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La tutela judicial efectiva es la garantía que tienen las personas de acudir a los tribunales para obtener la protección de sus derechos e intereses legítimos cuando estos han sido afectados o amenazados.
La Constitución de la República de Cuba reconoce este derecho en su artículo 92, al establecer que el Estado garantiza a las personas el acceso a los órganos judiciales para obtener una tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. Asimismo, dispone que las decisiones judiciales son de obligatorio cumplimiento.
Por su parte, la Ley No. 140/2021, "De los Tribunales de Justicia", define la tutela judicial efectiva como la obligación de los órganos judiciales de proteger los derechos e intereses legítimos de las personas, mediante el aseguramiento del acceso a la justicia y el debido proceso, así como de adoptar las medidas necesarias para restablecer la legalidad cuando esta haya sido quebrantada.
Esto significa que la tutela judicial efectiva no se limita a permitir que una persona presente una reclamación ante un tribunal. Implica, además, que los tribunales deben garantizar que dicha reclamación sea atendida conforme a la ley, proteger los derechos involucrados y actuar para corregir cualquier vulneración de la legalidad que se haya producido.
La tutela judicial efectiva constituye, por tanto, una garantía de que la actuación judicial tenga un resultado práctico y útil para la protección de los derechos. Su finalidad es asegurar que las personas encuentren en los tribunales una respuesta efectiva ante situaciones de injusticia o vulneración de sus derechos. En definitiva, es el derecho de toda persona a acudir a los tribunales para proteger sus derechos e intereses legítimos, mediante un proceso ajustado a la ley y con la garantía de que los órganos judiciales adoptarán las medidas necesarias para restablecer la legalidad cuando haya sido vulnerada.