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En Cuba, la consulta popular se ha consolidado como el pilar fundamental sobre el cual se edifica el marco legal de la nación. Lejos de ser un mero trámite formal, este mecanismo representa un proceso de debate abierto y genuino, donde la población se transforma de espectadora, en protagonista activa de la creación de las normas que regirán su vida. En el corazón de este ejercicio democrático reside una convicción: la fortaleza y legitimidad de una ley son directamente proporcionales a la amplitud de la participación en su gestación.
Con la meta de actualizar la normativa laboral para reflejar la compleja realidad económica y social actual, inició el pasado mes, el proceso de consulta popular del Anteproyecto de Ley Código de Trabajo.
Este canal directo entre el pueblo y sus instituciones asegura que las opiniones, experiencias y demandas de la base social lleguen a quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones finales. Este rasgo distintivo fortalece la legitimidad de la norma resultante, garantizando que no sea el producto exclusivo de expertos, sino la sabiduría colectiva y las experiencias vividas en los centros de trabajo y las comunidades.
En la sede del Tribunal Supremo Popular, concluyó satisfactoriamente este proceso de diálogo abierto, en el que todos los trabajadores pudieron expresar sus opiniones, canalizar inquietudes, proponer alternativas y, sobre todo, construir consensos que reflejan un interés mayoritario. En ese entendido, se realizaron 13 planteamientos recogidos como propuestas de cambios, desglosados en 6 modificaciones, 5 adiciones y 2 eliminaciones.
Involucrarse en esta consulta es ejercer un derecho, pero también asumir una responsabilidad con el futuro del país. Las leyes que se discuten hoy definirán el entorno laboral de los próximos años, por lo que cada criterio, cada aporte y cada voz cuentan.
