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El enfrentamiento al delito y la corrupción, asociados al desvío de combustible y materiales de la construcción constituyen políticas públicas del Estado y el gobierno cubano que inciden directamente en el bienestar de la población.
Resultan cuantiosas las pérdidas económicas accionadas al país debido a la sustracción de combustible. Los actos ilícitos relacionados con este importante rubro están asociados principalmente al incumplimiento de las normativas vigentes de almacenaje, uso, distribución y control.
En el primer trimestre del año, se han procesado por el delito de robo de combustible 12 causas firmes y se han decretado 16 sanciones, trece de las cuales conllevan a la pena de encierro, explicó el presidente del Tribunal Provincial Popular de La Habana, Yojanier Sierra Infante, quien agregó que para juzgar este tipo de delito se deben cumplir las formalidades y garantías procesales en el enjuiciamiento de una persona, “desde los tribunales tenemos que hacer justicia y esta se logra con trasparencia”.
Los municipios detectados con mayor incidencia en el desfalco de combustible son Playa, Marianao, Habana del Este y 10 de Octubre. Entre las entidades estatales involucradas se encuentran la Terminal de Ómnibus Diezmero, La Fortuna, Bahía y la UEB MAP Refinería Ñico López.
Sierra Infante hizo un llamado al enfrentamiento a las ilegalidades e indicó que la mayor cantidad de delitos de este orden están relacionados con el transporte público, “hay una marcada presencia de sustracción de robo de combustible en las terminales de ómnibus y esto impacta en la población de manera negativa”.
El magistrado también alertó a los transportistas particulares (boteros) que en muchas ocasiones no tienen los chips de combustible que justifican su consumo, “en Cuba hay una sola institución que vende el combustible, por lo que todas las personas naturales o jurídicas están obligadas a comprar legalmente el combustible a CUPEC".
Las personas sancionadas por el incumplimiento del Deber de Preservar Bienes en Entidades Económicas, receptación y aprobación indebida serán sancionadas de tres meses a un año de privación de libertad, si la cuantía es menor a 10 mil pesos cubanos. Para aquellos delitos de mayor gravedad la pena se incrementa de 8 a 20 años, indicó Daylin Gozá, presidenta de la Sala Segunda de lo Penal.