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¿Por qué a pesar de las normas existentes aún subsisten dificultades en la contratación económica?, ¿cómo se logra que el contrato sea un regulador de las relaciones entre los sujetos económicos? ¿Cuáles son las principales manifestaciones que en este sentido se observan en los casos que llegan al Tribunal Supremo Popular?
Buscando respuesta a estas interrogantes, llegaron a la sede del Tribunal Supremo Popular (TSP) en la tarde de este jueves, un grupo de abogados del Ministerio del Comercio Interior que entre múltiples tareas, atienden y asesoran la actividad de contratación.
Bien atentos a la explicación de la presidenta de la Sala de lo Económico Liliana Hernández Díaz, buscaron desde la mirada y experiencia del TSP las principales fisuras que aún subsisten en la contratación económica y que desde sus puestos de trabajo deben evitar para cumplir con el Lineamiento número 5 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución que indica: continuar fortaleciendo el papel del contrato como instrumento esencial de la gestión económica, elevando la exigencia en su cumplimiento entre los actores económicos.
En el encuentro que devino intercambio, se mostraron las malas prácticas que prevalecen y que han sido identificadas por el máximo órgano judicial al tramitar los procesos vinculados al tema. Se retomaron ejemplos que evidencian debilidades en el asesoramiento jurídico, se puso nuevamente la mirada en la falta de exigencia por parte de directivos para hacer cumplir lo pactado y se retomó la necesaria práctica de la capacitación continua para eliminar definidamente las faltas en la contratación económica que daña la salud de las empresas y lastra la economía del país.
El importante encuentro sostenido entre estos especialistas del MINCIN y la presidenta de la Sala de lo Económico del TSP, estuvo precedido por un recorrido donde los visitantes conocieron la sede de la máxima autoridad judicial del país, apreciaron los valores patrimoniales, conocieron la historia de la sede judicial e intercambiaron acerca de los valores institucionales y la manera en que se desempeñan jueces y demás trabajadores para lograr una gestión coherente como servidores públicos y una justicia efectiva como mandata el pueblo.
