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El Plan de Acción Nacional para la Prevención y Enfrentamiento a la Trata de Personas y la Protección a las Víctimas para el período 2017-2020, aprobado por el Consejo de Estado y publicado en la Gaceta Oficial No. 33 Extraordinaria, del 2 de agosto de 2017, demuestra el empeño del Gobierno cubano de mantener una política de tolerancia cero ante este delito.
Entre las acciones que incluye se encuentran, entre otras, desarrollar campañas de sensibilización, orientación y asesoramiento hacia toda la sociedad; incrementar la búsqueda de información sobre violaciones al Código del Trabajo y de otras normas relacionadas que pueden derivar en posibles casos de trata de personas, con énfasis en las contrataciones en el país o aquellas que se materializan en el exterior; así como aumentar las acciones de control para el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Migración y otras disposiciones legales, en cuanto a la salida al exterior de niños y adolescentes, principalmente aquellos que no son acompañados por sus padres o tutores legales.
También fomentar la divulgación en cuanto a los mecanismos y vías para la denuncia de presuntos hechos de trata de personas y protección a las víctimas; y desarrollar acciones educativas, de divulgación y capacitación, relativas a indicios y otros elementos que conforman la trata de personas, en particular entre los funcionarios que actúan en los puntos de frontera, centros de trámites, consulados cubanos y zonas turísticas, así como entre la población que viaja o pretende viajar al exterior.
Al Ministerio de Justicia le corresponde actuar como la autoridad central encargada de la coordinación y la ejecución del plan. También regulará las acciones que impliquen un componente internacional, excepto en los procesos de diálogo y cooperación bilateral y las labores de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, que continuarán bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Cuba es Estado Parte de numerosos instrumentos jurídicos internacionales relacionados directamente o indirectamente con la trata de personas, y coopera a nivel internacional en su aplicación. Asimismo dispone de un conjunto de normas legales nacionales que también permiten un enfrentamiento adecuado a este delito.
Como afirmó Maria Grazia Giammarinaro, relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos de las víctimas de trata de personas, especialmente mujeres y niños —quien visitó recientemente nuestro país y conoció en detalles el referido Plan— el verdadero reto será la implementación de sus medidas. Solo así Cuba podrá impedir que la trata de personas no se convierta en un problema social ni que se incrementen sus bajos números en un delito que no tiene fronteras.