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Muchos lingüistas coinciden en que el lenguaje jurídico destaca por su poca transparencia. En ocasiones resalta por ser un lenguaje altisonante, con formulaciones largas, uso de extranjerismos, abreviaturas incompresibles, ausencia o exceso de puntuaciones.
En este sentido, se debe tener en cuenta que muchos receptores que les interesa conocer aspectos del ámbito jurídico, poseen diferente formación académica y capacidad cognoscitiva, por lo que es necesario que estos textos sean entendibles.
Por ende, existe un imperativo de aplicar un lenguaje más factible, sobre todo en la comunicación jurídica con el ciudadano medio y cualquier usuario en general.
Por su parte, el psicólogo cognitivo George A. Miller estableció en 1956 que el límite de procesamiento de la información en nuestra memoria a corto plazo es de entre 7 y 9 palabras; un texto más largo sobrecargaría la memoria.
En consecuencia debemos conocer y emplear algunas pautas que simplifiquen el lenguaje y a su vez ayuden a optimizar la compresión de textos, especialmente los de contenido jurídico.
Se debe apostar por palabras claves centrales, utilizadas en un estilo neutro, preciso, cercano a lo cotidiano, evitando las nociones abstractas, el uso polisémico del lenguaje y la voz pasiva.
Asimismo, es conveniente evadir el uso del gerundio y las nominalizaciones de los verbos, evitar la concatenación de oraciones subordinadas, omitir las palabras innecesarias, utilizar conectores para relacionar párrafos e ideas, y siempre que sea posible explicar la terminología especializada, así como los arcaísmos.
De igual forma, los textos no deben tener una extensión que sobrepase los límites razonables, ha de contener solo una unidad temática, se deben evitar lo párrafos unioracionales y la sucesión de párrafos debe seguir un hilo discursivo lógico, usar preposiciones correctas y que aparezcan en todos los elementos de una enumeración, sustituir las locuciones latinas por su significado en español o introducir su traducción entre paréntesis,como también utilizar las comillas adecuadamente a la hora de citar, distinguir entre citas breves y largas, y evitar la concatenación de citas.
Respecto a esto, los profesionales del ámbito jurídico tienen la responsabilidad de hacerse comprender y expresarse con claridad. De manera que se debe encontrar un equilibrio entre precisión técnica y claridad jurídica. Ello, a su vez, mejorará la credibilidad y la eficacia de las instituciones jurídicas de cara al sector público.
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