Dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular sobre la rendición de cuenta del Tribunal Supremo Popular

Tribunal Supremo Popular
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Rubén Remigio Ferro

La Asamblea Nacional del Poder Popular, el 22 de diciembre de 2021, dispuso que los Tribunales Populares, rindiera cuenta de su gestión en este periodo ordinario de sesiones.

Consecuente con ello, el 7 de febrero del año en curso, al ser notificada dicha decisión, el Presidente del Tribunal Supremo Popular, presentó al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular las estrategias de trabajo a los efectos de asegurar las actividades concebidas para este proceso.

Asimismo, es justo significar que este órgano se ha venido preparando para el ejercicio de control desde el día siguiente a la anterior rendición de cuenta, efectuada en el 2017.

En respuesta al dictamen que, a propuesta de esta Comisión aprobara la Asamblea Nacional en ese momento, el Tribunal Supremo Popular, elaboró un detallado plan de medidas, minuciosamente analizado por todos sus integrantes y el cual devino en permanente instrumento de trabajo para su gestión.

Los vínculos de trabajo entre los diputados y este órgano se han venido fortaleciendo en todos los territorios del país, es cotidiano la participación conjunta en disímiles actividades, todo lo cual nos ha permitido mantenernos permanentemente informados de los resultados alcanzados en su labor.

Es de destacar, el trabajo acometido por los tribunales en estos cinco años de labor que se informan, el esfuerzo desarrollado por los jueces para mantener la vitalidad de sus funciones en estos duros tiempos de la pandemia de Covid-19, así como la decisiva prevención del orden y el respeto a la Ley, al enfrentar y contrarrestar las acciones vandálicas y contrarrevolucionarias del pasado año.

Entre las cuestiones reseñadas en el dictamen anterior, se significó a los Tribunales el no completamiento de su plantilla de jueces y la falta de estabilidad en el personal.

Con relación a ello, se aprecia entre el año 2017 y el primer semestre de 2021, una tendencia favorable a la incorporación de jueces, alcanzándose una correcta simetría en la correlación ingresos-egresos. No obstante, a partir de finales del año 2021 y en el decursar del 2022, se presenta un deterioro en la estabilidad y completamiento del personal de ese órgano.

Los tribunales en el periodo 2017-2021, dieron baja a 331 jueces profesionales y en el semestre enero-junio de este año a 143 solicitudes de renuncias de jueces, por lo que al concluir el mes de junio de 2022, el completamiento de su dotación de jueces es de un 72.4 %, apreciándose las cifras más bajas de esta plantilla en las provincias de Artemisa con un (60.5%), Ciego de Ávila (63.15%), La Habana (65 %), las Tunas (66.23%) y Cienfuegos (66.6 %).

Como causas de esta situación se invocan las razones siguientes:

  • Necesidad de atender problemas personales.
  • Acceder a otros organismos que les remuneran con un mejor salario.
  • Interés por incursionar en otro ejercicio profesional.

Ante esta situación la dirección de los Tribunales ha adoptado un conjunto de medidas, pero sus resultados no expresan la eficacia suficiente para revertirla, pues se requiere de otras acciones que rebasan sus posibilidades.

Otro aspecto sobre el cual se pronunció la Asamblea Nacional en el año 2017 con relación a este órgano, es el referido a la calidad del trabajo. En tal sentido se aprecia en este período una consolidación y avance en la función judicial, logrando definir con precisión los indicadores esenciales que determinan la calidad en el ejercicio de su labor, implementando métodos y acciones de verificación y monitoreo sistemático al estado de cumplimiento de los mismos, lo que les ha permitido una reacción oportuna ante las dificultades que detectan.

No obstante, aún se aprecian en determinados casos, retrasos en la tramitación y solución de algunos asuntos, así como demoras por insuficiente atención y control de jueces y secretarios.

Otro aspecto señalado en la rendición de cuenta anterior, fue lo relativo a las estructuras y procedimientos de los tribunales, lo cual tuvo solución con la aprobación de una nueva Ley de Tribunales de Justicia.

Otro tema que interesó esta Asamblea Nacional a los Tribunales fue la información sobre el estado de la calidad de los procesos penales, lo que también se indicaba en las  recomendaciones aprobadas en el dictamen del 2017.

Al respecto hay que significar que los Tribunales han adoptado un sistema de trabajo de concentración del personal más calificado y de mayor experiencia en las distintas materias que conoce, lo que le ha permitido desarrollar una labor en ascenso en los asuntos que se les someten.

Del mismo modo, han fortalecido las actividades de asesoramiento e inspección desde las instancias superiores a las inferiores, logrando además vincular en la tramitación de casos a los magistrados en las instancias provinciales, lo que redunda en la actualización y preparación técnica de los mismos.

No obstante, del informe se aprecia que en el período 2017 a 2021 fue necesario rectificar y modificar 384 sentencias firmes en procesos de revisión acogidos con lugar por los tribunales, lo que si bien obedece, en algunos casos, a la presencia de nuevos elementos aportados por los promoventes, en otros, se debe a decisiones desacertadas, aspectos que indican que se debe continuar profundizando en la calidad del material probatorio y el cumplimiento de  las normas procesales de los asuntos que conocen en materia penal.

Aun cuando en el informe que se dictamina no se hace alusión a ello, la Comisión considera oportuno destacar e interesar se reconozca por esta Asamblea el tesonero trabajo de iniciativa legislativa, que en cumplimiento de nuestro cronograma legislativo, viene desarrollando el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.

Teniendo en cuenta lo apreciado por los diputados en sus intercambios con jueces y fiscales, así como lo señalado en el informe presentado por el Tribunal Supremo Popular, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos propone realizar las recomendaciones  siguientes:

  1. Continuar trabajando en todas las acciones que permitan incrementar el completamiento y la estabilidad de jueces y personal técnico.
  2. Garantizar la debida tramitación en tiempo y con la calidad requerida de  los asuntos sometidos a su conocimiento.
  3. Prestar especial atención y asesoramiento a sus instancias municipales, teniendo en cuenta que con las nuevas legislaciones aprobadas, se derivan la mayor cantidad de asuntos a los tribunales municipales y es allí donde se concentran los jueces más jóvenes y con menos experiencia en su gestión.
  4. Brindar permanente atención y estudio a las estructuras adoptadas para el ejercicio de la administración de justicia y realizar con la debida prontitud, aquellas correcciones que se requieran en interés del mejor desempeño de su gestión y velar en todo momento por el correcto acceso del pueblo a los tribunales.
  5. Fortalecer las acciones de capacitación y entrenamiento de sus efectivos.
  6. Desarrollar una permanente actividad de comunicación institucional que permita a la población el conocimiento de las nuevas leyes aprobadas como garantía al  ejercicio de los derechos en ellas consignados.

La Comisión considera pertinente recomendar a los gobiernos provinciales y las asambleas municipales del Poder Popular prestar la debida atención a los Tribunales de sus territorios, y que se retome en lo posible, el programa de atención integral a los jueces.

Del mismo modo, es oportuno que esta Asamblea Nacional, felicite y reconozca la labor de los jueces y demás trabajadores del sistema judicial, compañeros modestos, humildes, honrados, con plena conciencia política de sus funciones y de su trabajo, plenamente identificados con el pueblo y su Revolución, que desde la trinchera del ejercicio del derecho revolucionario y de defensa de nuestra legalidad socialista cada día honran a la nación, porque como dijera Martí: “…. solo obedeciendo estrictamente a la justicia se honra a la patria”.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos considera, que el trabajo realizado por los tribunales populares de justicia se ha  desarrollado en correspondencia con las recomendaciones que se formularon en diciembre de 2017 por la Asamblea Nacional, así como que el informe de rendición de cuenta presentado por el Tribunal Supremo Popular refleja objetivamente la gestión desempeñada en estos 5 años de labor y cumple con los requerimientos que la Asamblea Nacional les expusiera el pasado 22 de diciembre de 2021 y consecuente con ello, esta Comisión interesa de ustedes su aprobación.

                           La Habana, 21 de julio de 2022

Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos

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