La calidad de la actividad judicial es fundamental para fortalecer la confianza y la seguridad jurídica del pueblo. En Cuba, los tribunales populares tienen el mandato constitucional de impartir justicia desde una perspectiva esencialmente popular, actuando como servidores públicos leales y comprometidos. Por ello, el Sistema de Tribunales Populares prioriza el seguimiento y mejora continua de esta temática, estableciendo como el primero de los objetivos estratégicos hasta el 2030 “Consolidar la implementación de los preceptos constitucionales y el contenido de las leyes vigentes, en la impartición de justicia, con elevados niveles de calidad” y como primer objetivo de trabajo para el presente año “Mejorar los resultados en los indicadores de calidad de la actividad judicial, reduciendo sustancialmente las dilaciones injustificadas en la tramitación y solución de los asuntos y los errores y deficiencias en la confección de las resoluciones judiciales.” Este enfoque busca orientar los esfuerzos hacia la satisfacción de todos los participantes en los procesos judiciales, garantizando un servicio eficiente y transparente.
Esta prioridad está en plena sintonía con el contexto actual del país, que promueve una actitud digna, honesta y comprometida en todas las esferas. La gestión de la calidad se presenta como la única vía para responder a las necesidades, tanto implícitas como explícitas, de quienes acuden al sistema judicial en busca de justicia. Así, se refuerza el compromiso de los tribunales con la excelencia en su labor, asegurando un servicio que cumpla con las expectativas de la sociedad y contribuya al fortalecimiento del Estado de derecho.
La Política de calidad del Sistema de Tribunales, fue aprobada por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en sesión celebrada el 25 de enero de 2016:
La función de impartir justicia conferida al Sistema de Tribunales Populares se orienta a la satisfacción de los justiciables y de otros intervinientes en los procesos judiciales, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las leyes, lo que obliga a fortalecer la concepción de la gestión de la calidad y a revisar permanentemente los mecanismos de supervisión y control.
Como eje transversal, la gestión de la calidad se propone el mejoramiento continuo de la organización, estructura y funcionamiento de los tribunales de justicia del país, enfocada en garantizar la actividad jurisdiccional, mediante la definición, integración e interrelación de todos los procesos internos, incluidos los de apoyo y de control que aseguran su desarrollo, y la cooperación con otros actores implicados.
La interiorización de la cultura de la calidad en el Sistema de Tribunales Populares, la toma de conciencia del entorno interno y externo, la prevención de los riesgos y el aprendizaje constante, son presupuestos imprescindibles para el cumplimiento de la misión institucional, que garantiza la confianza de la población en la labor de los tribunales, para lo que cuenta con una dirección y recursos humanos comprometidos, dotados de aptitud, responsabilidad, motivación, sensibilidad y actitud transformadora.
La calidad se gestiona a partir de la combinación de acciones claves: planificar, hacer, verificar y actuar para la mejora, sustentada en el cumplimiento de los requisitos de normas nacionales e internacionales, que buscan estandarizar buenas prácticas, procedimientos internos y parámetros de verificación de la actividad judicial, con una metodología propia y mediante el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación.
Los valores que sustentan y garantizan la tutela judicial efectiva se expresan en: Desempeño diligente en la tramitación de procesos y en la adopción de las decisiones judiciales; transparencia, respeto y cumplimiento estricto de las garantías y derechos de las partes y de todos los intervinientes en los asuntos judiciales; adopción de decisiones acertadas, comprensibles, debidamente fundamentadas y argumentadas desde el punto de vista legal, caracterizadas por su racionalidad y sentido de lo justo; cumplimiento efectivo y oportuno de las decisiones judiciales firmes; y comportamiento ético de jueces, secretarios judiciales y demás trabajadores en el desempeño de sus funciones y en su vida personal y familiar.