Discurso del Presidente del Tribunal Supremo Popular en el Acto de apertura del año judicial 2019.

• Compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

• Compañero Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

• Compañera Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República.

• Compañero Oscar Manuel Silvera Martínez, Ministro de Justicia.

• Distinguidas autoridades de otras instituciones y entidades que nos acompañan.

• Compañeras y compañeros:

La realización de este acto solemne de “Apertura del Año Judicial” constituye un paso importante en el marco del fortalecimiento de la institucionalidad que se lleva a cabo en el país, como parte del proceso de actualización del modelo económico y social cubano, en cumplimiento de los acuerdos del VI y VII Congresos del Partido Comunista de Cuba, en particular, del lineamiento No. 274 de los Lineamientos de la Política económica y social del Partido y la Revolución, aprobados en el más reciente de esos cónclaves, que plantea:

“Continuar el perfeccionamiento del sistema de justicia en todos sus ámbitos y de sus órganos, organismos y organizaciones que lo integran o le tributan, consolidando la seguridad jurídica, la protección de los derechos ciudadanos, la institucionalidad, la disciplina social y el orden interior”.

A la vez, el desarrollo de esta actividad también contribuye al cumplimiento de parte de las recomendaciones que los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular hicieron al Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General de la República, en ocasión de la rendición de cuenta de ambos órganos al parlamento, efectuadas en diciembre de 2017.

La presencia en esta ceremonia de las más altas autoridades del Estado cubano, junto a los máximos representantes de las instituciones y entidades que conforman nuestro sistema de justicia, es una demostración elocuente de la relevancia que la labor judicial tiene para la vida del país.

En los próximos días, en cada provincia del país, se realizarán encuentros de esta naturaleza, en los cuales los presidentes de los tribunales de esos territorios abordarán los principales resultados de la actividad judicial en el pasado año y las proyecciones de trabajo para la etapa que comienza.

En Cuba, la administración de justicia se concibe como un servicio público vital para mantener la legalidad, el orden, la tranquilidad ciudadana y propiciar el efectivo disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las personas naturales y jurídicas. En su ejecución, junto a los jueces, participan fiscales, abogados, consultores, asesores jurídicos y funcionarios de las dependencias adscritas a los ministerios de Justicia y del Interior, todos ellos cumpliendo roles y actividades de gran trascendencia para la buena marcha de la justicia.

El año judicial que comienza nos plantea a todos, –tribunales, Fiscalía, Ministerio de Justicia, MININT y Organización Nacional de Bufetes Colectivos–, la responsabilidad de cumplir cada vez con mayor eficiencia y eficacia, la parte del deber que a cada uno concierne, para garantizar a nuestro pueblo que tan importante servicio satisfaga sus expectativas y necesidades con la mayor calidad.

Compartir como lo hacemos la vocación de servir al pueblo y la conciencia de que, más allá de la diversidad de funciones que a cada quien corresponde, es preciso que todas estas instituciones aseguren que se haga bien la parte que le toca, –como las piezas de un imaginario engranaje–, es lo que da sentido a que, en nuestro país, hablemos, con propiedad, de la existencia de un verdadero Sistema Judicial.

En relación con el papel de los tribunales en dicho sistema, debemos recordar que el ejercicio de la función judicial es una de las tareas más relevantes y complejas que asume el Estado. Tramitar y resolver conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes, los conflictos de diversa naturaleza que llegan a los órganos de justicia, no resulta en absoluto una encomienda fácil ni sencilla para quienes cumplen tan ardua misión en cualquier sitio del planeta.

En el caso nuestro la responsabilidad de los jueces es aún mayor puesto que –por mandato constitucional–  deben ejercer la función en nombre del pueblo de Cuba, lo que, sin duda, entraña un enorme compromiso y un mandato de extraordinario significado, que nos compulsa a actuar en correspondencia con los valores y principios que nos definen como sociedad.

La historia de la nación cubana, nacida y forjada al calor de la lucha constante de sus mejores hijos por alcanzar la independencia y la soberanía de la patria, y el firme propósito de construir una sociedad “con todos y para el bien de todos”, como la definiera nuestro Héroe Nacional, estuvo siempre acompañada de una incuestionable e inquebrantable vocación ética, jurídica y justiciera.

En el ideario independentista y revolucionario de los próceres y precursores de nuestra emancipación, siempre estuvo presente que, una vez alcanzada la victoria, la patria liberada debía erigirse sobre sólidas bases institucionales y jurídicas, que respondieran a los intereses mayoritarios de los cubanos. La visión de país libre y soberano que concibieron comprendió siempre, entre sus presupuestos, el ejercicio efectivo de la función jurisdiccional.

Categóricas expresiones de las ideas en ese sentido se encuentran ya, entre otros documentos relevantes, en los textos de las constituciones mambisas de Guáimaro, Baraguá, Jimaguayú y La Yaya, concebidos como normas fundamentales de la República en armas, en diferentes momentos de las gestas redentoras de la segunda mitad del siglo XIX.

Al respecto fueron múltiples y profundas las reflexiones del Héroe Nacional José Martí, acerca del carácter y alcance que deberían distinguir al Derecho y la Justicia de la patria libre y soberana: “En los pueblos libres –decía–  el Derecho ha de ser claro. En los pueblos dueños de su destino el Derecho ha de ser popular” y en otro brillante pensamiento definitorio de la esencia del ejercicio de la función jurisdiccional expresó: “Es verdad que los jueces deben apegarse a la Ley, pero no apegarse servilmente porque entonces serían siervos y no jueces. No se les sienta en ese puesto para maniatar su inteligencia; sino para que obre justa, pero libre. Tienen el deber de oír el precepto legal, pero tienen también el poder de interpretarlo”.

Absolutamente aleccionadoras y orientadoras resultan igualmente las enseñanzas que nos legó nuestro invicto y eterno Comandante en Jefe en torno a esos temas.

En tal sentido recordemos que, en el discurso de combate en que convirtió Fidel su alegato de autodefensa, conocido como La historia me absolverá, entre los graves males que aquejaban a la nación antes del 1^ro. de enero de 1959 –denunciados en aquella alocución por el líder revolucionario–, estaba la depauperación y desprestigio de la justicia, los jueces y la actividad judicial de entonces.

Con términos punzantes y rotundos, en esa ocasión, nuestro líder histórico describió el cuadro deprimente que presentaban por aquellos tiempos el país y su sistema judicial, al que denominó “justicia envilecida”.

En un momento de aquel alegato Fidel se refiere, al sentido innato de justicia que se ha desarrollado en el pueblo cubano, a partir de su propia historia como nación al decir que … “el problema de la justicia es eterno y por encima de las opiniones de los jurisconsultos y teóricos, el pueblo tiene de ella un profundo sentido. Los pueblos poseen una lógica sencilla pero implacable, reñida con todo lo absurdo y contradictorio, y si alguno, además, aborrece con toda su alma el privilegio y la desigualdad, ese es el pueblo cubano. Sabe que la justicia se representa con una doncella, una balanza y una espada. Si la ve postrarse cobarde ante unos y blandir furiosamente el arma sobre otros, se la imaginará entonces como una mujer prostituida esgrimiendo un puñal. Mi lógica es la lógica sencilla del pueblo”.

Con esta elocuente reflexión y las demoledoras críticas realizadas contra la venalidad y el servilismo que caracterizaban al denominado “poder judicial” de la época, nos transmitió su visión acerca de los rasgos esenciales que, en contraposición con aquel lamentable estado de cosas, debían caracterizar la actuación de los tribunales de justicia, una vez que el pueblo asumiera el poder como dueño de su propio destino: apego a la ley, sentido de lo justo, sensibilidad social, participación popular, imparcialidad, independencia y conducta transparente e intachable de los jueces en el cumplimiento de su función.

Puede afirmarse sin vacilación que, tal como ocurre en todas las esferas de la vida nacional, en las ideas y conceptos de Martí y Fidel acerca del deber ser del Derecho y Justicia, están las claves para el adecuado desempeño de la función jurisdiccional en el presente y el futuro de nuestro país libre y soberano.

Es por eso que, como resultado de los valores y principios sembrados y desarrollados en nuestra sociedad por la obra de la Revolución, los tribunales de justicia cubanos, sus jueces y juezas, y el personal auxiliar que los integran, tenemos bien claro que, al cumplir la función que se nos ha asignado, debemos hacerlo con un comportamiento ético intachable y clara conciencia de que somos servidores públicos, y de que nuestra actuación influye directamente en aspectos vitales para el país, como la seguridad jurídica, el orden y la tranquilidad ciudadana, la calidad de vida de la población y la garantía del ejercicio pleno de los derechos y deberes de las personas naturales y jurídicas.

Los asuntos que llegan a los tribunales en las diferentes especialidades reflejan una parte importante del acontecer socioeconómico del país, con sus complejidades y peculiaridades; por tal razón, el adecuado juzgamiento y solución de cada caso, supone para los jueces el desafío permanente de obrar con justeza y racionalidad, en el marco de la ley, ante conflictos y litigios en ocasiones muy contradictorios, que ponen a prueba la inteligencia, la ponderación y la capacidad de discernimiento de los juzgadores.

En ese sentido estamos convencidos de que el pueblo a quien nos debemos no admitiría, ni toleraría, a jueces excesivamente tecnicistas, esquemáticos o ingenuos, cuyos juicios y valoraciones resulten con frecuencia erráticos y distantes de la realidad circundante. Si así fuera, no estaríamos cumpliendo con el deber que entraña el mandato constitucional y no seríamos merecedores de la confianza depositada en nosotros.

De igual manera, compartimos la convicción de que nuestra misión rebasa el marco de ser meros aplicadores formales de normas y disposiciones al asunto que se dirime; y que, al juzgar y decidir los casos, debemos hacerlo, además, sobre la base de razonamientos lógicos, objetivos y contextualizados, que permitan fundamentar y argumentar el sustento de las decisiones que se adopten.

En consecuencia, nuestro mayor esfuerzo está y estará dirigido a procurar niveles cualitativos superiores en nuestro desempeño para ponernos a la altura de lo que el pueblo cubano –con todo derecho– espera y reclama de nosotros.

Impartir justicia en Cuba hoy –y hacerlo bien– requiere de mujeres y hombres capacitados, motivados, fortalecidos política e ideológicamente, poseedores de un elevado sentido de lo justo y de probada sensibilidad humana, honestos e incorruptibles.

De ahí la necesidad de que los jueces, además de estar técnicamente preparados en las cuestiones jurídicas, permanezcan también muy informados sobre lo que acontece en la sociedad, para no errar en sus decisiones e impartir la justicia en correspondencia con el contexto y la realidad circundante.

La plantilla de jueces profesionales de los tribunales populares es de 1143 cargos. En la actualidad, desempeñan esa función 957 (el 84% de completamiento). La mayoría de los jueces profesionales son mujeres (775), lo que, en proporción, significa el 81% y constituye una fortaleza para la judicatura del país, por el elevado nivel de dedicación, entrega y responsabilidad que demuestran en su desempeño.

También es notable la proporción de jóvenes jueces profesionales en nuestros órganos: 328 (34%), quienes, de manera general, actúan con dedicación y responsabilidad en esta compleja tarea de impartir justicia. Junto a ellos, un número importante de jueces experimentados que, tras varios años de ejercicio de la función, se desempeñan con maestría y destreza en el oficio y asumen esta actividad como una misión que les da sentido a sus vidas.

Destaco con especial énfasis el hecho de que, desde hace algunos años jóvenes estudiantes de la carrera de Derecho se han insertado, a tiempo parcial, como asistentes judiciales en algunos de nuestros tribunales, brindando una apreciable contribución al trabajo de los jueces, a la vez que incrementan sus conocimientos y habilidades en el ejercicio práctico de la disciplina y se fomenta en ellos una fuerte vocación por el ejercicio de la judicatura.

Esta experiencia, y los estrechos vínculos establecidos por varios tribunales con los claustros de profesores de la carrera en las diferentes universidades del país, son fortalezas de gran impacto en el mejoramiento de las capacidades mutuas, de jueces y docentes, para el desempeño de sus labores. Ejemplo emblemático de lo beneficioso de esos vínculos lo tenemos en las estrechas alianzas fomentadas por este órgano supremo de justicia y el Tribunal Provincial de la capital del país, con la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, cuya decana y varios de sus académicos y estudiantes honran con su presencia este acto.

Durante el recién concluido año 2018, el Sistema de Tribunales continuó desplegando y fortaleciendo las acciones encaminadas a la mejora de los indicadores que determinan la calidad en la actuación judicial:

1. Desempeño diligente y ágil en la tramitación de los asuntos en los términos y plazos fijados por la ley.
2. Apego a los procedimientos establecidos y respeto estricto a las garantías y derechos de las personas intervinientes en los procesos.
3. Adopción de decisiones y resoluciones acertadas, comprensibles y debidamente fundamentadas y argumentadas.
4. Cumplimiento efectivo y oportuno de las sentencias y demás decisiones judiciales y firmes.
5. Conducta intachable de jueces y secretarios judiciales en el cumplimiento de sus funciones y en su vida personal y familiar.

En cada uno de esos indicadores, se han logrado progresos y resultados superiores a etapas anteriores. No obstante, todavía se detectan deficiencias y fisuras en la actuación de algunos órganos, jueces y demás personal judicial, las que pueden resumirse en:

• Demoras injustificadas en la realización de trámites y acciones procesales.

• Errores y negligencia en la celebración de juicios, prácticas de pruebas y otros actos judiciales.

• Decisiones adoptadas sin suficiente fundamento ni argumentación.

• Comportamientos impropios y violatorios de la ética judicial por parte de algunos integrantes del sistema.

Aunque esas fisuras no prevalecen, ni caracterizan el accionar de la mayoría de los jueces y demás trabajadores, constituyen debilidades y obstáculos que restan efectividad y transparencia al trabajo de nuestros órganos y, por tanto, continuaremos prestándole la mayor atención a combatirlos y erradicarlos, mediante un permanente ambiente de exigencia, el perfeccionamiento de los sistemas de control interno y la implementación de acciones eficaces de formación de capacidades y habilidades en nuestro personal, sin excluir –claro está– la adopción de medidas disciplinarias y correctivas cuando corresponda.

En el transcurso del pasado año 2018, ingresaron a los tribunales, en todas las instancias y materias, un total de 163 883 asuntos y, en ese mismo período esos órganos tramitaron y resolvieron 149 061, que equivalen al 91% de los recibidos, lo que puede considerarse, en general, un buen resultado en cuanto al volumen de casos resueltos.

Por otra parte, al cierre de diciembre último los órganos de impartir justicia debieron dar cumplimiento a 74 388 sentencias firmes, de las que lograron ejecutar 69 709, para un 93,7% del total y quedaron pendientes de cumplir, con demoras en su ejecución 291 (6,2%) sentencias dictadas en las diferentes materias.

Como puede apreciarse, no son malos resultados, pero podemos y tenemos que hacerlo aún mejor ¡ y lo vamos a hacer ¡

Con el propósito de aplicar los conceptos y métodos científico técnicos más avanzados en la procura de niveles cualitativos superiores en el cumplimiento de la función jurisdiccional, el Tribunal Supremo y la Oficina Nacional de Normalización, continúan trabajando intensamente en el diseño y aplicación progresiva de un Sistema de gestión de calidad propio para la actividad judicial, basado en las estipulaciones de la norma ISO 9001 del 2015, en un esfuerzo inédito en el país para actividades de la administración pública.

Como parte importante de todo ese empeño la ministra de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente acaba de emitir una resolución aprobando la creación de la Unidad de Desarrollo e Innovación del Tribunal Supremo, reconociendo así la notable actividad investigativa y científica que tiene lugar al interior de la institución, y su evidente conexión con la mejora continua de la actividad judicial.

Al propio tiempo, se avanza notablemente en la introducción de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los diversos ámbitos de la gestión, como soporte estratégico para asegurar y perfeccionar los diversos procesos, esenciales y de apoyo, que integran nuestro quehacer. 

En ese empeño han resultado vitales los estrechos vínculos de trabajo establecidos, desde hace varios años, con las entidades adscritas al Ministerio de Información y Comunicación y con la Universidad de las Ciencias Informáticas.

El año que culminó marcó igualmente un apreciable incremento de las acciones de comunicación institucional, en cumplimiento de la estrategia que a esos efectos aprobó el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo, para maximizar el contacto y la interacción con las personas que se vinculan con los órganos judiciales y la sociedad en general, y también optimizar la interlocución y el intercambio entre los integrantes del Sistema de Tribunales a todos los niveles.

En cada uno de esos frentes de trabajo, no obstante lo alcanzado, queda mucho camino por andar y, por eso, para 2019, su impulso y continuidad forman parte de nuestras proyecciones de trabajo.

El año que comienza plantea además nuevos retos e importantes misiones para los integrantes del Sistema de Tribunales.

La Constitución recientemente aprobada por el voto unánime de los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular –y que con toda seguridad será respaldada con el voto de la inmensa mayoría del pueblo en el referendo del próximo 24 de febrero–  incrementa las potestades jurisdiccionales de estos órganos y el acceso a la justicia judicial como garantía de protección y amparo al efectivo disfrute de derechos fundamentales reconocidos a las personas naturales y jurídicas.

Evidentemente, como resultado de la promulgación de esta norma suprema crecerán en cantidad y complejidad las tareas del sistema judicial.

A tales efectos la nueva Carta Magna, en su décima disposición transitoria responsabiliza al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo con la presentación de los proyectos legales con las modificaciones de procedimientos y los cambios orgánicos y funcionales que permitan implementar consecuentemente las novedades que, en tal sentido, recojen los preceptos constitucionales.

Puedo asegurar, en nombre de los jueces y demás trabajadores de los tribunales de justicia del país, ante las autoridades presentes y ante nuestro pueblo, que en el presente año, como en los sucesivos, continuaremos cumpliendo cabalmente las misiones y tareas encomendadas y seremos fieles guardianes de la nueva Constitución y las leyes, garantizando efectividad y transparencia en el ejercicio de la función judicial para ser merecedores de la confianza depositada en nosotros. 

Muchas gracias