análisis en profundidad desde la perspectiva del derecho comparado europeo. Afirmó que las medidas cautelares responden a una lógica fundamental: impedir que el tiempo judicial beneficie al deudor de mala fe. Resaltó la necesidad de que las medidas cautelares se adopten para abarcar nuevos objetos jurídicos, a menudo menos visibles, pero mucho más estratégicos.
Tradicionalmente, estas se centraban en los bienes materiales: mobiliario, mercancías, equipos industriales e incluso existencias comerciales, se podía identificar físicamente los bienes del deudor, y la intervención del agente judicial consistía principalmente en constatar, inventariar e inmovilizar estos elementos materiales; sin embargo, esta lógica ha evolucionado profundamente, la economía contemporánea se caracteriza por una creciente desmaterialización de los activos, principalmente los flujos financieros, derechos intangibles y las estructuras jurídicas complejas. Ejemplificó con las cuentas bancarias, los créditos comerciales, las participaciones sociales y los activos digitales están surgiendo como un nuevo ámbito del derecho de ejecución que puede tratarse de criptoactivos, carteras digitales, cuentas en plataformas en línea o incluso derechos relacionados con la economía digital.
Esto refuerza aún más el papel del agente de ejecución, llamado a convertirse no solo en un ejecutor, sino también en un actor estratégico en la identificación y la protección de los activos, en un entorno jurídico y económico en constante mutación. En Cuba, se incrementan las demandas judiciales en las que intervienen la diversidad de actores económicos que confluyen en la actividad mercantil y de otras esferas de la vida cotidiana, esta dinámica compleja exige de nuestros jueces una alta preparación en los temas de ejecución de sentencias firmes y la incorporación a la práctica judicial de conocimientos, habilidades y experiencias de los mejores modelos de actuación reconocidos internacionalmente. Este taller contribuyó, sin dudas, a ese propósito.