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PRIMERA INTERVENCIÓN NORTEAMERICANA. Para que dirigiera el país, a partir del primero de enero de 1899, Washington designó al general John Ruther Brooke, gobernador militar y jefe de la llamada División de Cuba, quien, según instrucciones de William McKinley, presidente estadounidense, actuaría como su representante.
Brooke, procedente de Puerto Rico –donde había estado, unos meses, a cargo de su gobierno– de acuerdo con instrucciones recibidas, designó a cuatro cubanos como secretarios de despacho, para que lo asistieran: Domingo Méndez Capote (Estado y Gobernación), Pablo Desvernine (Hacienda), José A. González Lanuza (Justicia e Instrucción pública) y Adolfo Sáez Yáñez (Obras públicas, Agricultura, Industria y Comercio).
Las designaciones de Sáez, José García Montes (subsecretario de Estado y Gobernación) y Leopoldo Cancio (subsecretario de Finanzas) causarían hondo malestar en el pueblo cubano; en particular, los dos últimos, quienes habían firmado el vergonzoso manifiesto autonomista contra el alzamiento del 24 de febrero de 1895. Paradójicamente, el régimen que iba a implantarse, en buena medida, repetía el esquema autonomista: un gobernador militar extranjero, asistido por un genuflexo gabinete de cubanos.
Brooke, en alocución del primero de enero de 1899, declaró que se mantendría vigente, de manera íntegra, la legislación civil y criminal española que normaba la vida en la isla, hasta tanto se dispusiera lo contrario. Una muestra de ello es que, cuando el general Fitzhugh Lee, comandante militar de la provincia de La Habana, trató de adecuar algunas disposiciones a la nueva realidad, el general Ernst, jefe del Estado Mayor de la División de Cuba, basándose en la necesidad de mantener el ordenamiento vigente, le recordó que no podía modificar ninguna de las disposiciones civiles que regían antes de la ocupación.
La administración Brooke traería sordas protestas y dejaría heridas sin cerrar: el 23 de marzo, firmó un indulto total para los delitos cometidos por las tropas en servicio militar activo o por individuos pertenecientes a las fuerzas cubanas o españolas, durante la Guerra de Independencia.
Tampoco fue bien vista la OM dictada, una semana después, en la que indicó que se cumpliera, totalmente, el decreto de Jiménez Castellanos (capitán general español) de 16 de diciembre de 1898, el cual perdonaba los delitos cometidos por miembros del sanguinario Cuerpo de Voluntarios. No resultaba extraño que se censurara la mala gestión administrativa de los interventores.
La nueva administración encontró graves problemas, como consecuencia de la guerra y la administración hispana. En primer lugar, hambre, insalubridad y mala situación de la instrucción pública; en segundo, los españoles, al evacuar la isla, habían causado grandes deterioros a las instalaciones públicas, se habían llevado documentos que pertenecían al pueblo cubano y habían destruido todo aquello que no pudieron acarrear hacia la Península.
En tercer lugar, se imponía reorganizar la impartición de la justicia porque ya Madrid no tenía potestades sobre Cuba. Esto generó una situación especial, motivada por el hecho de que Estados Unidos, oficialmente, no tenía jurisdicción sobre Cuba, por no ser parte esta de la Unión. De modo que se hizo necesario crear un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, vid. infra), el cual fue autorizado por el gobernador general estadounidense, mediante la OM No. 41, el 14 de abril de 1899. Además, se introdujeron modificaciones en el Código penal y en otras disposiciones legales, para el mejor desenvolvimiento de las instituciones judiciales.
También en ese orden, el 15 de junio de 1899, mediante otra OM, el gobierno interventor dispuso la organización, jurisdicción y atribuciones de las audiencias y designó a sus presidentes, magistrados, fiscales y el personal subalterno. En algunos casos, los nombramientos recayeron en antiguos oficiales mambises, como el general Rafael Portuondo Tamayo y los coroneles Enrique Villuendas de la Torre , Cosme de la Torriente Peraza8 y Severo Pina Marín.9 También, fueron designados antiguos emigrados, como Carlos I. Párraga; y otros reconocidos juristas, entre quienes se hallaban Juan Gutiérrez Quirós (después, presidente del TSJ); y Federico Laredo Brú (más tarde, presidente de la República). No obstante, iguales funciones desempañaron personajes de oscuro rostro político, como Pelayo García y Eduardo Desvernine.