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El 31 de mayo de 1999, la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular (TPP) de Ciudad de La Habana recibió la Demanda del pueblo de Cuba al Gobierno de los Estados Unidos por daños humanos.
El título no dejaba lugar a dudas: el pueblo cubano, a través de sus organizaciones de masas y sociales, denunciaba en aquel documento «la aplicación, por Estados Unidos, de una brutal política de hostilidad y agresiones de todo género destinada a destruir la Revolución Cubana, reconquistar el país y reimplantar el sistema de dominación neocolonial que durante más de medio siglo impuso a Cuba».
Acciones políticas, militares, económicas, biológicas, diplomáticas, sicológicas, propagandísticas, de espionaje; actos terroristas y de sabotaje; la organización y apoyo logístico a bandas armadas y grupos mercenarios clandestinos; el aliento a la deserción y emigración; intentos de liquidar físicamente a los líderes del proceso revolucionario cubano y otras son resultado de la aplicación de esa política hostil que, entre otros daños, había causado 3 478 cubanos fallecidos y 2 099 incapacitados, así como «incalculable sufrimiento a los ciudadanos de este país, penurias ante la carencia de medicamentos, alimentos y otros medios indispensables para la vida (…), peligros constantes resultado de la subversión política e ideológica desatada, lo que ha significado el sufrimiento sostenido, general e injustificado de todo un pueblo, daño que se caracteriza además por su perennidad y casi inestimable magnitud (…)».
El TPP de Ciudad de La Habana, en aquel entonces, basándose en los preceptos de la Constitución de 1976 y el Código Civil de Cuba, dictaminó que el gobierno agresor debía indemnizar al pueblo cubano con el pago único de 181 100 millones de dólares, puesto que además: «Según la práctica internacional, los Estados son responsables por los daños y perjuicios causados por su conducta y actos —tanto en el orden legislativo como administrativo y judicial—, la de sus agentes y funcionarios, e incluso por los actos de las personas naturales de cada país, si los órganos correspondientes de dicho Estado omitieran tomar medidas de prevención o supresión, y, en consecuencia, se hallan en el deber de reparar los daños y perjuicios causados, lo que universalmente se califica como responsabilidad civil».
El tribunal también condenó al gobierno norteamericano «a que públicamente se [retractara] por el daño moral del que han sido objeto tanto los familiares como las víctimas de los hechos narrados en esta demanda».
La Demanda del pueblo de Cuba al Gobierno de los Estados Unidos por daños humanos, sin lugar a dudas, constituye un trascendental documento, de un estimable valor histórico y jurídico, que arriba a sus 25 años, y no puede escogerse mejor ocasión para que magistrados, directivos y jóvenes del Tribunal Supremo Popular visitaran el Memorial de la Denuncia, donde el pueblo cubano acude a rendir merecido tributo a las víctimas de las continuas agresiones del imperialismo a nuestro país, «por eso es un memorial y no un museo», según explicó la especialista de dicha institución que acompañó a los visitantes, quien agregó que este centro además es un tributo a la memoria histórica nacional.
El espacio trasciende por la forma en que nos muestra la historia, a través de modernas tecnologías aplicadas al concepto de la museografía y el diseño.
Entre quienes tuvimos la oportunidad de disfrutar de la visita, una de las magistradas comentó con profundo sentir que cada vez que visitaba el Memorial el corazón se le agitaba. También se vieron a no pocos asomárseles a sus ojos una lágrima.
Mientras que para las jóvenes presentes resultó de extraordinario valor encontrarse en un lugar como ese, cargado de tanta historia, y resaltaron que es fundamental que exista para que las nuevas generaciones conozcan por lo que ha luchado este pueblo para llegar a donde estamos hoy.
El recorrido concluyó con un emotivo intercambio, a propósito de que entre los participantes se encontraban protagonistas de ese proceso judicial, a cargo de conocer esos hechos, entre ellos el magistrado Carlos Manuel Díaz Tenreiro, ejemplo vivo de memoria histórica en el sistema judicial cubano.
En este sitio, con la fuerza de un huracán, a los patriotas cubanos nos crece la memoria y mostramos al mundo, con pruebas contundentes, las reiteradas agresiones que ha sufrido nuestra isla y cómo hemos sido capaces de resistirlas. En cada lugar, incluso en el más minúsculo que pueda existir, está presente Fidel. Al entrar nos recibe su histórica frase: «¡Cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla!».
Del Memorial de la Denuncia, donde la verdad habla, se sale fortalecido y renovado en el amor por una tierra donde sobran razones para defenderla siempre.