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Implementar acciones conjuntas contra el crimen organizado y marcar una ruta de trabajo conjunto centroamericano de cooperación en materia penal y acceso a la Justicia fueron los ejes de análisis de la Reunión Extraordinaria del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC), que sesionó este 29 y 30 de noviembre en Costa Rica.
La “Declaración de Heredia sobre el Crimen Organizado en Centroamérica y el Caribe”, firmada en el marco del cónclave, pretende reforzar la coordinación y cooperación entre judicatura, Ministerio Público, fiscalías y policías judiciales de la región.
Los países miembros que integran el CJCC adoptaron también el compromiso de contribuir desde la experiencia con programas de preparación académica en materia de persecución penal y fortalecimiento de la administración de justicia, con el apoyo del Centro de Capacitación Judicial para Centroamérica y del Caribe.
“Es muy positivo que haya esa visión integrada en la persecución del Crimen Organizado”, en el que siempre está incluida la corrupción, no solo el narcotráfico, señaló en su intervención Fernando Cruz Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia costarricense y presidente Pro Témpore del CJCC.
“El Diálogo en la región debe ser permanente. La visión regional debe orientarse a fortalecer los lazos de colaboración e intercambio de experiencias en el seno del Consejo Judicial, que además, permitan desarrollar iniciativas conjuntas y en temas de interés, con el Sistema de Integración de Centroamérica, respetando la soberanía de cada país”, afirmó Cruz Castro.
El fortalecimiento institucional, incidir en la materia tributaria, impedir el financiamiento a la ciberdelincuencia, hacer énfasis en el proceso de investigación y las persecuciones policiales fueron algunas de las medidas que se plantearon durante el evento.
Otros de los temas tratados abarcaron la justicia restaurativa, la justicia abierta y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Asistieron a la reunión regional presidentes y representantes de las cortes supremas de justicia de Cuba, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y altas autoridades judiciales de Nicaragua, Belice y Puerto Rico e integrantes del Sistema de la Integración Centroamericana, además de jueces, funcionarios de las fiscalías y policías judiciales de Centroamérica.
(Con información del sitio oficial de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica)
