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Compañeras y compañeros todos:
No sería totalmente veraz ni objetivo, de mi parte, decir en esta ocasión que el pequeño lapso que separó el año que concluyó del que recién empieza marcó, para los tribunales y la actividad judicial en el país, el cierre tradicional de un ciclo de trabajo y el comienzo de otro.
Esta vez la usual sensación de continuidad en el quehacer cotidiano, que suele acompañarnos al comenzar un nuevo período de trabajo, se ha visto estremecida por circunstancias singulares de gran magnitud, a consecuencia, en primer lugar, de los retos y desafíos que se derivan de la implementación de la profunda reforma judicial y procesal introducida por las nuevas leyes que, para este ámbito, aprobó recientemente la Asamblea Nacional del Poder Popular y cuya entrada en vigor, como se conoce, se produjo precisamente con el inicio del año.
Por otra parte, como también sabemos, el 2021 fue nuevamente para nuestro pueblo y, por ende, para nosotros, un año particularmente duro y complejo, “un año tremendo,” como recientemente lo calificó el primer secretario del Partido y presidente de la República, compañero Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez.
En el decursar de sus días, semanas y meses, hubo que encarar significativos obstáculos y dificultades, ya fuera por las limitaciones derivadas del enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, o ante las afectaciones ocasionadas por el recrudecimiento brutal de las medidas del bloqueo, la guerra económica y los ataques subversivos impuestos al país por el Gobierno de los Estados Unidos.
Evidentemente, los efectos e impactos de estas y otras situaciones adversas seguirán latentes en el transcurso de 2022, pero, frente a ellos, como es habitual, persistirá también en nosotros la firme determinación de enfrentarlos resueltamente, sobreponernos y seguir adelante, como siempre lo hemos hecho a lo largo de estos 63 años de Revolución.
Por su relevancia y trascendencia para la seguridad jurídica, la legalidad, el orden y la tranquilidad ciudadana, la impartición de justicia es de las actividades que no se detienen y que mantienen su vitalidad, aun en circunstancias tan complejas como las que ha impuesto la epidemia, aunque, claro está, con las adecuaciones y modificaciones necesarias y pertinentes en los modelos de actuación, sin detrimento de los derechos y garantías de las personas. Así ha venido cumpliéndose en el transcurso de los últimos dos años, bajo las tensiones ocasionadas por esta dañina y peligrosa enfermedad, y debemos seguirlo haciendo mientras perdure su influencia.
Cabe mencionar, a modo de ejemplo, el importante papel que ha correspondido –y todavía corresponde– desempeñar a los integrantes de los órganos judiciales, en el enjuiciamiento de los delitos y las conductas antisociales en que incurren aquellos individuos que contravienen e incumplen los protocolos o medidas sanitarias establecidas, y a otros infractores que, actuando como coleros, especuladores, ladrones, usureros, etc., han pretendido lucrar y sacar ventajas ilícitas de las limitaciones y necesidades que ha padecido y aún padece el pueblo cubano, derivadas de los efectos de la pandemia, y agravadas, además, por las crueles y alevosas medidas impuestas e incrementadas en esta etapa por los gobernantes estadounidenses.
De igual manera nos ha correspondido juzgar a quienes, actuando como peones en las arremetidas subversivas e intentos de desestabilización de los enemigos de la Revolución, han cometido hechos vandálicos, agresiones violentas contra autoridades y funcionarios y otros graves actos delictivos.
Frente a tales conductas y otras que perjudican gravemente el orden público, la legalidad y la tranquilidad ciudadana, continuaremos actuando con el rigor y la firmeza que, en el marco de la ley, cada caso requiera.
En lo que respecta a la protección y prevención sanitaria de nuestros colectivos de trabajo, en el enfrentamiento a la pandemia, desde un inicio se establecieron los planes de medidas y protocolos propios para evitar el contagio en las sedes y actos judiciales. El estricto control y la exigencia sobre su cumplimiento han resultado vitales para lograr que, hasta el momento, ninguno de estos centros haya sido escenario u origen de un evento institucional de trasmisión de la enfermedad.
Como es obvio, en diversas ocasiones, la situación epidemiológica imperante condujo a que las autoridades correspondientes implementaran cuarentenas, cierres de fronteras y otras medidas de aislamiento y restricción de movimientos de las personas a nivel nacional, territorial o local que determinaron la imposibilidad de convocar o realizar actos judiciales y, en consecuencia, la necesidad de paralizar temporalmente el decursar de múltiples asuntos en proceso. En ocasiones, durante los momentos más complicados de trasmisión, este tipo de situación se extendió por varias semanas o meses, lo que incidió en la acumulación de atrasos en la tramitación y solución de un número importante de casos.
No obstante, en la medida en que la situación del país y los territorios lo permitieron, se desplegó un esfuerzo redoblado por el personal de nuestros órganos y los demás implicados en la actividad judicial, para recuperar los atrasos acumulados y ponernos al día en el procesamiento de todos los asuntos posibles.
Ese esfuerzo mancomunado nos permite informar que el pasado año, sumando todas las instancias y tipos de procesos, los tribunales de justicia debieron tramitar y resolver un total de 138 380 asuntos y, de ellos, procesaron y concluyeron 123 662, que equivalen al 89,4% de ese universo.
A la vez, en el mismo período, los órganos jurisdiccionales debieron dar cumplimiento a 60 811 sentencias firmes y, de ellas, lograron ejecutar 55 301, para el 90.9%.
Como puede apreciarse, esos datos reflejan resultados encomiables, a pesar de las circunstancias descritas, y evidencian la magnitud del esfuerzo realizado para recuperar los atrasos y retomar en lo posible la adecuada marcha de la justicia judicial en el país.
En toda esa labor, es justo destacar el alto grado de responsabilidad y coordinación con que, en sentido general, actuó la mayoría de los magistrados, jueces, fiscales, abogados, instructores, agentes de la policía, funcionarios del Ministerio de Justicia y otros intervinientes en los procesos judiciales, todo ello con absoluto respeto de las respectivas funciones y atribuciones y en total correspondencia con los preceptos constitucionales y legales vigentes.
Aun así, por diversas razones, permanecen 1752 asuntos con retraso en su tramitación y solución y existen demoras en el cumplimiento y ejecución de 831 sentencias firmes, lo que nos obliga a mantener ese redoblado empeño para lograr su solución a la mayor brevedad posible.
Por otra parte, ese ímpetu por asegurar la necesaria prontitud en la justicia debe continuar unido al compromiso y la voluntad de hacer las cosas bien –y cada vez mejor– en el cumplimiento de nuestras funciones. Más que un mero propósito, reiteramos que ese afán constituye para nosotros un deber esencial e insoslayable, toda vez que impartimos justicia en nombre del pueblo de Cuba –tal como lo establece el Artículo 147 de la Constitución– y ese mandato supone que actuemos con profundidad, sensibilidad, profesionalidad y transparencia, como atributos consustanciales a nuestra sociedad.
En ese sentido, puedo decir, con cierta satisfacción, que en el año recién concluido, los mecanismos internos de verificación y monitoreo de la calidad, en el procesamiento judicial de los asuntos, evidenciaron que continuaron mejorando los indicadores en el cumplimiento de sus funciones por la mayoría de los jueces y secretarios judiciales. No obstante, también es necesario reconocer que aún se constatan errores y deficiencias en el desempeño de una pequeña parte de esos compañeros, con quienes, por razones obvias, insistimos sin tregua para que las resuelvan con la inmediatez requerida, que les permita continuar prestando servicio en nuestra institución.
Con ese nivel de exigencia, hemos venido trabajando y seguiremos haciéndolo en lo sucesivo, convencidos de que estas debilidades restan efectividad, transparencia y credibilidad a la actividad judicial y generan quejas e insatisfacciones justificadas en la población, por lo que su solución debe constituir siempre una prioridad para nosotros.
De igual modo, continúa y deberá continuar prevaleciendo, en esta institución, la actitud combativa intolerante e intransigente contra la mediocridad, la falta de ética y cualquier síntoma de parcialidad o corrupción por parte de los integrantes de estos órganos. No puede ser de otra manera, tomando en consideración la relevancia y trascendencia de nuestra tarea como servidores públicos.
La Constitución de la República promulgada en abril de 2019, y las nuevas leyes orgánicas y procesales aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional, refuerzan notablemente el régimen de derechos y garantías de las personas y definen a Cuba como Estado socialista de derecho y justicia social. El papel de los tribunales de justicia es clave para la materialización y vigencia de los preceptos constitucionales y disposiciones legales en general y, en particular, de los que se relacionan con los expresados derechos y garantías.
La reciente entrada en vigor de las nuevas leyes procesales y las relativas a la organización y funcionamiento de los tribunales demanda de nosotros, y de los demás intervinientes en los procesos judiciales, el pleno conocimiento y dominio de sus contenidos, para garantizar y asegurar el estricto cumplimiento de lo que en ellas se dispone, a la vez que pone a prueba la inteligencia, creatividad y capacidad de adaptación y transformación de modos de pensar y actuar para asegurar a nuestro pueblo, en cuanto nos corresponde, un ejercicio cualitativamente superior de la justicia judicial y la realización concreta y transparente de los derechos y garantías relacionados con el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso.
Para ello, hemos venido preparándonos con denuedo y es preciso continuar haciéndolo en lo adelante, con plena conciencia de que esa constituye para nosotros, en este momento, la principal tarea.
Estrechamente vinculado con toda esa dinámica de evolución y perfeccionamiento institucional y procesal del cumplimiento de la función judicial, está el sostenido avance que se opera en el ámbito del desarrollo y la aplicación de la ciencia y la innovación a la actividad de los tribunales.
Magistrados y jueces, profesores y estudiantes de Derecho en las universidades, y otros juristas y profesionales de diversas disciplinas en el decursar de los últimos años, han realizado cientos de investigaciones y estudios, utilizando métodos científicos, a partir de la identificación de diferentes problemas y debilidades presentes en la práctica jurisdiccional del país; como resultado, han formulado propuestas de solución, la mayoría de las cuales, a la postre, sirvieron de base a las modificaciones incorporadas en las nuevas leyes aprobadas y, también, a disposiciones e instrucciones emitidas por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular en el uso de sus atribuciones constitucionales.
Ese proceso de repensar, actualizar y desarrollar la teoría y la práctica en la actividad judicial no se detiene; por el contrario, continúa y continuará incrementándose entre los magistrados, jueces y demás integrantes de nuestros órganos jurisdiccionales.
Lo anterior permite afirmar que existe un nicho fecundo de investigación científica e innovación en el ámbito de la justicia institucional, que tributa a la esfera de las ciencias sociales, junto con otros espacios de la vida jurídica del país. Nos toca a nosotros, desde los tribunales, continuar impulsando y fertilizando en lo adelante este importante frente de trabajo y así lo haremos.
Debo también resaltar, una vez más, por el notable impacto que ha tenido para la administración de justicia, la incorporación directa de profesores y alumnos de la carrera de Derecho en la actividad de los tribunales del país: los docentes como jueces suplentes, y los estudiantes, como asistentes judiciales. El resultado de esta simbiosis, es el claro robustecimiento de la calidad en el juzgamiento de los casos, y en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Resulta de un valor inapreciable el intercambio de saberes y habilidades que se produce en ambas direcciones. Hay que continuar consolidando estas enriquecedoras alianzas, por todo cuanto aportan al crecimiento profesional de quienes intervienen en esas interacciones y enriquecen el cumplimiento exitoso de nuestra misión.
Otra arista que muestra claros progresos, y vamos a continuar atendiéndola con prioridad en este año, es la referida al proceso de digitalización e informatización de trámites y servicios, orientados a mejorar la información a los ciudadanos, incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de nuestros órganos y fortalecer sustancialmente la transparencia en la realización de la función judicial, en el marco de la “Política integral para el perfeccionamiento de la informatización en Cuba” y, específicamente, de la plataforma del Gobierno electrónico, como uno de sus ejes fundamentales.
En lo que se refiere a este tema, en el año 2021 se produjeron notables avances en cuanto a los medios de interacción con la población, la tramitación digital de los expedientes procesales, la utilización de la videoconferencia en la realización de actos judiciales y la interoperabilidad con las restantes instituciones y entidades implicadas en la administración de justicia. En el año que comienza debemos empeñarnos en la consolidación de estos importantes desarrollos por su impacto en el fortalecimiento de la calidad en la actividad judicial vista como relevante servicio a la población.
Resulta alentador el hecho de que el sitio web del Tribunal Supremo se haya reconocido recientemente como uno de los mejores posicionados en el del dominio GOB.CU.
Otra vertiente fundamental de trabajo objeto de la mayor atención está relacionada con la comunicación institucional, la que hemos venido desarrollando de manera diversa y creciente –y que en el presente año debe experimentar un renovado impulso– en los diferentes ámbitos de actuación de los integrantes del sistema de conformidad con la estrategia definida al efecto por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo, que comprende múltiples acciones dirigidas a diferentes públicos, a todo lo largo y ancho del país.
En este importante tema, aunque aún nos queda mucho por hacer, existe una evidente presencia de nuestros contenidos y mensajes, tanto en los medios de prensa y emisoras radiales y televisivas nacionales y territoriales, como en las diversas plataformas digitales, mientras que, por otra parte, varios de nuestros directivos, magistrados y jueces participan con mucha frecuencia en cursos, seminarios y encuentros con colectivos de diferentes sectores de la sociedad que así lo solicitan; esto es algo que tenemos que seguir haciendo, como contribución al fortalecimiento de la cultura jurídica de nuestro pueblo.
Junto con la lucha tenaz del pueblo cubano por controlar definitivamente la pandemia y continuar enfrentando, resistiendo y venciendo los tercos empeños del imperialismo por someternos y doblegarnos, el año 2022 estará también caracterizado por una intensa y profunda dinámica de cambios y transformaciones en prácticamente todos los ámbitos de la vida de la nación cubana, como resultado del avance en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 y la Estrategia de desarrollo aprobada con ese propósito por la dirección de la Revolución, y ratificada y enriquecida por las ideas, conceptos y directrices emanados del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, como hoja de ruta esencial enfocada hacia la consecución de las metas y objetivos trazados para el mediano y largo plazos.
Naturalmente, la mayor parte de esas medidas y acciones transformadoras impactan, también, de manera directa o indirecta, en las diversas relaciones económicas y sociales entre las personas naturales y jurídicas y, en ocasiones, origina conflictos y litigios que, en no pocos casos, devienen procesos judiciales de diferente naturaleza.
En el enjuiciamiento de esos asuntos -tanto en este año como en los que vendrán- a los órganos jurisdiccionales nos toca contribuir y acompañar, mediante el cumplimiento efectivo de nuestra función, la materialización concreta de esa gran estrategia del país, con sus metas y objetivos propuestos y ¡así lo haremos!
En adición a todo lo expresado hasta aquí, quiero destacar, como asunto de gran trascendencia para el Sistema de Tribunales de justicia del país, en este año, que, por acuerdo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Tribunal Supremo Popular rendirá cuenta ante ese órgano en su próximo período ordinario de sesiones.
Sin lugar a duda, se trata de un tremendo estímulo para nuestra institución, un gran compromiso y un incentivo adicional para redoblar los esfuerzos, en aras de continuar mejorando la calidad en la impartición de justicia.
Será, como en ocasiones anteriores, un proceso amplio, abierto y participativo, desde ahora hasta que se presente el informe en el plenario de la Asamblea Nacional, en el transcurso del cual los integrantes de todos los tribunales sostendrán encuentros e intercambiarán con diputados y con delegados a las asambleas municipales del Poder Popular y con diferentes sectores de la población, sobre cuestiones generales de nuestra labor, sus logros e insatisfacciones, como muestra palpable del carácter verdaderamente democrático, transparente y popular del sistema judicial cubano.
El desarrollo de ese proceso nos permitirá, una vez más, escuchar con atención los criterios, opiniones y recomendaciones que, en relación con los resultados de la actividad judicial, nos trasladen los representantes del pueblo y los propios ciudadanos, lo que constituirá un valiosísimo aporte para mejorar en el desempeño de la importante misión que nos toca como servidores públicos.
En nombre de todos los integrantes del Sistema, ratifico que somos los tribunales de justicia del pueblo cubano en cuyo nombre actuamos y no fallaremos en el cumplimiento cabal del deber, como defensores a ultranza del cumplimiento estricto de la Constitución y las demás leyes, en correspondencia con nuestro Estado socialista de derecho y de justicia social.
Declaro formalmente iniciado el año judicial 2022.
Muchas gracias.