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A examinar los proyectos de leyes sobre los Tribunales Militares, el Proceso Penal Militar, y el Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión de Suelo, dedicaron los diputados buena parte de la jornada de preparación de este sábado, que contó con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández; así como de otros funcionarios del Partido y el Gobierno.
Durante el intercambio, acontecido en el Palacio de Convenciones, previo al Octavo Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura, a celebrarse a partir del próximo 21 de diciembre, el diputado Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, aseguró que los proyectos referidos al ámbito militar «guardan total sintonía con las normas equivalentes aprobadas recientemente, dígase: Ley de los Tribunales de Justicia y Ley del Proceso Penal».
Llamó la atención sobre lo enriquecedor del proceso de consultas previas con los diputados, mediante videoconferencia, y con las diferentes estructuras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los ministerios del Interior y de Justicia, la Fiscalía, las universidades del país, así como con jueces militares que dirimen asuntos de esa naturaleza.
Sobre las propuestas específicas emitidas por los diputados, informó que el proyecto de Ley de los Tribunales Militares suscitó 28, de las cuales fueron aceptadas 25.
A partir de dichas intervenciones, agregó, se adicionaron cuatro artículos, concernientes, entre otros temas, a los procesos de democión de los magistrados militares, y los requisitos, funciones y atribuciones de los secretarios y trabajadores de los tribunales en esta área. Además, fueron perfeccionados otros 23 acápites.
En cuanto al proyecto de Ley del Proceso Penal Militar, puntualizó que los diputados hicieron 31 propuestas y fueron aprobadas 28; se modificaron 207 artículos y se introdujeron cambios en la parte expositiva de la norma.
Entre las principales transformaciones, Remigio Ferro también mencionó aquellas relacionadas con las competencias de los tribunales militares, la incorporación de nuevas causas de incapacidad para actuar como peritos, así como la posibilidad de que la víctima establezca recurso contra la decisión de archivar las actuaciones.
La diputada electa por Guantánamo, Idaliena Díaz Casamayor, consideró que el proyecto defiende los derechos en el ámbito militar y se ajusta a los preceptos constitucionales. No obstante, sugirió la inclusión en la norma del procedimiento a seguir si una persona no está de acuerdo con el acta levantada tras una acción de registro.
Mientras, el diputado artemiseño Miguel Enrique Charbonet aludió, en una de sus intervenciones, a la necesidad de incluir en la norma una disposición que especifique los montos tenidos en cuenta para determinar las cuotas.
Posteriormente, Diana Rosa Suárez, directora jurídica del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, expuso el proyecto de ley sobre Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión de Suelo, «norma que no tiene precedentes en el país».
La propuesta, profundamente técnica, determina, de forma general, los instrumentos de ordenamiento territorial y urbano, los principios que lo rigen, su alcance e instancias de aprobación, unido a principios relacionados con las servidumbres, el Catastro Nacional y las zonas con regulaciones especiales.
Según la experta, el proyecto recibió 93 propuestas de los diputados, de las cuales fueron aceptadas 84. Al mismo tiempo, enfatizó en las modificaciones introducidas en su estructura y redacción, en aras de garantizar una mejor comprensión.
