Combustible en Cuba: La pregunta del millón

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Combustible en Cuba: La pregunta del millón

5 de Agosto 2019
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“En los 'servis' el petróleo está muy caro, si lo compro legalmente tengo que subir el pasaje porque no me da la cuenta. ¿Usted me entiende, periodista? Me mantengo en esto porque sé dónde puedo comprar más barato”, comentó el joven del almendrón cuya identidad nos comprometimos a no revelar, poco antes de salir a dar una carrera. Como él, había cerca de una decena más allí. Su caso no es una excepción.

¿Acaso vemos como normal la venta ilegal de combustible en Cuba, tanto de diésel como de gasolina? No lo parece, sobre todo cuando fue calificado de inadmisible por el presidente Díaz-Canel. Inadmisible y todo, el fenómeno se mantiene —para conveniencia tanto del que oferta como del que demanda— ante los elevados precios de la red de servicentros. Este es un comercio basado en el desvío de recursos destinado a otros fines, como el transporte, la producción de alimentos y otros.

En Cuba existen unos 16 000 transportistas alternativos que se dedican al traslado de pasajeros y cargas, pues el Estado no puede responsabilizarse del 100 %. Ellos debieran adquirir en los servicentros a precio minorista el combustible para moverse (que en el caso del diésel es de 1.00 CUC por litro). Mas queda para la teoría; en la práctica parecen tener otras ofertas.

OFERTA

Según varios indicios, la compra-venta ilegal se mantiene. Mas, ¿de dónde sale?, nos preguntamos sobre todo en tiempos en los que cada vez hay menos, a partir de los recortes que se aplican al sector estatal. Dicho en cifras, al cierre de mayo se habían vendido a ese segmento unos 988 000 litros de combustible menos que en igual período del 2018 –147 600 de gasolina y 840 400 de diésel.

Según Miguel Catalá Borges, contralor jefe en la provincia, en el primer trimestre del 2019 se realizaron controles a tres entidades sobre este tema, dos salieron con resultados aceptables y una deficiente. En esta última, además del descontrol en papeles, se desconocía el destino de más de 3 000 litros de combustible, de ellos casi 1 900 de diésel, con un importe de 1 435 pesos.

Ya con sentencia firme del Tribunal, un ejemplo prende las alarmas: más de 500 litros de gasolina fueron robados de una entidad nuevitera. Esta no es la única muestra, en otro territorio también se desconoce el destino de 600 litros de diésel que debieron ser utilizados en labores agrícolas. Por separado pudieran parecer cifras insignificantes, pero téngase en consideración que son solo dos de ocho casos radicados por los tribunales camagüeyanos, en los que no cuentan los que trabaja el Ministerio del Interior y a los que no se tuvo acceso.

Sin que se convierta en campaña y mucho menos en una cacería de brujas, sin irrespetar las garantías, hay una política judicial de rigor con estos casos. “Existe el control estricto de todos los que se han radicado en el año. Se les está dando seguimiento, no solo por los jueces ponentes, también por la dirección del Tribunal, en cualquiera de las modalidades delictivas, respecto a la temática de las pruebas y, sobre todo, conocer las vulnerabilidades que dieron origen al delito. Las principales tipicidades delictivas son apropiación indebida, robo con fuerza, receptación y hurto, sobre todo con el diésel”, explicó Belsaida Pérez Rodríguez, vicepresidenta del Tribunal Provincial.

En un país que invierte en un año en la compra de combustible más de 3 000 millones de dólares, y no tenemos para estar regalando, resulta intolerable el escape al mercado negro, donde algunos con mayor discreción y otros “a la cara”, hacen el pan con lo que no les pertenece. Según estimados, en Cuba se desvía el 8 % del combustible que entra. Duele, sobre todo cuando se conoce que solo producimos el 40 % del que se consume.

Durante un tiempo resolvían los envíos de crudo venezolano, que llegaron a alcanzar los 110 000 barriles diarios, pero esta cifra se ha reducido a la mitad en los últimos años. El país ha tenido que buscar nuevos proveedores, principalmente Rusia y Argelia, a los que hay que pagarles según los precios del mercado internacional.

Roberto Escalona Durán, director de fiscalización de la Oficina Nacional de Uso Racional de la Energía (Onure), explicó que entre las violaciones más detectadas en las inspecciones —planificadas o no— está la ausencia al dorso del comprobante que emite el POS de nombre y firma del chofer, así como la chapa del vehículo que habilitó. Cuando no se declaran esos datos, que exigen la Instrucción 5 del Ministerio de Economía y Planificación y la Resolución 152 del Ministerio de Energía y Minas, se considera combustible sin justificar.

“Encontramos falta del autocontrol sistemático: parece algo muy difícil en muchas instituciones contrastar el comprobante de consumo con la hoja de ruta; se manipulan estas, pues no se corresponde la cantidad de kilómetros con el recorrido que se declara, y lo que es peor, no coincide el recorrido con el servicentro donde se habilitó. Tampoco tienen siempre la tarjeta personalizada por vehículo”, explicó Escalona Durán. En el primer trimestre salieron deficientes ocho entidades camagüeyanas, a las que se sumaron tres que no justificaron el combustible, y de esas solo una se preocupó luego por hacerlo.

PREGUNTA QUE VALE MILLONES

El combustible en los ‘servis’ está caro y tal pareciera que se inventó en Camagüey una fórmula alternativa para hacer caminar los 390 carros autorizados al trabajo por cuenta propia que utilizan diésel.

Los niveles de venta de gasolina en efectivo en el 2018 se mantuvieron estables y crecieron respecto a otros años más de ocho millones de litros; sin embargo, ello contrasta con los 65 618 litros de petróleo que se vendieron en efectivo en igual período. Dicha cifra da un promedio de 180 litros diarios, los cuales, divididos entre 390 vehículos que legalmente no tienen otra forma de adquirirlo, resultan en un risible 0.46 litros diarios. Entonces cabe preguntarse, ¿con qué caminan, con agua?

Este año, a partir de los recortes en las cuotas de asignaciones estatales y mayores medidas de control, el promedio diario ascendía, al cierre de mayo, a 504 litros. No obstante, sigue siendo increíble el promedio de litros por autorizados al TCP: 1.25 litros. Los cálculos dan una sola explicación, a pesar de que las ventas en efectivo han aumentado, todavía hay una fuga bastante grande, enfatizó Escalona Durán, director de fiscalización de la Onure, “mas cuando se estima que el consumo promedio en el día oscila entre 30 y 40 litros cada uno”.

¿Y entonces, cómo se mueven? La realidad apunta a que la sustracción ilegal de combustibles de las empresas continúa desde hace años. Las medidas más drásticas, desde la ubicación de trabajadores sociales en los servicentros, un amplio proceso de reordenamiento, la informatización del proceso hasta recortes en las cuotas, no han dado resultado.

No puede ser que con varios grupos de inspectores dedicados al transporte, ninguno tenga dentro de sus objetivos chequear la legalidad del combustible con que se mueven. No es tan difícil que si se realiza una inspección de rutina en un viaje a cualquiera de los municipios se incluya pedir el comprobante que justifique esa compra. Hay que pasar ya de las medidas y las políticas a un modo más efectivo de control.

CONTROLAR ¿PALABRA CLAVE?

Si bien algunos piensan que no es en los servicentros el lugar donde se controla este fenómeno, por ser multifactorial, sí desempeñan un rol en el cumplimiento estricto de lo normado. En ese sentido la Instrucción No. 5/2015 del Ministerio de Economía y Planificación es clara, desde el 28 de octubre del 2015 solo se permite una venta máxima de 20 litros de combustible en recipientes que ofrezcan seguridad, no presenten salideros y posean tapa hermética. Cuando el producto que se requiera sea diésel, se podrá incrementar la venta hasta 208 litros con una autorización del Vicepresidente del Consejo de la Administración Municipal que atiende los portadores energéticos.

Durante el primer trimestre del año se hicieron varias inspecciones de la Onure, una de ellas fue en la Empresa de Ferrocarriles Centro Este de Camagüey. Durante la revisión y solicitud de documentos se constató que no existían los planes de medidas para solucionar las deficiencias, los trenes de carga, patio y servicio no tenían registros de hojas de ruta, estas no estaban foliadas y tampoco contaban con la firma de la persona encargada de habilitar. El procedimiento de sistema de control de flota de GPS era insuficiente, pues no se realizaba el análisis con su resultado. En una Empresa que mueve en un mes más de 262 000 litros de combustible se deben extremar las medidas, sobre todo cuando hay locomotoras que salen hasta con 5 000 litros en una tarjeta.

Los niveles de consumo varían de acuerdo con la carga, explicó Eduardo Guerra Vázquez, director adjunto para Camagüey de la Empresa de Ferrocarriles Centro-Este, “por cantidad de coches y variables del terreno, lo que hace muy difícil el cálculo. Hay que apelar a la conciencia y elevar los mecanismos de control. A partir del monitoreo por GPS, en lo que si se detiene el tren se sabe, aprendieron hasta a sacarle el combustible con el tren circulando, además de que algunos técnicos energéticos se van por los bajos salarios. No obstante se ha enfrentado con más rigor el robo y este año varias tripulaciones han tenido que responder”.

Azcuba es otra de las cinco entidades que más petróleo consume en Camagüey. Incluso, hay un mito de que en zafra se vende menos combustible en efectivo, sobre todo en aquellos territorios con centrales azucareros. Melba García González, directora adjunta de la Empresa Azucarera en la provincia, comentó que desde el 2009 el entonces Ministerio aprobó la Política Diésel para un mejor control de ese recurso.

“Son cuatro bloques: caña, zafra, combustible agropecuario y combustible administrativo. Ocho millones de litros es una cifra considerable, y por tanto cada empresa tiene un grupo de inspección que cuenta entre sus misiones ese control. Se le presta especial atención a que los equipos estén regulados y no exista deterioro en los índices de consumo. Este año nos jugó una mala pasada las condiciones del terreno y que hubo que trasladarse a grandes distancias para cortar caña. Martes, jueves y sábados funciona un consejo energético, donde se analiza el consumo y se monitorean las tarjetas mediante la web de Fincimex, porque el autocontrol es fundamental”.

Adelante intercambió también con directivos de la Empresa Provincial de Transporte y Tranzmec, dos caras de una misma moneda, una con problemas como la no personalización de las tarjetas y la otra, a pesar de utilizar grandes volúmenes de combustible muestra que cuando hay control y autocontrol efectivos disminuyen los riesgos.

De las doce medidas para el enfrentamiento al robo de combustibles se aplican en la provincia ocho. Con sus detractores, una de las más efectivas es personalizar las tarjetas magnéticas por vehículo y responsable, de manera que el control llegue hasta el consumidor final. Otra es establecer un sistema de chequeo que involucre a la Onure, la Policía Técnico Investigativa y el Ministerio de Energía y Minas. Entre enero y mayo se realizaron 403 acciones de control a las entidades más consumidoras de combustible, según informe presentado en el Consejo de la Administración Provincial.

El país no aguanta más desangre por ese concepto, pero la oferta y la demanda underground de gasolina y diésel sigue. No basta ahora una cruzada, pues está demostrado que las campañas son contraproducentes. La venta mediante tarjetas magnéticas y con precios diferenciados a porteadores privados, lleva varios años en estudio, pero en la concreta nada. Resolverlo sería una manera de encontrar la respuesta a la pregunta del millón.

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Infografía tomada de http://www.adelante.cu

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