Apertura del año judicial 2025. Discurso pronunciado por Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Judicial.

Acto de apertura del Año Judicial

29 de enero 2025

Palabras del presidente del Tribunal Supremo

Compañero Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado.

Estimados compañeros Primer Ministro Manuel Marrero Cruz y Roberto Morales Ojeda.

Distinguidas autoridades del Partido, el Gobierno, y de otras instituciones que nos acompañan.

Queridos colegas magistrados del Tribunal Supremo Popular e integrantes de tribunales provinciales y municipales.

Compañeras y compañeros todos.

Hace solo unas pocas semanas culminó el año 2024. Para los tribunales, como para todas las instituciones y demás entidades del país, y para el pueblo cubano, en general, volvió a ser un año plagado de inconvenientes y obstáculos, pero fue también, una vez más, un período de constante batallar, resistir y avanzar sin descanso.

A lo largo de sus días, semanas y meses, nuestros órganos, sus jueces, secretarios y demás personal, continuaron empleándose a fondo, y sin reparos, para cumplir con dignidad su honrosa misión, en ocasiones en condiciones desfavorables, relacionadas con dificultades objetivas o subjetivas de diversa índole.

Ese empeño tenaz hizo posible que, en términos generales, los resultados de la actividad judicial del país, al cierre del año concluido, mostraran, de nuevo, indicadores alentadores, tanto en lo relativo a la solución de asuntos tramitados, que se comportó al 89.4%, al resolverse 101 907 de un total de 114 012 por solucionar, como en lo referente a la ejecución (cumplimiento) de las sentencias y resoluciones emitidas, donde se alcanzó un 93.6%, al quedar cumplidas 44 267, de un total de 47 275.

Esos loables resultados numéricos estuvieron acompañados, en su mayor parte, de un desempeño cualitativo adecuado en el trabajo de jueces, secretarios y asistentes judiciales, en lo relativo a la actuación ágil y diligente en el manejo de los asuntos, respeto al debido proceso y a los derechos y garantías de las partes, adopción de decisiones acertadas y debidamente argumentadas; y cumplimiento efectivo y oportuno de las sentencias y otras resoluciones judiciales.

No obstante, una vez más, los sistemas internos de evaluación, control y supervisión implementados, permitieron identificar algunas deficiencias e insuficiencias en el desempeño de las funciones de un pequeño número de integrantes de nuestros órganos en cuya solución pusimos de inmediato la mayor atención.

Dichas dificultades estuvieron asociadas con:

• Dilaciones injustificadas en la tramitación y solución de determinados asuntos.

• Toma de decisiones erráticas e infundadas en algunos casos.

• Elaboración de resoluciones judiciales sin la debida argumentación.

Si bien estas insuficiencias no son tan frecuentes en el desempeño de la mayoría de los jueces y secretarios, no obstante, prestamos y seguiremos prestando la mayor atención a su detección oportuna y la implementación de medidas para su erradicación, con plena conciencia de que menoscaban la efectividad de nuestro trabajo.

Sin embargo, no sería justo, en lo absoluto, que la innegable existencia de ese reducido número de debilidades y la necesidad de rectificarlas, empañara y desacreditara lo mucho y lo fuerte que se trabajó en la actividad judicial durante el período vencido y continuaremos haciéndolo en el que recién comienza.

A pesar de que, tal y como aconteció en años precedentes, en el transcurso de 2024, varias decenas de jueces profesionales y secretarios judiciales, por disímiles razones, causaron baja y salieron de la institución; entre quienes permanecen brindando sus servicios en los órganos jurisdiccionales del país prevalecen la motivación, el entusiasmo, el compromiso y el sentido de responsabilidad hacia el efectivo cumplimiento de las importantes misiones que, en nombre del pueblo, asumen.

A ello contribuye, la debida selección para el ingreso, la constante preparación y superación profesional, el fortalecimiento de la disciplina y el comportamiento ético, el ambiente de camaradería, solidaridad, cohesión y armonía que prima en los colectivos; a lo que se suma el permanente acompañamiento de magistrados, jueces y directivos del Tribunal Supremo Popular y de los tribunales provinciales a los órganos de las instancias inferiores.

Otro elemento determinante para fomentar el arraigo y la estabilidad de quienes se mantienen o motivar y atraer a quienes aspiren a ingresar en la judicatura, lo constituye el tratamiento especial y diferenciado que se dispensa a las mujeres y los jóvenes tomando en cuenta sus intereses y necesidades dado el papel protagónico y esencial que asumen en todo el sistema.

En adición a lo anterior, se continúan estrechando los fuertes vínculos con profesores y estudiantes de los cursos, regulares y para trabajadores, de la carrera de Derecho, al igual que con los estudiantes de Técnico Medio en Derecho y Técnico Superior en Asistencia Jurídica, muchos de los cuales prestan servicio, a tiempo parcial, en nuestros órganos; a la vez que un número importante de magistrados y jueces imparten docencia en esos centros.

Por otra parte, seguimos avanzando, a paso firme, en el proceso de Transformación Digital de la actividad judicial y algunas de sus áreas de apoyo, con el despliegue progresivo de sus dos productos líderes: el Expediente Judicial Electrónico (XEJEL) y el Sistema de Gestión Estadístico (SGE), a la vez que se trabaja en estrecha alianza con la empresa XETID y con estudiantes y profesores de la UCI, en el desarrollo de otros importantes programas informáticos de aplicación en nuestra actividad.

De igual forma, es preciso destacar el creciente dinamismo y apreciable nivel alcanzado por la investigación científica y la innovación entre los integrantes del Sistema de Tribunales cubano. Cada año, un significativo grupo de profesionales de esta institución dedican parte de su tiempo, capacidad y talento, a indagar, con métodos científicos, en disímiles aspectos y problemas del Derecho y la justicia judicial, y arribar a propuestas de soluciones innovadoras que, oportunamente, se socializan en foros y seminarios territoriales, nacionales e internacionales.

En tal sentido, puedo aseverar que en el personal de los tribunales existe un creciente y contagioso ambiente de investigación e innovación.

La seriedad y profesionalidad con que se lleva a cabo esta actividad, propició que desde 2023 el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) aprobara al Tribunal Supremo Popular un Programa Sectorial de Ciencia e Innovación en el marco de las ciencias sociales, denominado “Perfeccionamiento de la justicia judicial para contribuir al desarrollo de la sociedad en el siglo XXI”, en el que participan 61 investigadores, entre magistrados, jueces, destacados profesores universitarios y otros especialistas del país, agrupados en 6 proyectos de investigación en marcha, según la metodología establecida, a los que se adicionan 4 nuevos proyectos, ya validados y aprobados, en los que se comenzará a trabajar en el actual 2025.

Al cierre de diciembre de 2024 ejercían como jueces profesionales en los tribunales populares 940 compañeras y compañeros, de los cuales 6 poseen la categoría de doctores, 92 graduados como másteres y 232 como especialistas, mientras que transitan como aspirantes a doctores 27, a maestrías 107 y a especialidades 9. Se ha organizado por la institución y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana un programa de Maestría en Derecho Judicial con matrícula cautiva, especialmente concebido para jóvenes jueces de hasta 35 años, en la que concluyó la parte lectiva de la primera edición, y se trabaja por los cursistas en sus respectivas tesis; en las próximas semanas daremos inicio a la segunda edición de esta importantísima y singular acción de crecimiento profesional.

Como hitos relevantes en este sentido, debo mencionar que la tesis doctoral defendida, recientemente, por el compañero Yoel Quinta Arango, juez profesional del tribunal provincial de Matanzas, fue reconocida por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, como mejor tesis de esa categoría en el 2024 y que, por otra parte, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), reconoció a la compañera,  Doctora en Ciencias Jurídicas, Rufina de la Caridad Hernández Rodríguez, Magistrada de este alto órgano de justicia, con la condición honorífica de “Investigadora de Mérito”; además, le será entregada próximamente, por decisión del presidente de la República, a propuesta del CITMA, la Orden “Carlos J. Finlay”.

Por otra parte, se ha avanzado, apreciablemente, en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma Cubana ISO 9001, de 2015, con el asesoramiento de destacadas especialistas en el tema.

El escenario descrito permite apreciar la vitalidad, y empuje que, a pesar de las adversidades, caracterizan al Sistema de Tribunales de justicia, y el firme compromiso de sus integrantes de continuar mejorando, en cualquier circunstancia, su desempeño como servidores públicos.

El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en fecha reciente, definió los principales objetivos de trabajo que guiarán el accionar de los órganos jurisdiccionales del país durante el 2025, que son:

1. Mejorar los resultados en los indicadores de calidad de la actividad judicial, reduciendo sustancialmente las dilaciones injustificadas en la tramitación y solución de los asuntos, y los errores y deficiencias en la confección de las resoluciones judiciales.

2. Fomentar y asegurar la conducta ética e incorruptible y la práctica de los valores institucionales por los magistrados, jueces, secretarios judiciales y demás personal.

3. Gestionar y garantizar la captación, permanencia, cohesión, armonía, motivación y preparación efectiva del personal de la institución.

4. Consolidar el trabajo del sistema de control, influencia y atención a las personas que cumplen sanciones penales en libertad.

5. Avanzar en la implementación del Expediente Judicial Electrónico (XEJEL), el Sistema de Gestión Estadístico (SGE), y otros resultados de la transformación digital de la justicia judicial en marcha.

6. Adelantar en el desarrollo de los proyectos de investigación del Programa Sectorial de Ciencia e Innovación, y avanzar o concluir los trabajos de tesis de jueces y otros profesionales vinculados a programas de doctorados, maestrías y especialidades.

7. Incrementar, y asegurar la calidad y sostenibilidad de las acciones de comunicación organizacional en correspondencia con la estrategia y el Plan de Acción aprobados al efecto.

8. Garantizar la permanente mejora de las condiciones de trabajo en nuestros centros, y la facilitación de estímulos e incentivos a cuadros, jueces y demás personal, con énfasis especial en los jóvenes y mujeres.

La consecución de estos objetivos nos permitirá dar cumplimiento, en cuanto nos corresponde, a las cuatro prioridades del Partido, ratificadas por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en el recién efectuado 9no. Pleno, de la organización e, igualmente, acompañan desde el cumplimiento de nuestras funciones, las Directivas Generales para la prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las indisciplinas sociales y las ilegalidades, que dan cumplimiento al Objetivo No. 8 de las Proyecciones del Gobierno para el 2025.

En el presente año los tribunales de justicia cubanos continuaremos cumpliendo dignamente con nuestro deber, con el firme propósito de no defraudar jamás la confianza depositada en nosotros por el pueblo en cuyo nombre actuamos.

Para este período nuestra divisa será:

¡¡¡Ni un paso atrás!!!

Declaro formalmente inaugurado el año judicial 2025

Muchas gracias