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Distinguidas autoridades que nos acompañan en la presidencia:
Excelentísimos señores embajadores que nos honran con su presencia:
Estimados delegados e invitados al encuentro:
Amigas y amigos presentes:
Permítanme, en primer lugar, cumplir con el deber elemental de expresar, ante todo, una vez más, la consternación y pesar de los integrantes de los tribunales de justicia cubanos junto a los miembros de las instituciones y entidades del sector jurídico, por el trágico accidente ocurrido hace apenas unos días en un hotel de esta ciudad, a consecuencia del cual perdieron la vida 46 personas, y 99 resultaron lesionadas, en algunos casos con peligro para sus vidas. Llegue a los familiares y allegados de los fallecidos nuestras sentidas condolencias, y a los lesionados convalecientes y sus afectos cercanos nuestra solidaridad y deseos de pronta recuperación.
Sobreponiéndonos a la persistente tristeza que nos deja tan lamentable suceso, debo necesariamente referirme a la enorme satisfacción que nos embarga, a los integrantes del sistema judicial y a la comunidad de juristas cubanos en general, por retomar ¡al fin!, la realización de esta prestigiosa fiesta de la ciencia del Derecho y la Justicia.
Nuestro entusiasmo es aún mayor al comprobar la calurosa acogida dispensada a esta nueva convocatoria del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba por tan diverso y calificado número de profesionales del Derecho y la judicatura provenientes de 16 países de América, Asia, Europa y África que, sorteando dificultades y obstáculos de todo tipo, decidieron acudir a este evento, desde tan diversos orígenes geográficos, lo que asumimos como muestra palpable de consideración y respeto hacia el sistema judicial cubano y, obviamente, hacia nuestro país y su pueblo digno y resuelto que, pese a bloqueos, agresiones y asedios, avanza indeteniblemente en su camino de lucha, trabajo y progreso.
Destaco con énfasis particular, el privilegio de contar en esta ocasión con la compañía y participación de los excelentísimos señores: Sra. Viengthong Siphandone, Presidenta del Tribunal Supremo Popular de Lao; Sra. Marie Jose De Dravo Zinzindohoue, Presidenta de la Alta Corte de Justicia de Benin; Sr. Nguyen Van Du, Vicepresidente del Tribunal Popular Supremo de Vietnam; Sr. Alberto Pérez Dayán, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Mexico; Sr. Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana y Primer Sustituto del Presidente; Doña Gabriela Bravo Sanestanislao, Consejera de Justicia, Interior y Administración Pública del Gobierno de Valencia, España, entre otras muchas relevantes personalidades participantes en este foro.
Les aseguro a todos; que haremos nuestro mayor esfuerzo para corresponder a tan generosa concurrencia y desplegaremos, al máximo, la sincera y fraterna hospitalidad que nos distingue y que ustedes merecen.
Cuando, el 25 de mayo de 2018, al clausurar el IX Encuentro Internacional, convocamos a este evento ─habitualmente realizado cada dos años─, estábamos lejos de imaginar el terrible escenario que impondría la pandemia causada por el virus Sars-CoV-2 y sus nefastos efectos para la humanidad.
Esta situación impidió que pudiéramos reencontrarnos en 2020, y después en 2021 hasta que hoy, rebasada en lo fundamental la influencia de la nociva epidemia, gracias en nuestro caso, al esfuerzo sostenido y el aporte de las ciencias médicas y biotecnológicas cubanas, que fueron capaces de concebir soluciones técnicas de avanzada y producir cinco vacunas o candidatos vacunales, de comprobada eficacia, podemos nuevamente reunirnos en este cónclave, que se consolida como un foro privilegiado para el debate sobre temas actuales y perspectivos de la impartición de justicia en nuestros países, mediante la socialización de saberes y experiencias y la identificación de nuevos derroteros a transitar, para asegurar sistemas de justicia, cada vez más íntegros y transparentes, que aporten a la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.
En la anterior edición del encuentro, anunciamos que Cuba estaba inmersa en la actualización de su modelo de desarrollo económico y social, como parte del cual se han realizado profundas transformaciones, acompañadas, en todo caso, de las necesarias disposiciones normativas.
El 10 de abril de 2019, fue proclamada la nueva Constitución de la República, que definió a la nación como un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos [...] para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva.
La Carta Magna, además, ratificó el carácter genuinamente popular de la impartición de justicia, y reforzó los derechos y garantías de las personas. Entre estas últimas, refrendó el acceso a la justicia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, como pilares irrenunciables del modelo de desarrollo socialista.
Las disposiciones transitorias de esa flamante y robusta Carta Magna, encomendaron al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular ─máximo órgano gubernativo de los tribunales de justicia en nuestro país─, presentar oportunamente a la consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular ─órgano legislativo de la nación─ los proyectos de leyes que actualizaran y atemperaran, a las disposiciones del texto constitucional, las normas relacionadas con los procedimientos procesales y la organización y funcionamiento de los tribunales de justicia.
En cumplimiento de ese mandato, en el transcurso de los últimos meses se propusieron a la Asamblea Nacional y resultaron aprobadas nueve leyes, que transforman profunda y creativamente nuestro sistema judicial y procesal, con estricto apego a nuestras tradiciones y cultura jurídicas, pero enriquecidas con las experiencias del Derecho comparado, los tratados internacionales ratificados por el país y los resultados de numerosas tesis de investigación, que las convierten en productos genuinos de la ciencia y la innovación.
Son ellas: la Ley de los tribunales de justicia, el Código de procesos, la Ley del proceso administrativo, la Ley del proceso penal, la Ley de los tribunales militares, la Ley del proceso penal militar, la Ley del proceso de amparo de los derechos constitucionales, la Ley de ejecución penal y el Código penal.
La entrada en vigor de estas disposiciones, pone a prueba la preparación, pericia, competencia y destreza de todos los operadores del Derecho y la actividad judicial del país, sobre todo, a los magistrados y jueces, a quienes las regulaciones contenidas en dichas normas confían amplias y novedosas facultades para hacer efectiva la protección judicial en cada caso, desde su posición de garantes de los derechos e intereses de las personas, la seguridad jurídica y la paz social.
Una vez promulgadas y puestas en vigor esas normas, su proceso de implementación, implica un reto extraordinario, que abre paso a la capacidad creativa y de asimilación de los operadores del sistema de justicia, al plantearles nuevos enfoques y modelos de actuación, determinados por las modificaciones legales introducidas.
En ese sentido, en Cuba, resulta de gran importancia el papel orientador del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, derivado de su facultad constitucional para emitir dictámenes y criterios vinculantes, en cuanto a la correcta interpretación y aplicación de las leyes, en aras de establecer una práctica uniforme en cuanto al procesamiento y juzgamiento de los asuntos cuando existan dudas u opiniones discrepantes al respecto. Vale decir que varios de los dictámenes y pronunciamientos hechos con anterioridad por ese órgano sirvieron de base para la elaboración de las recientes modificaciones legislativas.
Por todo lo dicho con anterioridad es que consideramos importante y oportuno, que la temática central de este evento, se dedique a la reforma judicial y procesal en marcha en el país, que resulta también un tema de mucha actualidad e interés en el debate internacional.
No creo necesario extenderme en estos temas, puesto que a continuación escucharemos las disertaciones al respecto a cargo de los destacadísimos académicos con larga experiencia práctica en la actividad procesal.
El programa científico del encuentro incluye 6 conferencias magistrales, que serán impartidas por prestigiosos académicos y magistrados. A su vez, se desarrollarán 17 paneles, referidos a temas transversales de la impartición de justicia, entre los que se encuentran, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, la protección cautelar, la actividad probatoria, la oralidad y la audiencia, los métodos alternos de solución de conflictos, la argumentación y fundamentación de las resoluciones judiciales, su impugnación y ejecución, en los que, de la mano de reconocidos especialistas del Derecho, escucharemos 12 intervenciones especiales.
Como novedad del encuentro, en esta ocasión, estaremos dedicando un espacio mayor al debate y la reflexión de los participantes, sobre cada uno de los temas propuestos, inspirados en su insoslayable aporte creativo para el perfeccionamiento de la justicia en nuestros países.
Los jueces y demás juristas cubanos aquí presentes estamos ávidos y ansiosos por escuchar y aprender de las exposiciones y comentarios de quienes han venido a ofrecernos, generosamente, sus experiencias y sabiduría sobre los temas que nos ocupan, a la vez, estamos listos para exponer y debatir nuestra realizaciones y puntos de vista al respecto.
Estimados participantes e invitados:
Este Congreso tiene lugar en momentos en que el mundo convulsiona estremecido por nefastos acontecimientos que se manifiestan en distintas regiones del planeta: eventos sísmicos catastróficos, conflictos bélicos, incremento de la violencia y la inseguridad, desastres medioambientales, crisis migratorias, acciones terroristas, auge de la delincuencia transnacional, hambrunas, entre otras calamidades que ponen en solfa la propia existencia humana.
Lamentablemente, el Derecho y la justicia sufren también, en algunos sitios del planeta, los desmanes de la violencia y el abuso, cuando sucumben o se les somete por la fuerza a intereses mezquinos de grupos de poder que los manejan y pisotean a su antojo. Los efectos de esa manipulación inescrupulosa se materializan con la adopción de disposiciones y resoluciones evidentemente parcializadas e injustas, a las que se arriba mediante interpretaciones retorcidas y sesgadas de las leyes, realizadas por jueces y otros funcionarios venales y corruptos.
Frente a esos deplorables comportamientos se yerguen los hombres y mujeres honorables, y virtuosos −como los que nos acompañan en esta sala−, que allí donde les corresponde, enaltecen con sus actitudes y acciones la prevalencia del Derecho y la justicia con sus inseparables atributos democráticos y éticos. Cuba es y seguirá siendo −en este como en otros aspectos de la vida social− un baluarte de dignidad y decoro en la defensa y garantía de los derechos de las personas naturales y jurídicas.
Al respecto, me parece oportuno partir de una aseveración que, a nuestro juicio, resulta crucial asumir: tan importante como contar con normas y disposiciones, claras y precisas, que establezcan el marco regulatorio aplicable a los distintos tipos de procesos sometidos al conocimiento y jurisdicción de los tribunales y cortes judiciales; lo es, también, que los jueces que tienen a su cargo la tramitación y decisión de esos asuntos, estén subjetivamente dispuestos y propensos a ofrecer la tutela jurídica y judicial, concreta y suficiente, que en derecho corresponde.
Tal afirmación encuentra sustento en el papel activo y creador que, a juicio nuestro, debe asumir el juez en todo el curso del proceso, en su labor integradora de interpretación y aplicación de las normas al caso concreto, ante cada una de las diversas situaciones que, en su tramitación, se presentan.
El criterio prevaleciente en Cuba es que la misión de los jueces rebasa la de ser meros aplicadores de normas y disposiciones al asunto que dirimen, y que su tarea implica, además, el deber de hacerlo con clara noción y sentido de lo justo, de manera que, tanto su actuación como sus decisiones en el proceso, se caractericen no solo por su sustento legal, sino también por su transparencia y por el nivel de humanismo, equidad, racionalidad y adecuada ponderación que denoten.
Ese posicionamiento consciente como servidores públicos y esa determinación subjetiva al desempeñar su función, interpretando y aplicando el Derecho al caso concreto, con perspectiva integradora, contextualizada y justiciera, son rasgos definitorios comunes en los jueces cubanos. Así lo podrán apreciar quienes nos visitan en cualesquiera de los cientos de colegas nacionales que participan en este cónclave.
El referido replanteo conceptual del ejercicio de la función judicial, con enfoque de servicio público, supone la jerarquización a nivel institucional, individual y colectiva, de valores como la responsabilidad, el compromiso, la transparencia, la honestidad, el sentido de justicia y la actuación diligente, junto a otros que, unidos e interrelacionados entre sí, se concretan en la implementación de buenas prácticas en la actuación de los tribunales y los jueces, encaminadas a asegurar la prevalencia de las garantías y derechos de las personas naturales y jurídicas que intervienen en los procesos.
Como es obvio, procurar niveles cualitativos superiores en el desempeño de los órganos jurisdiccionales, como en cualquier otra actividad, no puede dejarse a merced de la generación espontánea; sino que, por el contrario, requiere del despliegue de acciones intencionadas, encaminadas a gestionar y propiciar el mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia de la labor judicial, partiendo de que, como suele decirse con razón, la calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia.
Para ello, es indispensable fijar requisitos e indicadores precisos, que permitan evaluar y medir, en su momento, cuánto se acercan o alejan los resultados obtenidos de los estándares prestablecidos y esperados, teniendo presente el aserto de que “no es posible mejorar lo que no se puede medir”.
Existe toda una ciencia constituida y en desarrollo acerca de la normalización, gestión y control de la calidad, que aplica perfectamente al ámbito de lo judicial, entendido como servicio público destinado a la satisfacción de necesidades y requerimientos de las personas naturales y jurídicas usuarias, y a la plena realización del acceso a la justicia como derecho humano fundamental.
Varios países de América Latina y el Caribe avanzan en la implementación de sistemas de gestión de calidad en el ejercicio de la función judicial.
En el caso de Cuba, el Tribunal Supremo Popular, de conjunto con la Oficina Nacional de Normalización, adscripta al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, trabaja intensamente, desde hace algunos años, en un proyecto de diseño de un sistema de gestión de calidad para el desempeño de la actividad jurisdiccional en el país, tomando como referente la norma NC ISO 9001: 2015 y los principios y preceptos contenidos en varios instrumentos internacionales.
No me extiendo más. Solo me resta sugerirle a quienes nos visitan desde otros países para compartir con nosotros estas jornadas que, en la medida de sus posibilidades, aprovechen su estancia para apreciar las bondades y bellezas de este país, y su rico patrimonio histórico, cultural y social, pero, sobre todo no pierdan la oportunidad de conocer el gran tesoro de la isla: ¡su gente!, esa que, pese a obstáculos y adversidades, no ceja ni cejará en su empeño de conquistar toda la justicia y construir un mundo mejor.
¡Declaro inaugurado el X Encuentro Internacional Justicia y Derecho!
Muchas gracias
