Cuando el descontrol comienza desde adentro

El descontrol constituye la principal causa del desvío de combustible. En la provincia de Matanzas, hasta el mes de abril, se estima una afectación de casi 87 000 litros

Cada mes, miles de litros (1) de combustible “se escapan” del sector empresarial y las entidades estatales en Matanzas, ya sea por artimañas o debido al descontrol. Si bien durante los últimos meses las regulaciones sobre esta actividad han sido un poco más incisivas, la cifra en lo que va de año ronda los 87 000 l “desviados”, en su mayoría destinados a abastecer a los porteadores privados.

Las estadísticas matarían de risa a cualquiera: en los 60 servicentros de la provincia se vendían al cierre de marzo 1,49 l diarios por vehículo, lo que equivale a 2 194 l como cifra promedio. No es muy difícil deducir lo obvio.

Estos hechos tienen consecuencias lamentables en la economía, pero una de las cuestiones más alarmantes apunta hacia la naturalización y justificación de un fenómeno de corrupción que por varias décadas ha golpeado al Estado cubano.

El mercado negro y sus proveedores desfalcan millones sin que exista el control eficaz que erradique este flagelo.

LA VIEJA EXCUSA DE OFERTA Y DEMANDA

–Yo no compraba combustible robado. A mí me lo vendía un chofer, pero él no se lo robaba, era del que le sobraba– nos explicaba convencido de su lógica uno de los ‘boteros’ de la terminal de ómnibus.

–¿Le sobraba?

–Sí. Él lo ahorraba. Por ejemplo, las empresas ponen una tarifa de consumo por encima de lo que realmente hace el equipo por si hay algún desperfecto, ya sea derrame de combustible o fallo técnico. En caso de no existir ningún imprevisto el chofer se queda con el combustible.

Así o más convencido de su impunidad uno de los conductores particulares defendía su punto. Pero, por desgracia la creatividad del cubano pica y se extiende, y si de ganar algunos pesos de forma fácil en el mercado negro se trata, muchas son las variantes, que van desde los “ajustes” del que maneja: desenganchar el vehículo en las lomas o moderar la velocidad, hasta el pago con el preciado recurso por parte de quienes tienen asignados autos estatales.

“La otra forma por la que me hacía de un poquito de petróleo, era cuando arreglaba algún carro estatal, no tenían dinero para pagarme y me daban combustible según el trabajo”.

Lo que se he dicho no es un secreto para nadie, menos en un entorno con brechas para el robo, consecuencia de los ineficaces sistemas de control y hasta de directivos que se hacen “de la vista gorda” y no asumen con responsabilidad sus funciones. No obstante, desde hace algunos días los precios topados y recogidos en el Acuerdo 548 del Consejo de la Administración Provincial (CAP), publicado por este Semanario hace dos años, se violan. Las inquietudes de la población así lo reflejan, y al parecer ante el cierre de la “llave” debido a la reducción del combustible en varias entidades y otras acciones de control, el “desvío” ocurre en menor medida, lo que conlleva a tener que adquirirlo de forma legal y a más alto monto. En correspondencia con ello, en los últimos meses han crecido ligeramente las ventas en los servicentros. Jorge E.  Villa Ramírez, especialista comercial que atiende Servicentros en la Sucursal Cimex, explica que con respecto a igual periodo del año anterior las ventas en efectivo (al cash) hasta el 17 de mayo han experimentado un 108, 4 % de crecimiento, comportándose las gasolinas con un crecimiento del 104 % y el diesel a un 263%. De 1.49 l diarios por vehículo con licencia operativa expendidos en marzo, hoy el despegue ha sido hasta 5.88 l.

Pero, justo ahora escasean las medidas para proteger a la población y las pérdidas van al bolsillo de los matanceros que ante el deprimido servicio de transporte público –que también sufre afectaciones–, tienen que recurrir a los transportistas privados.

“Se analizaron los precios y se llegó a un consenso que sabemos que no se respeta. En aquel momento se hizo un estudio de conjunto con el Gobierno Provincial y se toparon atendiendo a las distancias, recorridos y tarifas establecidas, manteniéndose casi idénticos”, explicó Manuel Quesada Fernández, a cargo del sector no estatal, en la Dirección Provincial de Transporte.

Dos años antes no se tuvo en cuenta el origen del combustible para fijar los precios, ni tampoco la contradictoria disyuntiva de si la cuenta da o no, defendida por los boteros y que ahora esgrimen como justificación.  Por otro lado, tampoco existen instrumentos legales que permitan inspeccionar esta actividad. “No existe una legislación que ampare la obligatoriedad de portar los comprobantes de venta de combustible. Hace algunos meses hicimos un estudio donde solamente cerca del 28 por ciento de los conductores encuestados lo poseía”, aseguró Quesada Fernández.

El propio directivo explicó que se adoptan medidas —en extremo optimistas— para revertir esta situación. “Intentamos concientizar sobre ese acuerdo. En un segundo momento, de conjunto con la Unidad Estatal de Tráfico organizaremos encuentros en los municipios con los porteadores privados y finalmente deberán actuar los cuerpos de inspección”, agregó el directivo.

En relación con el tope de precios y la actual situación de su aumento, Irán Galbán Pino, vicepresidente del CAP explicó: “Estamos conscientes de que hay que tomar alguna medida tal y como se hizo con el acuerdo vigente, aunque todavía no sabemos cuál será. El experimento de La Habana puede ser un punto de partida”.

A ello se añade la inexistencia de las herramientas legales que sustenten la justificación del combustible. Según la Dirección Provincial de Transporte solamente pueden emprender procesos a través de la denuncia de personas que detecten violaciones de esos precios, de lo contrario resulta imposible dar curso al procedimiento.

“Desde un punto de vista nosotros estamos asumiendo algo que todavía no está aprobado. Esa facultad es de los Consejos de Administración”, aseveró Raúl Ramos Lantigua, director técnico de desarrollo en la Dirección de Transporte.

En lo que ambas partes se ponen de acuerdo, los precios continúan en aumento…

INSPECCIONES, CONTROLES Y SANCIONES SIN RESULTADOS

Dicha situación se debe al propio sistema, al parecer creado para justificar usos de combustible que nunca llegan a emplearse en su actividad primaria. Además del poco énfasis en el control de esta actividad que, de no ser por las regulaciones más recientes y el llamado desde la dirección del país en los últimos meses, tal vez permanecería como siempre.

El propio Ministerio del Transporte de Cuba admitió al diario Granma que el robo de combustible sigue siendo un problema para el sector, que cada año registra considerables pérdidas.

Según Héctor J. Gómez Rodríguez, director de fiscalización de la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía (Onure) en el territorio, ese organismo no ceja en el control. Al cierre de marzo se habían realizado 136 inspecciones a los diferentes organismos de la provincia, arrojando afectaciones superiores a los 84 000 litros de diésel y cerca de 1 700 de gasolina.

“Tenemos varios organismos identificados como deficientes en el uso y control de estos recursos. Tal es el caso de las entidades de AzCuba, el GAE, la Agricultura, el Micons y Cupet que son donde mayores concentraciones se reportan”, explicó Gómez Rodríguez.

A pesar de ello, las justificaciones del uso de combustible no son suficientes y varios organismos permanecen hoy bajo procesos fiscales.

Así solo se afianzan las causas ya conocidas: problemas con los especialistas, falta de seguimiento y desconocimiento de las normas establecidas, que confirman la ineficacia de algunos sistemas de dirección.

Y aunque todo está escrito, al parecer se ignoran las normas contables para el uso de las tarjetas magnéticas, establecidas en la Resolución 60 del Ministerio de Finanzas y Precios; y la Instrucción 5 del Ministerio de Economía y Planificación para regular el proceso; incluso pasan inadvertidas las indicaciones para la planificación y el control del combustible para el esquema del transporte.

“Otras deficiencias detectadas se encuentran en la no utilización de la página web para verificar los saldos y movimientos de las tarjetas, además de que no se establecen revisiones a pesar de entregarles las herramientas. Hay entidades que cuentan con sistema para el control de flotas y tampoco lo utilizan”, agregó Gómez Rodríguez.

La Empresa Provincial de Transporte dispone de 52 bases con control de flotas, popularmente conocido como GPS, las cuales verifican a diario el uso del combustible, seis de ellas en tiempo real, lo que da la opción de chequear al momento dónde se encuentra el vehículo, y de un sistema diferido que posibilita descargar la información de la trayectoria.

Según explica Roberto Bernal Villena, director de Control de Flotas en Matanzas: “Cuando una base entra a este sistema se evalúan los últimos seis meses en cuanto al combustible, las cargas y las transportaciones, indicadores que permiten hacer un análisis de la cantidad de litros según estos indicadores. Mientras que para establecer el índice de consumo real se toman como muestra los últimos dos meses, porque se entiende que en ese periodo el vehículo recorrió lo que habitualmente hace. Se suma todo el uso de combustible contra los kilómetros que caminó”.

Mediante el control de flotas es posible conocer las paradas que se efectúan, la velocidad y el combustible gastado. Todavía más de 3 000 medios que poseen licencia operativa no cuentan con este sistema. Sin embargo, reconoce el directivo que es efectivo para el control.

“Ahora tenemos cinco bases penalizadas (Emcarga, Comunales de Colón y Matanzas, el CAN y el Lácteo de Matanzas), con el retiro del 50 % del combustible por tres meses a los administrativos debido al control ineficiente.

Otra brecha para el desvío resulta las tarjetas magnéticas. Ramos Lantigua explica que “cuando llega la asignación de combustible a la entidad esta lo desglosa en tarjetas según la actividad del mes y por ahí se carga. Pero a través de estas también se pueden violar las normas establecidas y requisitos para su empleo, a veces hasta en coordinación con los propios trabajadores de los servicentros”.

En estos establecimientos también “se juega” con el recurso y no son pocos los mecanismos para ello: “Puede suceder que dejen los datos de las tarjetas asignadas a un servicentro para que después sean descargadas por los mismos pisteros, o también que marquen una cantidad de litros, solamente abastecen una parte y lo otro lo dejan para ser descargado.

“Otro mecanismo se crea cuando pasan la tarjeta y le echan el combustible en la pista a los particulares. La otra vía es la extracción en los tanques y equipos, como aquellos de almacenamiento para grupos electrógenos o de equipos que no pueden ir al servicentro y lo justifican por ahí.

“También están las pipas excepcionales que sirven directamente, en las que hemos detectado vulnerabilidades en la transferencia, porque muchas veces llenan los papeles de manera apurada y al hacer una referencia cruzada se ve que no coinciden”, informó a Girón Gómez Rodríguez.

Está establecido, para las empresas y organismos, la reducción de combustible para los tres meses siguientes a la detección de irregularidades y se certifica a través de la Contraloría. Luego se verifica si realmente se realizó la rebaja. En estos momentos tres entidades no cumplieron con esa indicación, siguieron trabajando y consumiendo.

Las certificaciones de las normas de consumo constituyen otro de los puntos débiles de este sistema de control, pues según confirmaron directivos de la Dirección Provincial de Transporte, al actualizar dichas normas resulta muy complejo establecer cifras exactas, por lo cual se justifica el robo al dejar un margen del 5 % adicional de combustible que termina, muchas veces, en el mercado negro.

¿POR DÓNDE SE ROMPE LA CUERDA?

Si bien pudiera parecer una verdad a gritos el robo de combustible, la certeza se tuerce cuando se trata de probarlo como delito. Aunque por “detrás del telón”, se sabe quiénes lo venden, demostrar de dónde proviene no resulta fácil.

Más claro que el agua está que las principales implicadas son las entidades estatales, pues son a las únicas que se les asigna el combustible, porque el resto solo puede adquirirse mediante la venta liberada.

Pero si tenemos en cuenta que entre el 30 y el 40% del combustible que se le asigna al Estado se entiende que se roba, entonces ¿dónde inicia la cadena?

María Elena Govín Hernández, fiscal del Departamento de Procesos Penales (DPP) en la Fiscalía Provincial (FP) explica que la mayoría de las veces estos hechos se conocen mediante la comprobación económica a las entidades cuando se verifica el control de las tarjetas magnéticas de combustible y el distribuido a cada vehículo, además de lo que tienen en existencia.

“Es la única manera de detectar una malversación o una apropiación indebida que nazca en la propia entidad. La mayoría de los delitos probados son menores como la receptación, descubiertos a partir de personas que compran el combustible para su uso o para lucrar con él, en la calle, de forma ilegal.

“También se dan casos en entidades privadas como las cooperativas que entregan una gran cantidad de combustible a sus trabajadores para labores de riego, acarreo de leche y pienso, y no controlan lo usado, ni sacan la cuenta de lo que se emplea”.

Y esa precisamente es la principal causa del robo: la falta de control de los directivos. “Alegan que en ocasiones les sobra el combustible porque las condiciones por las que se les entrega varían; también se aprovechan de los derrames, del mal estado de los tanques para almacenarlo y de la no realización periódica de los controles por parte de las entidades para verificar si la distribución que hacen es correcta y si los vehículos a los que se le atribuye la emplean como tienen que hacerlo”, analiza.

Otros modus operandi se desprenden de los casos procesados hasta el momento por la Fiscalía. Señala Ventura Grant Sierra, fiscal del DPP en la FP, entre ellos el uso inadecuado de la tarjeta de combustible. “La tarjeta se encuentra asignada a una persona que no aparece en el registro de control, la solicita, y luego, previo acuerdo con otra, retiran el combustible y lo venden.

“También existen los asociados con los suministradores: pipas que se paran en un lugar ya pactado y se aprovechan del porciento de merma o de otras brechas como los procedimientos tecnológicos”.

ATRAPAR Y PROBAR NO ES LO MISMO

En la provincia de Matanzas, hasta el cierre del primer trimestre de este año, se detectaron 21delitos e ilegalidades que guardan relación con la producción y comercialización del combustible.  Las mayores incidencias se concentran en los territorios de Limonar y Unión de Reyes, aunque también se han producido en Jovellanos, Calimete y Matanzas.

“Cuando vamos a las investigaciones y pedimos el GPS o cualquier otro sistema de control, los directivos dicen que esa información se borró porque no tienen incidencias Así manipulan los sistemas de control”, añade Grant Sierra.

De esta forma resulta muy difícil determinar el origen del combustible en circulación, más aun cuando los ppropios directivos no controlan el destino final de la cantidad que asignan.

Entonces casi siempre es atrapado el comprador o el intermediario, y muy pocas veces quien lo roba, lo vende o permite estas ilegalidades.

“Se detectan 10 o 15 l que llevan las personas por la calle o se ocupan en viviendas, que se supone sean para la venta. Como lo adquieren de manera ilícita porque no logran probar su procedencia, tipifican la conducta del delito de receptación”, argumenta Govín Hernández.

En función de los procesos radicados como resultado de las acciones de enfrentamiento realizadas se han ocupado 3 972 l de combus tible (diesel) y hasta el momento se calculan $ 2 999.00 CUP.

Con el propósito de evitar los costosos daños que provocan a la economía nacional estos delitos, el Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General de la República dictaron resoluciones e instrucciones para uniformar en el país el combate penal de estas manifestaciones ilícitas. A estos dos órganos se suma el Ministerio del Interior para, de conjunto, garantizar una política particular de enfrentamiento.