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La Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuenta con 17 Objetivos que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.
Uno de dichos objetivos, el número 16, persigue “Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”. En franco cumplimiento de lo anterior, nuestro país, desde el Artículo 1 de la Carta Magna, consigna que Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social.
Lo anterior encuentra reflejo en múltiples esferas de la vida económica, política y social de la nación que juntos construimos, demostrándose en la percepción de seguridad en la ciudadanía, caracterizada por un ambiente de tranquilidad, orden interno y confianza en el sistema de justicia.
Cuba está comprometida con la prevención y enfrentamiento de la trata de personas. Existe la voluntad política del Estado y gobierno para prevenir y enfrentar la trata en cualquier manifestación, y proteger a las víctimas, lo cual constituye la base de la política de “tolerancia cero”.
Los diversos instrumentos jurídicos de que dispone el país permiten prevenir y enfrentar la trata de personas y otras conductas asociadas a esta como el proxenetismo, la prostitución, la pornografía y la prostitución infantil. Lo estipulado en la legislación nacional vigente respecto a este delito es coherente con el espíritu de la Convención de Palermo, sus Protocolos y otros instrumentos internacionales de los que Cuba es parte.
Asimismo, en la mayor de las Antillas prima el Estado de Derecho. En base al principio de legalidad, las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley actúan conforme a Derecho. No hay espacio para la impunidad, ni leyes o reglamentos que la amparen.
El sistema de protección jurídica de los derechos humanos en Cuba no queda restringido a su formulación constitucional. Los mismos están debidamente desarrollados y garantizados en otras normas sustantivas y procesales vigentes. Otras leyes, decretos-leyes, decretos, acuerdos del Consejo de Ministros, resoluciones de ministros y jefes de organismos centrales del Estado consagran beneficios y complementan los principios, derechos y deberes enunciados en la Constitución, que definen la relación entre los individuos en la sociedad, así como su relación con el Estado.
De igual manera, todos los ciudadanos pueden acceder a la justicia, sin discriminación por ningún motivo. Existen los recursos, vías y mecanismos para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos y obtener la protección reconocida en ley en el legítimo disfrute de estos, en igualdad de condiciones.
El modelo político cubano es genuinamente democrático y popular, y promueve una amplia participación de la población en los ámbitos político, económico, social y cultural, incluyendo en los procesos de toma de decisiones. El país ha continuado fortaleciendo el carácter democrático de su institucionalidad, con leyes, políticas y programas de clara naturaleza popular y participativa, conforme a las más altas aspiraciones del pueblo.
Existe un amplio debate acerca de los más diversos temas de la vida política, económica, social y cultural, tanto de la nación como de todo el mundo. La televisión, la radio y otros medios de comunicación masiva, que son de carácter público, propician el acceso de la población a información veraz y oportuna, y permiten su participación en el debate de la actualidad nacional e internacional.
Cuba es parte de las siguientes entidades del Sistema de Naciones Unidas:
•Miembro fundador del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
•Miembro de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).
•Miembro de la Organización Marítima Internacional (OMI).
•Miembro de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI).
•Miembro fundador de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
•Miembro de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI).
•Miembro de la Organización Internacional de Policía Criminal-INTERPOL (OIPC/INTERPOL).
•Miembro de la Organización Internacional de Protección Civil (OIPC).
•Miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
•Miembro de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
•Miembro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
•Miembro de la Organización de Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
•Miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
•Miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
•Miembro de la Organización Mundial del Turismo (OMT).
•Miembro de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
•Miembro de la Unión Postal Universal (UPU).
•Miembro fundador de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
•Miembro de la Conferencia de Desarme.
•Miembro fundador de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Nuestro país es miembro fundador del Consejo de Derechos Humanos. Integra también, como miembro adjunto, el Consejo de Administración de la OIT. Es miembro del Consejo de la Organización de la Aviación Civil y, además, es parte de los siguientes órganos subsidiarios del ECOSOC:
•Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Fondo de Población de las Naciones Unidas y de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.
•Comité encargado de las Organizaciones No Gubernamentales.
•Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal.
•Comisión de Estadística.
•Comisión de Población y Desarrollo.
•Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.
•Comité del Programa y la Coordinación.
•Comisión de Estupefacientes.
Adicionalmente, Cuba integra el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), es miembro del Comité del Patrimonio Mundial y forma parte de la Junta del Fondo Verde del Clima.
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