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BEIJING, 28 ago (Xinhua) -- El máximo órgano legislativo de China comenzó este lunes la deliberación de propuestas sobre dos borradores de revisión de leyes sobre la organización de los tribunales y las fiscalías para legislar sobre las medidas de la reforma judicial.
Los legisladores debatirán sobre las propuestas en la sesión bimestral del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN), inaugurada el 28 de agosto.
En comparación con la ley vigente, el nuevo texto de la Ley Orgánica de los Tribunales Populares añade disposiciones sobre los tribunales marítimos, los de derechos de propiedad intelectual y los de circuito del Tribunal Popular Supremo, según el documento presentado por el Comité de Asuntos Internos y Jurídicos de la APN ante la sesión.
Para fortalecer la responsabilidad de los jueces, el borrador establece reglas organizativas y operativas para juicios colegiados con jueces y juicios con un solo juez, así como los deberes del personal judicial correspondiente, indica el documento.
Otro borrador de revisión afecta a la Ley Orgánica de las Fiscalías Populares incluye nuevas disposiciones para satisfacer las necesidades de la profundización en la reforma del sistema de supervisión nacional, que requiere importantes ajustes de las reglas sobre el poder y el personal de las fiscalías.
El borrador también establece el poder de los fiscales al presentar juicios de interés público conforme a la ley.
Ambos documentos detallan la protección para el personal judicial en la realización de sus deberes.
Según los nuevos textos, los jueces y fiscales no pueden ser destituidos, rebajados, despedidos o sancionados sin razón legal y el debido proceso. Cualquier acción de acoso, insulto, amenaza o violencia contra jueces, fiscales o sus parientes cercanos será sancionada severamente.
La sesión del Comité Permanente de la APN también incluye la deliberación de propuestas sobre borradores de enmiendas a ocho leyes, como la Ley de Jueces.
Según los borradores, el examen nacional de admisión a la carrera judicial será obligatorio no solo para jueces, fiscales, abogados y notarios, sino también para aquellos que trabajan en la revisión administrativa y la concesión administrativa, los asesores legales de las agencias gubernamentales y los árbitros legales.